Ustedes tienen un problema y se llama 3%. Desde aquella sentencia del entonces president Pasqual Maragall, pronunciada en sede parlamentaria en el año 2005, Convergència Democràtica de Catalunya tiene un problema. Un enorme problema. Han pasado más de diez años y aunque no pesa ninguna sentencia condenatoria al respecto, la sombra de la adjudicación de obra pública a cambio de la correspondiente mordida no se ha disipado. Tampoco, al menos hasta la fecha, ha podido ser probada si por ello se entiende que haya una sentencia condenatoria en firme. Por en medio ha habido casos terribles, como el caso Millet, el caso Pujol y varios sumarios judiciales más que han acorralado a CDC. Eso es indiscutible. También que, para muchos ciudadanos, las explicaciones de sus dirigentes se han hecho, con los años, cada vez menos creíbles. Y la sospecha ha ido aumentando, en medio de un clima de repulsa ciudadana a los partidos políticos que incluye al PP por el caso Gürtel o al PSOE  por los ERES de la Junta de Andalucía.

Cabe realizar la introducción anterior para separar la necesaria, imprescindible y urgente investigación judicial que afecta a CDC y sus finanzas, del espectáculo televisivo en el que se empieza a convertir la entrada a la sede del partido, las detenciones o los registros a los ayuntamientos o a empresas privadas. Como ya sucedió en agosto, la agenda de las sucesivas intervenciones policiales estaba en manos de algunos medios de comunicación con mucha antelación. Ya sé que eso no es del todo una excepción, porque así se ha hecho durante muchos años con operaciones de incluso más envergadura y en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Pero la diferencia estriba en que se acabe convirtiendo en un show mediático en que prensa, radios y televisiones acaben anunciando, porque así se les ha informado, un registro que aún no se ha producido. Además, el buen desarrollo de la investigación que sería el objetivo a garantizar no sale, ni mucho menos reforzado. Que coincida, por segunda vez, con un día emblemático como es la firma, por parte del president de la Generalitat, de la convocatoria del pleno de constitución del Parlament de la undécima legislatura suena, ciertamente, a contraprogramación. Pero quizás sólo sea una casualidad. Como a lo mejor, también es únicamente una cuestión de azar que la operación reaparezca en medio de una muy difícil negociación entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura de un president de la Generalitat.

Pero la lectura política que se puede hacer del caso no debe tapar la urgente necesidad del president Mas de abordar con la máxima transparencia y también la máxima energía las acusaciones de que es objeto en su doble condición de máximo responsable de la Generalitat y de Convergència. Se ha ofrecido a comparecer en el Parlament –sería ante la diputación permanente, el órgano entre legislaturas– por la detención de un alto cargo de la conselleria de Economia y los grupos deberían aceptarlo. Y en el partido, donde ayer fue detenido el tesorero junto a otras siete personas –funcionarios de CDC y directivos de varias empresas–, debería depurar enérgicamente todas las responsabilidades. A la candidatura de Junts pel Sí le parece suficiente, no así a la oposición. Cada uno está en su guión. Y, el ciudadano, asombrado y perplejo.