Los hechos del 6 de octubre y el papel que jugaron los líderes políticos catalanes durante aquella jornada continúan cubiertos por un halo de misterio que alimenta el mito. El 6 de octubre escenificó la rebelión de la Generalitat contra las políticas involucionistas que pretendían liquidar el autogobierno de Catalunya. Pero no fue una proclama de independencia. A causa de las tensiones que se vivían en el gobierno catalán –entre federalistas, confederalistas e independentistas– el president Companys optó por una solución salomónica: reafirmar el estatus relacional entre Catalunya y España surgido del 14 de abril de 1931. Y reproclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Un hecho que confirma las desavenencias en el gobierno catalán y que explica el resultado de aquella reproclama.

Cambó y Macià

A la Lliga Regionalista le había pasado lo mismo que a los mamuts en la última glaciación. Los acontecimientos los habían superado. Y la imposibilidad de adaptación había hecho el resto. El catalanismo de Prat de la Riba había dejado paso al posibilismo de Cambó. En la Lliga los intereses de clase –de las oligarquías catalanas– habían ganado la batalla a la ideología. Cambó –en aras de aquellos intereses– no tuvo reticencias a la hora de colaborar con destacados elementos de las oligarquías españolas. Incluso con el Borbón reinante o con el dictador Primo de Rivera. Amistades peligrosas que lastraron el vuelo del partido en el viaje que la sociedad catalana hizo hacia la República –la propia– y el viraje que hizo a las izquierdas –las nacionales–.

En cambio, Macià era un producto de esta evolución. La que separa la Mancomunidad de Prat de la Riba (1914) de la Generalitat republicana (1931). Que separa el regionalismo del independentismo. Que separa la preautonomía del Estado libre asociado. En este camino Catalunya se había reconocido como sujeto con voluntad propia. Y se había reconocido republicana. Y Macià, que no era un mamut, había tejido una red que era la reunión de la ideología mayoritaria: el catalanismo de izquierdas. Esquerra Republicana aparecía para mostrar el camino de la jubilación –y de la desaparición– a la Lliga. Porque –con el currículum que lucía Cambó– difícilmente podían explicarse en una Catalunya nación y republicana. El 14 de abril de 1931 la gente clamaba "Viva Macià y muera Cambó".

La República antirepublicana

En Madrid –que equivale a decir las Españas– no se creyeron nunca del todo eso de la República. De hecho su proclamación se produjo a remolque de la catalana. Incluso la intelectualidad castellana reconoció que la repentina conversión republicana –la de las élites españolas– obedecía a la voluntad de neutralizar la iniciativa de la sociedad catalana. Lo cierto, sin embargo, es que los intelectuales –que se habían situado en primera línea política– fueron, en poco tiempo, literalmente barridos por una estampida de mamuts. En las elecciones generales de junio de 1934 –solo tres años después de la proclamación republicana– ganaba una coalición de centro derecha donde –paradójicamente– la antirepublicana CEDA (una versión genuinament hispánica de la Lliga) tenía un peso decisivo.

El programa político del centroderecha español revelaba una clara voluntad involucionista. Y recentralizadora. Desterrados los intelectuales, el fenómeno cultural del caudillismo –profundamente arraigado en la tradición política hispánica– rebrotaba y se hacía patente a través de los conflictos domésticos de aquella coalición. El fantasma de Viriato, el mito celtibérico que plantó cara en Roma en defensa de la patria, trotaba impetuoso por todos los estamentos del poder. Un festival de testosterona que describía extensamente las miserias de aquel modelo político: una pseudodemocracia asilvestrada conducida por el caciquismo atávico. La idea dominante era que Catalunya no era Cuba. Y que la autonomía catalana era una amenaza a la unidad española. Por no decir lo que restaba del imperio español.

La mecha del explosivo

La judicialización del conflicto político no es un invento de nuestros días. Remonta, como mínimo, a 1934. En aquellos días el gobierno español ya hacía uso –y abuso– de todos los resortes del poder. Aquello de la división de poderes –que sacraliza la democracia– no existía. Allí donde no llegaba el caciquismo en forma de amenazas, llegaban los tribunales en forma de arbitrariedades. Y si no era suficiente, hacían llegar la artillería. Más cerca –sólo geográficamente– estaba Cambó que no había digerido la derrota de la Lliga. De ser el político más destacado de España –que no quería decir el más poderoso pero si el más influyente– había pasado a ser una simple comparsa. Odiaba profundamente a Macià, de una manera irracional, y lo proyectaba con políticas de obstrucción y campañas de descrédito.

A medida que crecía el conflicto entre la Generalitat y el gobierno español se abonó –con café, copa y puro– a ensanchar la grieta. La Ley de Cultivos fue la mecha que provocó la explosión del 6 de octubre. El 1934 Macià ya estaba muerto. Pero Companys había heredado –sin quererlo ni pedirlo– el odio que destilaba Cambó. Desde la restauración –tres años antes– la Generalitat había promulgado varias leyes progresistas que tenían un marcado perfil social. Y la Ley de Cultivos era una de estas. Una ley que actualizaba las relaciones entre propietarios rentistas y campesinos arrendatarios, que hasta entonces se trataban como amos y criados –respectivamente–. Cambó quiso ver una invasión en su coto electoral particular. Y movió cielo y tierra para conseguir su derogación.

La piedra de toque

La Ley de Cultivos fue la piedra de toque que hizo estallar la crisis. Podía haber sido cualquier otra. Pero –odios irracionales al margen– había un claro trasfondo político. Esquerra Republicana y la Lliga Regionalista se disputaban el voto agrario –el granero electoral tradicional de Cambó–. Y los campesinos arrendatarios –una especie de clase media agraria– eran un grupo de presión numeroso e influyente. Goloso electoralmente. Con la promulgación de la ley, Esquerra le marcaba un gol por la escuadra a la Lliga. En el minuto 89, de penalti y con la expulsión del portero. Ganaba el partido y la copa de la Catalunya rural y agraria. Companys estaba seguro que el campesinado leería con interés la crónica de este partido. Y que se produciría un trasvase de voto que arruinaría definitivamente a la Lliga.

Eso explica el interés que tenía el Ejecutivo catalán por evitar la impugnación de aquella ley. A finales de septiembre de 1934 los negociadores de Barcelona y de Madrid llegaron a un acuerdo. En la mesa estaban –reveladoramente– los miembros más moderados de las dos partes. Pero en los cenáculos de poder de la "villa y corte" no estaban para tonterías. Ni tampoco para abrillantar a Cambó. Sin esperar –ni siquiera– el trámite de las Cortes se produjo una explosión de testosterona que hizo saltar al Ejecutivo. El 1 de octubre el gobierno español ya estaba en manos de los elementos más reaccionarios y nacionalistas de la coalición; que lo primero que hicieron fue derogar la ley. El Parlament de Catalunya contestó votando y aprobando la ley negociada. El conflicto estaba servido.

La sombra de Macià

El resto de la historia es bien conocida. Los dirigentes catalanes sabían que habían quemado dos de las tres etapas que marcan la forma en que, históricamente, España se ha comunicado con Catalunya: amenazas, tribunales y artillería. La Generalitat situó –tímidamente– un dispositivo de seguridad en las calles de Barcelona para neutralizar la más que previsible acción del ejército español. Tan tímidamente como lo hizo el general Batet, jefe del ejército en Catalunya. En aquellas horas confusas –más que nunca– se evidenciaron las profundas diferencias que separaban los miembros del Ejecutivo catalán. El reparto de armas, el posicionamiento de las fuerzas, el control de los sitios estratégicos y el mando de la operación se convirtieron en un caos. En un juego de despropósitos.

Al día siguiente el ejército español detuvo y encarceló miles de personas. Y el gobierno español suspendió el Estatuto. Companys, que era un hombre de acción, había tenido un comportamiento que el independentismo juzgó como sorprendentemente pasivo. Un hecho que le costaría a Esquerra la escisión de Estat Català –organización fundacional del partido–. La sombra de la figura política de Macià –con toda su dimensión de estadista– cernió sobre la sociedad catalana, que cuestionó el papel de Companys y su gobierno dividido. El precio de la derrota por la falta de unidad. Y se hizo inevitable la comparación con el papel de Macià en la proclamación de la nación republicana.