Ya sé que no es lo mismo el régimen fiscal -foral- de los territorios vascos, el concierto económico, que la Cuota -el "Cupo"-, la cantidad anual que el País Vasco paga al Estado por los servicios que no tiene transferidos. Y que, lo que han pactado esta semana el gobierno de Mariano Rajoy y el del lehendakari Iñigo Urkullu, a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos del Estado, no es todo el sistema, plenamente blindado en la Constitución española, es la Cuota que se renueva. Pero el acuerdo, el nuevo pacto fiscal a que han llegado Madrid y Vitoria, marca un antes y un después y se erige ahora mismo -como tantas otras veces- en el negativo de la relación Catalunya-Espanya.

No es el abrazo de Bergara entre Espartero -aquel general isabelino según el cual Barcelona tenía que ser bombardeada cada cincuenta años- y el carlista Maroto, que en 1839 puso fin a la primera guerra carlista, pero respiran un sospechoso aire de familia. Como anunció el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, el pacto puede suponer "15 años de paz fiscal" entre los gobiernos de Madrid y Vitoria. De hecho, la próxima vez, si se mantiene la tendencia del actual, ya no habrá "Cupo" para renovar porque la independencia fiscal de Euskadi será (casi) total.

Se trata de un cambio prácticamente sistémico, y sin tocar una coma de la Constitución. En síntesis, el resultado del "nuevo" concierto es que Euskadi todavía aportará menos de lo que ya aportaba al Estado. Mucho menos: unos 560 millones de euros menos cada año. Además, la Hacienda española le reconoce una especie de deuda histórica -por diferencias en el cálculo de la cuota de ejercicios anteriores- que supondrá el retorno a las arcas vascas de 1.400 de los 1.600 millones de euros en disputa.

De hecho, Madrid ya la ha realizado, la devolución, porque los vascos sencillamente irán descontando los 1.400 millones de lo que tienen que pagar de Cuota cada año de manera progresiva. En el 2007, la cuota se estableció en 1.565 millones que, en el 2016 habían pasado a ser 1.525. Con el nuevo acuerdo, pasan a ser 956, de los cuales el Gobierno vasco este año pagará 816, porque descontará el 10%, y así hasta la "devolución" completa de la deuda reconocida por el Estado.

La próxima vez ya no habrá "Cupo" para renovar porque la independencia fiscal de Euskadi será (casi) total

Al resumen estrictamente económico, hay que añadir, sin embargo, las contrapartidas más "políticas", la letra pequeña directamente vinculada con el pacto de los presupuestos de Rajoy, también del todo cuantificables: impulso en la Y ferroviaria vasca -la conexión por alta velocidad de las tres capitales, entre ellas, con Francia y con Burgos, la "frontera" española-, 3.380 millones de euros; rebaja de tarifas de electricidad para las empresas, con un ahorro de 50 millones de euros; plataformas logísticas de Lezo i Jundiz, 220 millones de euros; así como la conexión del Ertzaintza con los servicios europeos de seguridad. La policía vasca, en fin, podrá hacer persecuciones en caliente al otro lado de la frontera, como la Guardia Civil.

El mejor concierto económico de la historia de Euskadi lo ha pactado el mismo Rajoy que cerró la puerta en 2012 al pacto fiscal de Mas

El mejor concierto económico de la historia de Euskadi lo ha pactado el mismo Rajoy que en 2012 cerró la puerta al pacto fiscal que le planteó el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas en una reunión en la Moncloa. Mas formuló el ofrecimiento al presidente español, con amplia disposición negociadora, después de que 1 millón y medio de personas se manifestaran por la independencia en la Diada del 11 de septiembre. Urkullu ha obtenido el nuevo "cupo" -los castizos ya lo han bautizado como el "cuponazo"- semanas después de que lo que quedaba de la organización terrorista ETA entregara formalmente las armas, más bien sin pena ni gloria, tras 50 años de violencia y más de 800 asesinatos.

En el 2016 el gobierno de España, el ministro Cristóbal Montoro, reconoció a Catalunya un déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe del Estado en inversiones, de 8.800 millones de euros el año 2013. El cálculo de la Generalitat dobla esta cifra. Como todo el mundo sabe, Catalunya pertenece a las comunidades de régimen común, un sistema de redistribución interior de la riqueza que consiste en asfixiar financieramente a las más dinámicas para garantizar la paz fiscal, social, laboral y cultural -la Feria de Abril y el Rocío- in saecula saeculorum a las élites políticas y económicas de las autonomías consideradas "pobres" (los pobres con el estómago lleno, contrariamente a lo que decía Lenin, no suelen revolucionarse). El déficit fiscal catalán puso fin al secular "problema social" de España. Son las mismas élites políticas y económicas (hola, Susana Díaz) que, en plena posguerra, es decir, cuando la gente pasaba hambre y se torturaba y asesinaba, celebraban en paz la Feria de Abril y el Rocío o las grandes cacerías mientras centenares de miles de campesinos pobres eran enviados por el régimen a la emigración. Especialmente a Catalunya.

En aquellos años, Franco celebraba los "25 años de paz". Lo que no sabíamos, y nos ha cogido por sorpresa, es que seguramente a partir de ahora Catalunya también tendrá que financiar los 15 años de paz fiscal vasca.

Incluso el Fomento del Trabajo reconoce las trampas de Rajoy con Catalunya a los presupuestos que votarán el PNV y Cs -que quería suprimir el concierto vasco-

Las cifras de la desinversión pública del Estado en Catalunya de los últimos años y los que vienen son clamorosas: incluso Foment del Treball reconoce las trampas de Rajoy con Catalunya en los presupuestos que, "sin complejos", le votará el PNB -y los Ciudadanos de Albert Rivera que querían suprimir el concierto vasco-. Pero el gobierno del PP sigue negando la mayor y culpando de la situación a los independentistas catalanes.

Es normal que, siguiendo la línea marcada por Soraya Sáenz de Santamaría, los grandes empresarios catalanes aconsejen a Puigdemont y a Junqueras que renuncien al referéndum y se pongan a negociar partidas del pesupuesto con Madrid como hace Urkullu. El dinero quiere paz, aunque sea la de los cementerios. Y, como en Euskadi, que también es una nación, todo lo demás puede esperar. Lo que no es tan normal es que todavía no hayan entendido porque los españoles y los vascos siempre se acaban entendiendo.