Si la telegenia es el arte de causar un efecto agradable al salir en televisión, del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, bien se puede decir que tomó posesión, ni que fuera por unas horas, del Palacio de la Moncloa. Acudió, con aire suarista, gesto grave pero con una media sonrisa, relajado, dominando la escena en su cita con Mariano Rajoy. No parecía perdido en aquellas cuatro paredes. Y compareció ante los medios con un discurso medido: el presidente actual, el Gobierno actual, señal de provisionalidad; y discurso del cambio, cuando sea presidente, "mi gobierno". Las cosas, seguramente, no serán tan fáciles para C's. Pero a la hora de abordar la situación política en Catalunya, Rivera sabe que ante el electorado español sale con varios cuerpos de ventaja: iniciativa, discurso e ideas claras. De ahí que el PP siempre vaya un paso por detrás y todas sus iniciativas, incluso la rueda de contactos con los dirigentes políticos que están en contra de la independencia –estará Unió pero en cambio nada se sabe de un ambiguo PNV–, suenen a improvisación más que a algo organizado.

Otra cosa es la visita de Iglesias, incorporado a esta serie de reuniones para no transmitir una imagen de exclusión, aunque PP, PSOE y C's no esperan nada del máximo dirigente de Podemos. Iglesias tiene una agenda propia en el tema catalán que pasa fundamentalmente por aceptar un referéndum o una consulta y ser contrario a la independencia. Una posición que se sale del guión y que, en todo caso, populares, socialistas y ciudadanos entienden que le alejan de un buen resultado en las elecciones del 20D.  El temor del sistema a que el partido que ingenió la lucha contra "la casta" acabe ocupando una posición central en la política española ha descendido mucho. Casi tanto como las expectativas del voto a Podemos en las generales de diciembre.

Si Rivera está ganando la batalla de la españolidad, Rajoy, que volvió a comparecer en rueda de prensa tras la ronda de contactos, está imponiendo el ritmo en la respuesta política y jurídica a la resolución presentada en el Parlament de Catalunya por Junts pel Sí y la CUP. El Gobierno español no ha encontrado, como era previsible, un ambiente favorable a la hora de forzar una resolución del Tribunal Constitucional de suspensión de la resolución antes de que sea votada por los diputados de la Cámara catalana. Será inmediatamente después cuando el Ejecutivo de Rajoy pedirá al TC la suspensión inmediata. A partir de entonces, el Alto Tribunal tendrá todos los instrumentos para actuar si no se respeta su decisión. Ésos y otros son los "mecanismos" del Estado de Derecho a los que volvió a aludir anoche el presidente del Gobierno. Pero aún faltan unas semanas para que se activen y, sobre todo, permanece la duda de si habrá prosperado la investidura del president de la Generalitat.