Hay un término en inglés, accountability, que define muy bien aquello de lo que quiero hablar hoy. Se puede traducir por rendición de cuentas, y se refiere al proceso por el cual los ciudadanos vigilan y evalúan la actuación de los políticos y de los servidores públicos, mediante mecanismos como la transparencia y la fiscalización. Se trata de un mecanismo necesario para el funcionamiento de la democracia representativa, porque ayuda a combatir la corrupción, los abusos de poder o el incumplimiento del contrato que se firma entre un ciudadano y una fuerza política a la hora de depositar el voto.
La rendición de cuentas es un mecanismo para responsabilizar a los hombres y mujeres políticas ante de los ciudadanos que están o pueden estar afectados por sus decisiones
Si se es un líder político, o se quiere serlo, hace falta que se reconozca y se asuma la responsabilidad que se asume por las acciones, las decisiones y las políticas que emprenda. Y, en consecuencia, tiene que informar, justificar y ser responsable de las consecuencias que generan sus actos. Un gobierno conserva su legitimidad si es capaz de conservar también la confianza ciudadana, y la rendición de cuentas es un mecanismo para responsabilizar a los hombres y mujeres políticas ante de los ciudadanos que están o pueden estar afectados por sus decisiones.
Para que el proceso de rendición de cuentas se pueda garantizar, hace falta que se base en tres pilares: la información, la justificación y el castigo. Los ciudadanos tenemos derecho a recibir información contrastada y los políticos tienen la obligación de divulgar todos los datos necesarios para que esta información sea útil. Si no se tiene esta información, que permite conocer y evaluar elementos básicos como la utilización de recursos y la toma de decisiones, tampoco se podrán tener evidencias para poder luchar contra la corrupción y el abuso de poder. Solo recordar que la corrupción no es solo de tipo económico, también lo es hacer aquello que es contrario a lo que se había anunciado o prometido. Mediante la justificación adquirimos el derecho a recibir explicaciones sobre el ejercicio del poder. Hace falta que los que lo han ostentado durante un periodo indiquen como sus decisiones han contribuido, o no, al bienestar social, al progreso en las libertades (individuales y colectivas) y si se han obtenido los resultados que se fijaron al pedir el voto a los ciudadanos. Por último, el arma definitiva de los ciudadanos es el castigo. Es la sanción que se ejerce cuando se considera que las expectativas depositadas se han visto frustradas; cuando no se han alcanzado los resultados previstos; cuando se ha actuado fuera, y a veces lejos, de lo indicado en el contrato, que es un programa electoral o los textos de cara a obtener una mayoría de sufragios, en sede parlamentaria, para ser elegido para un cargo; o, simplemente, cuando se ha actuado con elementos de corrupción (de cualquier orden), con abuso de poder o con engaños reiterados a los compromisos adquiridos. El elector tiene que penalizar, con su voto, aquella fuerza política en la cual había depositado su confianza, si considera que esta ha sido traicionada.
Tengo la sensación que en nuestras regiones el voto es muy a menudo histórico, nostálgico o ideológico, y nos iría bien que fuera menos emocional y más basado en el escrutinio de los hechos, en la rendición de cuentas y en la confianza en la consecución de perspectivas razonables, por quiméricas que puedan parecer desde la realidad actual. Para que la rendición de cuentas pueda ser efectiva hace falta transparencia (no solo sobre el papel y como mecanismo para paralizar la Administración); una opinión pública crítica e ilustrada; una fiscalización interna y externa de la acción de gobierno; y el respeto de la legalidad (que tiene que ser modificada si resulta estéril y excesivamente analítica). Pero tengamos presente que transparencia, no tiene que significar voyeurisme; que el exceso de procedimentalismo no sirve para avanzar hacia una efectiva rendición de cuentas; que se tiene que velar siempre por una distribución eficiente de los recursos; que los representantes electos no tendrían que caer en prácticas populistas para intentar mantener altos niveles de aceptación; que hay que fomentar la innovación en las políticas públicas y en la gestión de la Administración; y que nos hace falta, volvamos a decirlo, una sociedad activa e informada, fomentando el interés y la involucración de los ciudadanos en la cosa pública.
Me gustaría que reflexionáramos antes de decidir el voto. Después de recibir informaciones y justificaciones, tenemos en nuestras manos la posibilidad de sancionar, si hace falta, a aquellos que no han cumplido las expectativas depositadas o a aquellos que no nos merecen confianza.