Semanas intentando proyectar la imagen del inicio del juicio a la democracia, la Causa especial 20907/2017. Imaginando cómo sería volver a ver a los líderes independentistas 484 días después, secuestrados por el castigo ignominioso de una prisión preventiva injusta y dilatada. Cómo sería la imagen del altar con los siete justicieros inmaculados de toga y maza. Cómo sería la escenografía y el telón al inicio de la función en el Gran Teatro del Tribunal Supremo. Cómo entender con racionalidad cómo han sido capaces de traernos hasta aquí.

Cobardes pseudodemócratas, imagen del nacionalismo español rancio que han renunciado a resolver con diálogo y política el conflicto entre Catalunya y el Estado. Políticos que custodiaban el estandarte del régimen del 78, que violan, con ensañamiento y premeditación, el estado de derecho para dejar paso a los mercenarios feligreses de la parroquia del patriota imperialista Carlos Lesmes y los discípulos Pablo Llarena y Manuel Marchena. Un régimen que no puede y no quiere reconocer lo inevitable. La venda en los ojos que les impide entender la obviedad de la emancipación nacional del pueblo de Catalunya.

Con estas palabras sólo intento proyectar lo que siento, lo que seguro que sienten centenares de miles de personas en este país cuando, con incredulidad, intentan comprender tal castigo y revancha. Afrontamos con indignación la judicialización de un proceso político. Una causa que marcará un antes y un después sobre el derecho a la autodeterminación.

Cautivados observábamos a través del plasma el inicio del juicio político, el juicio más relevante de la historia de la democracia española. En el centro de la sala, los 12 inocentes que, desde el banquillo de los acusados, escuchaban las peticiones de la Abogacía del Estado por unos delitos que las justicias modernas y homologadas a derecho (como la belga o la alemana) ya han dicho que no existen, que son falsos, que todo es una parodia judicial.

Centenares de medios acreditados para retransmitir un juicio que ha negado el acceso a los observadores internacionales. Un despliegue sin precedentes que permite seguir la vista oral en directo, gracias al ingente trabajo de los profesionales periodistas de diarios, digitales, radios... y sobre todo, gracias a la radio y a la televisión pública de Catalunya, Catalunya Ràdio y TV3.

Es la imagen del nacionalismo español rancio que ha renunciado a resolver con diálogo y política el conflicto entre Catalunya y el Estado

El doble juicio que también juzgará la calidad democrática del estado español. Una sentencia que será revisada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Una sentencia que evidenciará la mala reputación de la justicia española y la evidencia de que el estado español no es un estado democrático. Una justicia que ya ha sido condenada por vulneración de derechos fundamentales, por estar viciada, por ser parcial y partidista. Varias sentencias del TDEH así lo certifican. Una justicia española sin ningún tipo de independencia judicial, una falacia, una farsa, la comparsa de la chirigota de la ultraderecha española con tics de franquismo casposo. La equiparación definitiva de España con Turquía.

Yo no me veo capaz de afirmar que este juicio será justo, sencillamente no me lo creo. Desde el inicio de la instrucción se han vulnerado derechos fundamentales. Se ha manipulado el relato para justificar la violencia y los tumultos. Se ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho al juez predeterminado por la ley. Se han tramitado causas paralelas entre jurisdicciones y se han realizado investigaciones extraprocesales con el objetivo de generar desigualdades y la indefensión de los acusados. Y se ha mentido y prevaricado con la confección de atestados policiales más típicos de la policía franquista que de una policía democrática. Un juicio que no tiene nada que ver con la justicia. No es un juicio, es un acto de revancha.

Y no es una barbaridad pensar que la sentencia esté prácticamente redactada. Estoy seguro de que con el intento de blanquear el ADN franquista de los jueces y tribunales serán capaces de desdecir a la Fiscalía del Estado y hacer caer el delito de rebelión. Pero la maquinaria del mal y el escarnio continuará con rumbo fijo para imputar los delitos de sedición, desobediencia, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos. Retar al Estado tiene este precio.

Una independencia judicial que deja de existir en el momento que la Fiscalía del Estado baila al compás de Vox, un partido fascista, xenófobo y de ultraderecha que aprovechará el papel de acusación particular para hacer campaña. Y una Abogacía del Estado cobarde y acomplejada que pide 117 años de prisión para los encausados ―702 años que pide Vox―. La fiscalía y la Abogacía del Estado sentadas al lado de Vox, el trifachismo y compiyoguismo punzante.

Una cosa tenemos que tener clara, la judicialización de la política no traerá la solución al conflicto

Un juicio que será largo e incierto. Después de las cuestiones previas de ayer y hoy, mañana jueves podremos ver las primeras declaraciones de los acusados. Veremos cuáles son las estrategias a seguir por las defensas durante la vista oral y, seguro, veremos la dignidad y fortaleza que ejercerán los inocentes. Mujeres y hombres determinados para poner ante el espejo al Estado y para decir muy alto y muy fuerte que las urnas y la democracia nunca pueden ser un delito.

Ha quedado clara cuál es la opinión de expertos eméritos, como el catedrático de derecho constitucional y unos de los redactores del delito de rebelión el año 1995, Diego López Carrillo. Quien incluyó el concepto de "violencia manifiesta" en la descripción de este delito que "tenía que ser masiva y generar un estrépito insurreccional, como fue el 23-F con tanques en la calle y el Congreso tomado por las armas". O las palabras del fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien afirma que la jurisprudencia ya ha dejado clara "la necesidad de armas para que la violencia sea efectiva al delito de rebelión".

El pueblo de Catalunya culminará el proceso de emancipación hacia la independencia, un movimiento que no tiene freno. Un procés que llevará más tiempo del esperado y alguna piedra más en el camino, como es el peaje a pagar ahora en el Tribunal Supremo. Sin confundir el cómo nos gustaría llegar con lo inmediatamente posible. Y una cosa tenemos que tener clara, la judicialización de la política no traerá la solución al conflicto. Los jueces y tribunales sentencian, no aportan soluciones.

Como decía Gandhi: "Cuando alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía lo puede dominar".

Y mientras tanto, Pedro Sánchez, a su aire. El viernes aprobarán, definitivamente, la exhumación de Franco, el asesino genocida que nunca fue juzgado por el estado español por los crímenes cometidos contra lesa humanidad. Esta es la huella de la justicia española que, a buen seguro, veremos durante el juicio.