En una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el líder del PSC, Miquel Iceta, criticó la posible convocatoria de un referéndum unilateral de independencia (RUI) con una reflexión muy sencilla: para que su partido y una parte de los contrarios a la independencia se sintieran llamados a participar en este referéndum, lo que debería pasar es “que fuera legal”. En una sociedad democrática, los referendos deben ser creíbles y si no lo son, porque, de entrada, una de las partes se niega a participar en el juego, entonces quien tiene el problema es el que dice defender la democracia.

Está claro que hay varios ejemplos históricos que permitirían avalar las acciones unilaterales. Sin violentar el orden establecido, la esclavitud todavía sería perfectamente legal en las ex colonias españolas. Si se quiere recurrir a un ejemplo aún más complicado, sólo es necesario pensar en las leyes de discriminación racial que estaban en vigor en unos EEUU perfectamente democráticos en otros aspectos. Sin la desobediencia civil, en Irlanda del Norte los católicos continuarían sufriendo la discriminación de la democrática Gran Bretaña. Por lo tanto, la discusión sobre la legalidad o no de un RUI, que es lo que considera Iceta (“La legalidad es básica en democracia” –dice), no me preocupa demasiado. Lo que sí me importa es cómo hacer que este RUI sea muy diferente del proceso participativo que se celebró el 9 de noviembre de 2014.

En este sentido, es importante atender a lo que dice Iceta: “A mí se me hace muy difícil pensar que por el hecho de cambiarle el nombre a la cosa, la cosa será muy diferente. No veo la diferencia con la consulta del 9-N. Supongo que la pregunta sería diferente y más afinada, pero no le veo el porque se atribuye al RUI unos efectos jurídicos concretos que no puede tener, cómo no los tuvo el 9-N”. Guste o no, esta es la debilidad argumental de los partidarios del RUI. Porque el problema no sería que estuviera amparado por un nuevo marco legislativo, derivado de las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria soberanista, la cuestión que debería resolverse es  cómo llevar al señor Iceta y a la gente opuesta a la soberanía hasta el pie de la urna para que voten “no” y de esta manera legitimen el RUI.

Los grupos independentistas consideran que este RUI debería ser vinculante para poner punto final al proceso de ruptura, lo que no ocurrió con la consulta participativa del 9-N. ¿Quién garantiza que eso será así? Hay un optimismo exagerado entre los partidarios del RUI, sobre todo porque afirman que la “legitimidad” de este referéndum estará avalada por la comunidad internacional mediante un grupo de observadores. Incluso en el País Vasco ha quedado demostrado que este recurso es perfectamente descriptible si quien te avala son miembros de alguna ONG pacifista, consultores a sueldo y ex políticos con más prestigio que incidencia política en el mundo real. En los últimos conflictos, la categoría y el aval de los negociadores o observadores ha sido fundamental. La participación del senador George John Mitchell, Jr. (1933) en los acuerdos de paz norirlandeses de 1998 comenzó en 1995 y tenía el aval de EEUU. Cuando terminó su trabajo, le llovieron los reconocimientos, incluso el de la reina de Inglaterra, que le nombró  “Sir”. En los Balcanes, donde sin embargo el proceso de paz no terminó tan bien, porque los Acuerdos de Dayton de 1995 consagraron un montón de injusticias, el diplomático estadounidense Richard Holbrooke (1941-2010) tuvo un papel destacadísimo con aval, también, de EEUU. Claro que Mitchell y Holbrooke pertenecían al Partido Demócrata y su tarea iba acompañada del apoyo de Bill Clinton. Con un presidente republicano su tarea hubiese sido más difícil.

De la misma manera que expreso mis dudas sobre este RUI mágico, que hay quien defiende por cuestiones tácticas y hay quien lo hace como si perteneciera a los illuminati bávaros del siglo XVIII, también digo que la solución no llegará por lo que defendía en la misma entrevista el líder socialista. Iceta invita al mundo independentista, a los partidos y a aquellos que creen en las opciones soberanistas a participar e implicarse en la reforma de la Constitución que impulsan los socialistas. Según el líder socialista, ERC y el PDC deberían formar parte de la subcomisión que se abriría en el Congreso –el condicional es importante– para debatir sobre esta reforma. De este modo, afirma Iceta, los independentistas podrían defender sus tesis soberanistas y tendrían la posibilidad de incluir “el derecho de autodeterminación” en la nueva Constitución española, o incluso “una España que se pueda hacer y deshacer a golpe de referéndum”. ¿Con qué mayoría se consignes algo así? –es justo preguntarse. España está sin Gobierno desde finales del año pasado por una falta evidente de acuerdo, salvo cuando se trata de cerrar el paso al soberanismo.

Estoy dispuesto a que los partidarios del RUI me convenzan de la bondad de la propuesta. De momento, no la veo, ya que, por el contrario, unas elecciones constituyentes, incluso en el caso hipotético de que los contrarios no consideraran que lo son, como ya ocurrió el 27 -S y su carácter plebiscitario, participarían para obtener escaños y una mayoría. No es que confíe en que el proceso constituyente sería más fácil mediante esta vía, porque ya se ha visto hasta qué punto los partidos soberanistas son cortos de vista, pero por lo menos habría recibido el aval de todo –subrayo: todo– el pueblo de Cataluña según los estándares de las democracias occidentales. El SNP escocés nunca ha dado un paso que significara un riesgo suplementario al riesgo mismo de perder el referéndum, que es lo que pasó.

Estoy dispuesto a dejarme convencer de las bondades del RUI siempre que los argumentos resuelvan las dos cuestiones aquí planteadas: garantizar la participación de los partidarios del “no” y el aval internacional. Si la argumentación sólo responde a la grandilocuencia de los que se creen más soberanistas que nadie, entonces no sólo no me convencerán, sino que estoy seguro de que muchos de los que fueron a votar el 9-N por puro patriotismo, ahora los mandaría a freír espárragos porque los políticos no encuentran una solución real y se refugian en el “voluntarismo” de la gente.

Esta fase quedó superada el 27-S. No se puede pedir a la gente que haga los sacrificios que los políticos no saben ofrecer ni aplicarse. No es ninguna broma. Como se demostró el 25 de julio de 1936, ante la división de la opinión pública internacional sobre el golpe de Estado franquista, el presidente socialista francés Léon Blum propuso, presionado por el conservador británico Winston Churchill, la no intervención de las potencias y pidió la adhesión al Comité de Gran Bretaña, EEUU, Italia, Alemania, la URSS, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia y Polonia. A pesar de las adhesiones, el Comité no pudo evitar la ayuda italiana, alemana y portuguesa al general Franco, y el soviético, unido a los voluntarios, a la República. Ese comité se disolvió el 20 de abril de 1939 y nos dejó como herencia una dictadura que sólo desapareció con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Cosas de la geopolítica que nadie debería menospreciar.