El momento es grave y pide el máximo espíritu de solidaridad y franqueza. Compromiso y colaboración entre todas las instituciones y agentes políticos y sociales. Exactamente lo contrario de lo que hemos visto hacer en este penoso episodio en la Diputación de Barcelona, destino de recursos en función del color político (con publicidad de la hazaña incluida) y de silencio de todos los actores que forman esta singular coalición que gobierna la tercera institución del país, si no es la segunda, para cerca de tres millones de catalanes.
No sólo no se han disculpado, sino que ha parecido que querían silenciar el grave desliz con una ofensiva de alcaldes del Baix Llobregat, todos del mismo color político en este caso, exigiendo al Govern de la Generalitat —y en particular al president Torra— que lidere. Hay que tener la cara muy dura para hacer una carta de estas características después de haber fardado públicamente de utilizar recursos, en l'Hospitalet de Llobregat, con criterios partidistas. Más cuando allí gobiernan conjuntamente con el partido del president Torra. Un día alguien nos tendrá que explicar, con valentía, qué hay detrás de este pacto —ejecutado con nocturnidad y alevosía— y por qué motivo el mundo postconvergente hace el papel de comparsa.
Pero si todo ello no es un ejercicio político lo bastante triste, que tendría que avergonzar a sus protagonistas, un grupo de alcaldes del Baix Llobregat del PSC aprovechan la ocasión para dirigir una carta pública (el detalle no es menor) al president la Generalitat con un espíritu todavía más partidista: exigir que lidere, señalándolo en medio de la tragedia. Y lo hacen obviando que ha sido precisamente el PSOE quien ha decidido tomar todas las competencias autonómicas, centralizar todos los recursos y liquidar las ya migradas competencias como método para enfrentarse a esta terrible crisis, humanitaria y económica, que está provocando la pandemia. Es quizás el ejercicio partidista más descarado que hemos vivido hasta la fecha y más distando de toda vocación de cooperación y solidaridad.
Si estos alcaldes del PSC quieren ayudar de verdad a sus ciudadanos y al conjunto del país a salir adelante, tienen que actuar como verdaderos servidores públicos y olvidarse del color de sus carnés de partido
El atronador silencio del mundo postconvergente ante lo que se puede calificar como un desleal ataque desde el PSC al Govern de la Generalitat se puede deber a motivos de conveniencia, no sea que levantar la voz pudiera poner en riesgo sus posiciones de gobierno en consejos comarcales y Diputación de Barcelona, porque quien calla, otorga.
Así lo expresaba un concejal del Ayuntamiento de Esparraguera, Alfons Puche, quien calificaba de actuar con partidismo a este grupo de alcaldes al omitir la dirección centralizada del gobierno de España ante la crisis. Una ofensa a la inteligencia y tratar de idiotas a los ciudadanos. Y, es más, cuando algunos de los alcaldes firmantes no tienen ningún tipo de infraestructura en sus municipios para ayudar a hacer fuente a la pandemia: ni hospitales, ni CUAP, ni hoteles... un auténtico brindis al sol desvergonzado.
Este grupo de alcaldes de partido tendría que tomar ejemplo de la actitud que han exhibido la consellera Alba Vergés y la alcaldesa Ada Colau, proyectando una imagen de coordinación y cooperación para plantar cara a la crisis, no señalándose ni recurriendo a cartas públicas, ni utilizando mezquinamente la crisis para hacer política.
Si estos alcaldes del PSC quieren ayudar de verdad a sus ciudadanos y al conjunto del país a salir adelante, tienen que actuar como verdaderos servidores públicos y olvidarse del color de sus carnés de partido. Y lo primero que tendrían que hacer es exigir al Gobierno la derogación de la ley Montoro que obliga a sus ayuntamientos a priorizar el pago a los bancos, los mismos que fueron rescatados con los ahorros de la ciudadanía, para destinar todos estos recursos a la emergencia social y económica que ha sembrado el coronavirus. Ayudar, precisamente, al conjunto de sus vecinos a afrontar el drama con las mejores condiciones posibles. Este sí que sería un buen servicio al país, ayudaría al Govern de la Generalitat y priorizaría una imperiosa necesidad ciudadana, aunque eso signifique forzar el Gobierno a tomar una decisión que mantienen tozudamente caiga quien caiga.