El Gobierno español ha decidido regularizar por decreto a más de medio millón de personas inmigrantes para que salgan de la clandestinidad. Es una medida que podríamos decir que era inexorable, dado que son personas que ya están aquí, todo apunta a que con intención de quedarse y, además, el sistema productivo los necesita. La buena intención del Ejecutivo, que ha actuado a partir de una iniciativa legislativa popular, tiene como objetivo teórico que los recién llegados puedan vivir en condiciones propias de la dignidad humana, pero es evidente que para ello no basta con un decreto.
La inmigración, como cualquier fenómeno demográfico, tiene unas consecuencias sociales que obligan al país receptor a gestionarlas. Las personas recién llegadas deben tener acceso al sistema público —sanidad, educación, servicios sociales— y deben poder acceder a una vivienda, porque, si no, los conflictos se dispararán también inexorablemente y, además, siempre habrá gente —de todas las ideologías— que intente sacar provecho político y económico del conflicto. Esto significa que será necesario destinar muchos recursos.
El Gobierno central decreta la regularización, pero las competencias para atender todas estas necesidades corresponden a las comunidades autónomas, que, de momento, han mostrado una falta de recursos para satisfacer las necesidades no ya de los que acaban de llegar, sino de los propios autóctonos. El problema de la vivienda, es decir, la falta de vivienda asequible, afecta también a las clases medias; las listas de espera en la sanidad pública afectan a todo el que necesita operarse y no paga un seguro privado; la ayuda a la dependencia llega a menudo cuando la persona que la necesita ha fallecido…
La regularización de inmigrantes es inexorable, pero su incorporación aumenta los recursos del Estado y dispara el gasto en Catalunya
Así pues, tenemos un estado del bienestar muy deficitario que va aumentando considerablemente el número de usuarios; por tanto, será necesario reformular la distribución de los recursos del Estado y modificar prioridades, porque, de momento, con la incorporación de los emigrantes al mercado laboral, el Estado aumenta sus ingresos vía impuestos y cotizaciones y, al mismo tiempo, en las comunidades autónomas sus gastos se disparan.
Algunos de los que quieren sacar provecho del conflicto ya dicen que es la llegada de inmigrantes lo que pone en peligro la sostenibilidad del estado del bienestar, por lo que la política que proponen es impedir que vengan y expulsar a los que ya están. Lo cierto, sin embargo, es que no dominan la demografía. El gran reto de los próximos años en España, pero sobre todo en Catalunya, es resolver el relevo de la generación de los baby boomers, que se están jubilando, y no se encuentra personal para sustituirlos.
A propósito de la regularización de inmigrantes, el problema inmediato con el que se encontrarán será el viacrucis para conseguir los papeles. Y será un viacrucis porque no hay funcionarios suficientes para atenderlos. El caso es especialmente complicado en Catalunya. En las oficinas barcelonesas de la Administración del Estado se percibe una reducción drástica de personal. Se ha producido una jubilación masiva de funcionarios, los nuevos aún no han llegado… y quizá no lleguen nunca. Apenas hay aspirantes catalanes, y los opositores españoles rechazan los destinos en Catalunya por muchos motivos, pero algunos tan obvios como que el coste de la vida y de la vivienda es mucho más elevado. Los que vienen obligados solicitan el traslado en cuanto pueden.
El déficit de personal en el ámbito de la Administración o en las empresas y los servicios públicos altera el funcionamiento del servicio. En otro ámbito, ya se ha publicado que faltan maquinistas de tren, y que hay una cola interminable de aspirantes a sacarse el carnet de conducir por falta de examinadores. Por no haber, ni secretarios municipales encuentran los ayuntamientos. En este sentido, el Estado no hace ni deja hacer porque se niega a transferir competencias a quien podría hacer más y mejor teniendo el problema más cerca.
Sin embargo, el problema no es solo de la Administración estatal. Los rectores universitarios han hecho sonar la alarma porque antes de que acabe 2030 se jubilarán en las universidades públicas catalanas casi 1.600 técnicos de gestión, administración y servicios y cerca de 1.200 docentes investigadores. Me lo explicaba un bombero: su generación, la de los baby boomers, se ha jubilado y la reposición es lenta, de modo que los veteranos se van a casa y los nuevos, que llegan con cuentagotas, no encuentran a nadie que los ayude a entender y aprender el oficio.
Este es un problema muy generalizado. Enric tiene un horno-pastelería en un municipio del Vallès, un negocio de éxito que se le está complicando porque se jubilan quienes hacen un pan tan bueno y unos pasteles excelentes, y no encuentra profesionales que sepan hacer el trabajo. Todo el que ha sufrido una avería en casa sabe lo que cuesta encontrar un fontanero, un electricista, un mecánico, un carpintero… En este terreno el problema es doble: hay menos de los que se necesitan y los que hay no saben lo suficiente.
Según un informe de la patronal CECOT, que cita datos de la Guía del Mercado Laboral 2025, se percibe un déficit generalizado de talento. Hasta el 89% de las empresas han expresado dificultades para encontrar personal bien formado y el 22% lo considera el principal factor que dificulta el crecimiento de la propia empresa.
Mención específica merece la falta de médicos en Catalunya, un país que siempre ha sido puntero en el ámbito de la medicina con apellidos de prestigio universal: Trueta, Puigvert, Caralps, Barraquer… Ahora en Catalunya faltan médicos y en buena parte no son catalanes, pese al elevado número de vocaciones. Con el distrito único universitario, las plazas catalanas en las facultades de medicina del Principat son ocupadas por estudiantes de otras comunidades con notas de corte sospechosamente elevadas que, una vez terminan la carrera o la especialidad en los buenos hospitales catalanes, regresan a sus lugares de origen con un buen currículum y donde se ganarán mejor la vida. Si los catalanes no llegan y los españoles se van, ¿quién atiende a los pacientes de Catalunya? Evidentemente, médicos extranjeros, algunos bien formados y otros no tanto.
Así que los números cantan. Una demanda tan generalizada de trabajadores en todos los ámbitos, dada la escasa natalidad autóctona, solo podrá ser cubierta con personas que vengan de fuera. Algunos se escandalizan por el fenómeno de “la sustitución”, pero la realidad es que el cambio demográfico es inexorable y requiere un esfuerzo de gestión que afecta a todos los ámbitos: al modelo económico, la distribución de los recursos públicos, el urbanismo, la educación, sobre todo la formación profesional, las finanzas y las estrategias productivas y las propias competencias en inmigración. Es obvio que en Catalunya el reto es específico y que institucionalmente está atada de pies y manos al no disponer de los instrumentos para poder asegurar la incorporación ordenada de los inmigrantes. Si los que llegan no se incorporan a la catalanidad, no habrá progreso comunitario, porque las diferencias étnicas o culturales impedirán la cohesión social.
Los partidos españoles, tanto de derechas como de izquierdas, niegan a Catalunya las competencias en inmigración, no vaya a ser que los inmigrantes africanos o latinoamericanos aprendan catalán y se sumen a la causa catalana
La gestión del cambio demográfico es el gran reto de la Catalunya del siglo XXI y, sin ir más lejos, las competencias en inmigración solo las ha reclamado un solo partido, ni siquiera el actual Govern de la Generalitat, y los partidos españoles, tanto de derechas como de izquierdas, se niegan rotundamente, no sea que los inmigrantes africanos o latinoamericanos aprendan catalán y se sumen a la causa catalana.