“A quien aprovecha el crimen, ese es su autor"
Lucio Anneo Séneca

Repasando las circunstancias de la quinta ruptura de un acuerdo para la renovación del CGPJ por parte del Partido Popular, me he acordado de una antigua cancioncilla galesa. Dice la copla que por un clavo se perdió una herradura y por la herradura, un caballo y por el caballo, un caballero y por el caballero, una batalla y por la batalla, un reino. Al final todo solo por un clavo.

¿Dónde está el clavo? ¿A quiénes perjudica que esta anomalía institucional se prolongue en el tiempo de forma insostenible? ¿Cómo se rompe un acuerdo sobre una cosa por otra —la reforma del delito de sedición— que ya se ha desestimado como causa de ruptura? Porque eso es exactamente lo que pretende establecer en su relato el PP, que fue la seguridad de que se iba a reformar la sedición la que provocó la ruptura. Pero esto no puede ser cierto, al menos en esos términos, dado que la propia portavoz Cuca Gamarra había declarado públicamente, con buen criterio, “son dos cuestiones distintas" en las que "el PP tiene un papel diferente”. De modo que sabemos que 72 horas antes de la ruptura, los populares desvinculaban una cosa de la otra.

¿Qué pasó en esos tres días?

Les propongo que dejemos de mirar hacia dónde señala el dedo de unos y de otros y nos ciñamos a lo que fehacientemente se sabe. En concreto, y según mis fuentes, que hay muchos intereses personales y no solo en el PP, sino también en el Tribunal Supremo y en el propio CGPJ. Puede que también en el Gobierno. Sigamos la pista de a quién perjudica un pacto amplio, como el que nos han avanzado, que incluyera medidas como la imposibilidad de poner sentencias en al menos dos años tras detentar un cargo político o la aceptación tácita de que la reforma del delito de sedición es una actividad legislativa que nada tiene que ver con lo que se trataba y que habrá de verse cuando llegue en el Congreso.

Cui nocet? ¿A quién perjudicaba este acuerdo?

Mis pesquisas conducen a una frase clave que el propio González Pons ha dejado caer en una entrevista a un medio muy conservador. Una frase que ha quedado ahí, sin más, como algo inocente o de cajón, pero que no lo es. Dice el negociador en jefe que conoce de la frustración que existe en la judicatura por este nuevo acuerdo abortado PERO y atención al pero, “pero todas las personas del Tribunal Supremo a las que consulté coincidían en que no se podía intentar restablecer la independencia judicial con el pacto con el PP al mismo tiempo que esa independencia judicial era arrojada al barro con el pacto con ERC [sedición]”.

González Pons nos revela de forma casi pornográfica que los magistrados del Tribunal Supremo con los que “consulta” el Partido Popular hacen política. Esos magistrados adoptan posturas que les están vedadas, como valorar iniciativas legislativas o ponderar la capacidad de pacto parlamentario o legitimar a unos partidos sí y a otros no.  No acaba ahí la cosa. Sigue el negociador oficial. “El pacto con ERC para rebajar el delito de sedición, por un lado, humilla al Tribunal Supremo. Por otro, desautoriza al Tribunal Supremo y, por último, le resta independencia”.

Un magistrado hace su trabajo en conciencia y luego lo suelta sin que deba realizar ninguna acción subsiguiente para asegurarse de que tribunales por encima de él o instituciones como el indulto no modifiquen su dictado. Tú trabajas y luego si indultan o reforman la ley, simplemente ni es tu trabajo, ni tu competencia, ni tu problema.

Hay que conocer muy bien a estos señores para tener claro de dónde se duelen los magistrados del TS, que siempre han tenido a gala y han procurado dejar claro que a ellos no les tose nadie. Fíjense que llegaron en 2004 a condenar —sí, a condenar— a once magistrados del Tribunal Constitucional a indemnizar a un abogado para ponerlos en su sitio. De esa confesión de González Pons se colige que estos señores se han tomado a título personal el asunto de las condenas de los políticos catalanes. Ya lo demostraron con el tema de los indultos. Hasta donde yo llego, un magistrado hace su trabajo en conciencia y luego lo suelta sin que deba realizar ninguna acción subsiguiente para asegurarse de que tribunales por encima de él o instituciones como el indulto no modifiquen su dictado. Tú trabajas y luego si indultan o reforman la ley, simplemente ni es tu trabajo, ni tu competencia, ni tu problema.

Resulta que para esos magistrados del Tribunal Supremo que hablan en privado y en secreto —nunca sabemos sus nombres— con los políticos, el uso de la capacidad legislativa por parte de uno, dos, tres o más partidos políticos es “una humillación”. ¿Por qué habría de humillarte que si tú aplicaste una norma posteriormente la soberanía popular la reforme? Tu única misión es someterte al imperio de la ley, no hacerla ni impedir que se haga. Tras la reveladora palabra “humillación” llega el otro terrible miedo, el de la “desautorización”. Un tribunal nunca es desautorizado por las reformas que el legislativo haga, ni tampoco por un indulto. Juzgar y ejecutar lo juzgado, todo lo demás debe serle ajeno.

Así que ahí tienen sus clavos, parte de los que clavaron la tumba del acuerdo dicho por quien puede decirlo. Y como son señores del Tribunal Supremo, hasta los responsables de las asociaciones judiciales que saben lo que está pasando se callan. Yo no. Es evidente que hay jueces del TS haciendo política y eso sí que es inadmisible y eso sí que les desautoriza. La frase final de que una reforma legislativa “les resta independencia”, solo puede remitirnos a esa concepción anómala que algunos tienen de la independencia judicial, que no pasa por la independencia de criterio de cada magistrado, sino por una especie de república judicial independiente.

Hay más. El acuerdo incluía un periodo de cadencia antes de volverse a incorporar de un cargo público a la jurisdicción. Fueran dos años o fueran más. ¿Qué creen que pensaron todos los jueces que ahora mismo están en la política? Todos los que podrían quedarse sin ese cargo el año que viene que hay elecciones. Tal y como están las cosas en la Audiencia Nacional podrían coincidir juzgando el exministro de Justicia, Campo, que ya ha vuelto, el ministro de Interior, Grande-Marlaska, y el consejero de Justicia de Ayuso, Enrique López. ¡Menudo delirio de tribunal! No son los únicos. Hay consejeros de diferentes comunidades, secretarios de Estado como Victoria Rosell y otros muchos que se verían afectados por una norma que, desde luego, no les interesa.

Tampoco a todos los actuales vocales en funciones eternas del CGPJ les interesa que esto acabe. No desde luego a los que se embolsan un sueldo de más de cien mil euros al año, que no tendrían ni de broma en su destino judicial, y que deben encontrar todo tipo de excusas íntimas —“no podemos abandonar nuestro deber”— para no aceptar la dimisión en bloque que dejaría sin quorum el órgano. Junto a ellos, cargos discrecionales, jefes de Servicio y tantos otros que llevan cuatro años de más en sus puestos y que no tienen ninguna prisa por perderlos.

A eso únanle la cuestión política. El sector duro del PP considera que no hay que darle ningún aire a Sánchez y que permitir que consiga aprobar sus últimos Presupuestos Generales del Estado es un error táctico. Así que exigir que se escriba que no habrá reforma del delito de sedición es tanto como poner la zancadilla a los presupuestos. Por su parte, ERC tira de ese cable para anotarse su tanto, aunque ya no beneficiaría a sus miembros sino a Puigdemont, que ya ha manifestado que no quiere ser beneficiario de que sus rivales se beneficien a costa de ayudarle. Para completar la coctelera únanle el interés de Ayuso y sus mariachis en marcarle el ritmo a Feijóo y anotárselo, tanto que han llegado a filtrar el mensaje por el que le habrían presionado.

Si se trata de clavar la tapa de un ataúd, ¿creen que les he dado suficientes clavos? No se preocupen. Es seguro que hay más. Solo hay que plantearse a quién perjudica personalmente que esto se arregle. Una patada y salen cientos.