La aplicación del artículo 155 supuso el cierre del Diplocat y todas las delegaciones catalanas en el exterior. La idea del ejecutivo español era muy concreta: torpedear por tierra, mar y aire la acción catalana en el exterior; cortar de cuajo cualquier información o posicionamiento que oliera al proceso de autodeterminación que reclamaba Catalunya. Esconder a cualquier precio la violencia institucional del Gobierno con un ejército de diplomáticos adoctrinados. Intentar equilibrar lo que las televisiones de medio mundo mostraban: las porras y la violencia policial contra unos ciudadanos europeos que lo único que querían era votar.

El último conseller que ejerció la acción catalana en el exterior hoy está encerrado entre rejas, Raül Romeva. Tomar el relevo del conseller Romeva no era nada fácil, pero Alfred Bosch, actual conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, está realizando una tarea excelente. La reapertura de las delegaciones catalanas es una realidad a pesar de las campañas difamatorias de España Global, el "ministerio de la propaganda" del gobierno Sánchez. La acción catalana en el exterior en pleno funcionamiento para denunciar por todo el mundo la fragilidad de la democracia española, la que acepta tener presos políticos y la que vulnera derechos y persigue las libertades.

El fracaso de la política española es una realidad. En cuatro años, cuatro veces hemos pasado por las urnas en un país que contradice lo que se ejerce en la mayoría de democracias, el diálogo como solución para un conflicto. Sentarse y hablar, la base para resolver algo con desacuerdo, aquí es visto como una herejía. Explicar por todo el mundo que la estabilidad institucional y económica que desea España pasa por encontrar una solución política para Catalunya.

Son varias las voces internacionales que han puesto el grito al cielo y que han denunciado el escarnio judicial contra el independentismo. International Trial Watch concluía que durante el juicio del procés se vulneraron derechos y que el juicio tampoco tuvo las suficientes garantías. Amnistía Internacional calificaba la sentencia de desproporcionada, excesiva, restrictiva, imprecisa, peligrosa y denunciaba que el encarcelamiento de los Jordis representaba una amenaza a los derechos de la libertad de expresión y la reunión pacífica. E incluso el Consejo de Europa ha reprochado en España que no ponga remedio a la politización del sistema judicial.

En este contexto, la acción exterior del gobierno catalán sigue pisando el acelerador: "En los Estados Unidos hay una gran sensibilidad por la situación de Catalunya", así se expresaba el conseller Bosch delante del Capitolio de Washington D.C., la sede del Congreso de los Estados Unidos. El último viaje oficial del conseller Bosch en los EE.UU. ha inquietado a la diplomacia española. Y es que durante el último año el conseller de Exteriors de la Generalitat ha hecho más de 30 viajes oficiales a 15 países diferentes, donde ha conseguido pronunciamientos importantes a favor de la causa catalana, desde los expresidentes de Croacia y Eslovenia a varios diputados de Westminster o del Bundestag o hasta el reconocimiento político de México y Uruguay.

En una Europa donde Salvini, Le Pen u Orbán son una amenaza constante, la acción para externalizar e internacionalizar el conflicto político entre Catalunya y España es fundamental

Y todo eso en un contexto extremadamente difícil. El Gobierno dedica la diplomacia española mediante las embajadas a boicotear la acción exterior catalana. Lo vimos con el Borrell Gate donde se destapó que la diplomacia española espiaba al conseller Bosch o a los delegados del Govern en el exterior. Y hemos tenido más muestras cuando a finales de octubre se hacía público que la embajada de España en Washington contrató una asesoría para mejorar su imagen en los Estados Unidos.

Sin embargo, La Moncloa parece que ha podido colocar al hombre perfecto para rebatirlo, el execrable Pepito Borrell. Al polémico exministro de Asuntos Exteriores español no le han pesado nada sus constantes polémicas para ser escogido como el máximo representante de la diplomacia europea.

Para quien no lo recuerde, Josep Borrell fue sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el uso de información privilegiada en la venta de acciones cuando era miembro del consejo de administración de Abengoa, justo antes de que estas se desplomaran en la bolsa. El mismo que banalizó el genocidio indígena cuando en una conferencia afirmó que "los americanos sólo mataron a cuatro indios". O lo que ocasionó un grave incidente con la diplomacia rusa cuando afirmó que "Rusia era una amenaza para Europa". Un personaje único transformado en el capo de la diplomacia europea y que no dudó en interrumpir una entrevista en la televisión alemana Deutsche Welle cuando le preguntaron sobre la autodeterminación de Catalunya. Y el mismo que calificó el movimiento independentista como "totalitario" o que tenía mucho que ver con el desencadenamiento de la Guerra Civil, calificándolo de "un golpe de estado de un régimen neodictatorial". Ya lo ven, la diplomacia de Europa, en las mejores manos.

Alfred Bosch y Josep Borrell son catalanes pero no se parecen en nada en la manera de trabajar la acción exterior. Mientras a Borrell se lo recuerda por su legado de incendios diplomáticos, Bosch cautiva con un discurso simple y muy comprensible basado en la democracia, los derechos fundamentales y la libertad, un mensaje que se entiende muy bien a fuera. Los mismos actores internacionales reconocen en Bosch esta capacidad de seducción y de convencimiento. Un buen ejemplo de eso es lo que manifestó el presentador del HardTalk de la BBC, Stephen Sackur, cuando reconoció fuera de antena que había tenido pocos entrevistados con tanto nivel.

El viaje de Bosch a Washington ha despertado la ira de La Moncloa. El Gobierno no ha podido evitar la conferencia de Bosch en la Johns Hopkins University o el seminario en Georgetown ―de la que el rey Felipe VI es alumno―. Tampoco ha podido evitar que Bosch se haya reunido con congresistas demócratas y republicanos o con el think-tank de la capital americana, un país que es referente en la lucha por los derechos civiles.

Durante la comparecencia a los medios, el conseller de Acció Exterior ha explicado que en una democracia moderna el diálogo es visto como instrumento fundamental con el fin de solucionar un problema político. Y ha insistido en que los derechos de los ciudadanos son un derecho incuestionable en los Estados Unidos, donde la lucha por los derechos civiles es considerada de primera importancia. Unas palabras que no han pasado desapercibidas por los medios de comunicación norteamericanos como The Washington Post, Politico, Axios o la revista Foreign Policy.

En una Europa donde Salvini, Le Pen u Orbán son una amenaza constante y con un estado español con presos políticos, exiliados, con Franco con un segundo funeral de Estado 44 años después y con Vox que lo querría hacer volver a entrar en el Congreso, la acción para externalizar e internacionalizar el conflicto político entre Catalunya y España es fundamental. Las victorias judiciales en Bélgica, Suiza y Escocia ayudan. La acción exterior del Govern de la Generalitat es imprescindible. Los despropósitos del Mister Marshall de la Pobla, también.