El 2 de noviembre de 2014 el diario El País publicó una encuesta que en portada tituló así: "Podemos supera a PP y PSOE impulsado por la ira ciudadana". La irrupción de Podemos en el escenario político tras el éxito de la movilización del 15-M hizo sonar todas las alarmas en los despachos de los poderes fácticos del Estado. Por primera vez un partido que se declaraba republicano dinamitaba el mapa político español y ponía en cuestión el sistema como se había organizado la transición desde la dictadura. Y esto ocurría cuando el Estado se encontraba en riesgo de quiebra. Quiebra economicofinanciera a raíz de la crisis de 2009 y quiebra politicoinstitucional. Corrupción y desprestigio de la monarquía, que obligó a relevar al jefe del Estado; corrupción generalizada de los partidos de gobierno, y un desafío a la propia integridad del Estado formulado desde Catalunya. Automáticamente, los servicios secretos y no tan secretos del Estado se movilizaron para desarticular ese movimiento a base de guerra sucia policial y judicial. El capitalismo español, asustado —“Necesitamos un Podemos de derechas”, dijo Josep Oliu— se apresuró a financiar lo que podríamos considerar como la contrarrevolución, el partido llamado Ciudadanos.

La determinación del establishment fue impedir como fuera que el partido de Pablo Iglesias llegara al Gobierno y, además, tuviera acceso a los secretos que esconden todas las miserias del Estado. Pedro Sánchez lo tuvo claro desde el principio, pero se encontró con que la ambición de su aliado preferente, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, era inversamente proporcional a su talento. Sánchez incluso se arriesgó repitiendo unas elecciones para no tener que pactar con Podemos, y al final no tuvo más remedio porque se jugaba su carrera política. En el PSOE ya pedía su cabeza la vieja guardia felipista, cuando rápidamente al día siguiente de las segundas elecciones se retrató con Pablo Iglesias asegurando el pacto como un hecho consumado. Sánchez no tenía otra opción. O era presidente con Podemos y el apoyo de aliados indeseables como Esquerra Republicana y Bildu o se iba a casa como un político fracasado.

Sánchez no ha tenido ningún inconveniente en hacer cada vez que lo ha necesitado lo contrario de lo prometido porque, como por cualquier otro político, las prioridades son sobrevivir y perdurar. Sin embargo, Sánchez es consciente de que, por lo que podríamos llamar el complejo monarquicofinanciero del Estado, la presencia de un partido declaradamente republicano en el Ejecutivo sigue considerándose una amenaza peligrosa cuando la monarquía hace aguas por todas partes. (Que Felipe VI no haya podido escaquearse del mundial de Qatar cuando todo el mundo lo evita evidencia las servidumbres diplomáticas a las que se siente obligado). El acoso al partido de Pablo Iglesias ha sido continuo. El fundador de Podemos no pudo resistir las presiones y abandonó al Ejecutivo, el lawfare contra el partido no se ha detenido, y las insidias han sido atizadas sistemáticamente desde el propio ejecutivo. Mira por dónde, de las mismas filas ha surgido una nueva opción/escisión más elegante y mucho menos peligrosa liderada por Yolanda Díaz, una comunista tan simpática con la monarquía como lo fue Santiago Carrillo, destinada a sustituir el flanco electoral en la presunta izquierda del PSOE.

Dejando claro que la ministra Irene Montero ha sido injustamente atacada y vilipendiada, también conviene señalar cierta tendencia de fuerzas supuestamente progresistas a gobernar y legislar buscando más el castigo, las prohibiciones y las imposiciones desde una pretendida superioridad moral que en lugar de ensanchar derechos y libertades rearman al Estado de mecanismos de represión

Así que los ataques sistemáticos primero contra Pablo Iglesias y después los linchamientos mediáticos de Irene Montero no son solo rencillas ni se exageran mediáticamente porque sí. La batalla política es más profunda y acabará con una división de las opciones electorales que se llaman de izquierdas y que podría acabar propiciando la gran coalición PSOE-PP o viceversa —depende de quien sea la lista más votada— para recuperar la normalidad política pactada con el monarca inmediatamente después del golpe de Estado del 23-F.

Dejando claro, pues, que Irene Montero ha sido injustamente atacada y vilipendiada, también conviene señalar como preocupante una cierta tendencia de fuerzas supuestamente progresistas a gobernar y legislar buscando más el castigo, las prohibiciones y las imposiciones desde una pretendida superioridad moral que en vez de ensanchar derechos y libertades rearman al Estado de mecanismos de represión. Mecanismos que en manos de según qué gobierno o tribunal serán interpretados y utilizados en sentido contrario al que se pretendía. De hecho, es lo que está pasando con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del "solo sí es sí". (También es un ejemplo de esta tendencia autoritaria desde un supuesto progresismo lo que hace en Barcelona el gobierno de Ada Colau, que siendo minoritario, impone un modelo de urbanismo táctico que altera equilibrios que estaban consensuados y cambia unilateralmente el diseño de la ciudad para varias generaciones, apropiándose indebidamente de la bandera de la lucha contra el cambio climático y la contaminación aun obteniendo resultados adversos.)

El aumento de las desigualdades, la proletarización de la clase media, la problemática de la vivienda, la inseguridad... son fenómenos que el Estado percibe como una amenaza a su estabilidad y por eso la tendencia ha sido endurecer los castigos como antídoto a cualquier brote revolucionario. Tenemos el ejemplo de la ley mordaza o la reciente reforma del código penal que sustituye al delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados. Como bien ha señalado el profesor Ferran Requejo, aumenta las amenazas a cualquiera que se le ocurra repetir nada de lo ocurrido durante el Procés. Y en el caso de la alarma social por los crímenes de odio o por las agresiones sexuales, algunas autoras feministas ya han advertido de que el sistema penal no se ha demostrado eficaz en la disuasión del delito. Por no meterme en un jardín laberíntico del que quizá no sabría salir, me limito a reproducir ideas de mujeres que han trabajado el terreno: “Determinadas izquierdas y también algunos feminismos están dejándose seducir por estas políticas punitivas y están siendo incautos colaboradores en este reforzamiento penal de las democracias liberales”. Lo señala en Jacobin Clara Serra Sánchez, exdiputada de Podemos e investigadora de la Universidad de Barcelona. “Sabemos que el aumento del punitivismo tiene relación directa con el desmantelamiento de los sistemas de bienestar y servicios públicos. Y sabemos que el sistema penal es altamente selectivo, siempre prioriza la tolerancia cero sobre determinados delitos y determinadas personas. Pero más allá del sistema penal, determinadas lógicas punitivas se reproducen de forma acrítica y en cualquier situación de acuerdo con los axiomas de algunos feminismos”, declara Laura Macaya en La Directa.

Por cierto, ayer murió a los 93 años el intelectual alemán Hans Magnus Enzensberger, poeta, ensayista, novelista, que, entre otras muchas cosas, escribió: “Toda causa justa, se convierte en injusta en el momento en que la llevamos hasta las últimas consecuencias”.