Y a quien no le guste que se aguante

Hace daño al oído escuchar como una persona instruida y ponderada como Josep Lluís Cleries, senador de JxCat, habla alegremente de "amnistía de reconciliación" y espeta sin miramientos aquello de que "y a quien no le guste que se aguante". Hace daño por una doble razón. Primera, porque asume acríticamente el relato del PSOE sobre la ley de amnistía calificándola "de reconciliación". Y, segunda, porque cuando se queda descansado con el "y a quien no le guste que se aguante", lo hace dirigiéndose, a modo de advertencia, a los poderes del estado español dispuestos a boicotearla como sea, pero olvidándose de que también hay muchos catalanes, la mayoría independentistas, que la consideran la claudicación definitiva de los partidos que se rindieron tras el referéndum del Primero de Octubre y que, por lo tanto, pueden sentirse interpelados por el exabrupto.

Una amnistía, aprobada el jueves de la semana pasada en primera instancia por el pleno del Congreso y que ahora se pasará dos meses empantanada en el Senado por el filibusterismo del PP, que de golpe y porrazo se ha visto mezclada con la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas para el próximo 12 de mayo que ha decretado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al ver cómo el Parlament le devolvía el presupuesto de este 2024. La negativa de En Comú Podem a apoyar las cuentas públicas de este año si el Govern no retiraba el proyecto del macrocomplejo de ocio Hard Rock previsto en las comarcas de Tarragona, junto a Port Aventura, ha sido el detonante del adelanto de los comicios, que si se hubiera agotado la legislatura, habrían tocado en febrero del 2025. Pero en realidad parece más bien la excusa que el motivo.

La fijación de los de Jéssica Albiach con el Hard Rock, para el que precisamente en el ejercicio del 2024 no había ninguna partida presupuestaria asignada, hace talmente el efecto de ser el pretexto que necesitaba el 132º president de la Generalitat para convocar unas elecciones que, por sí solas, ERC tiene especialmente complicadas, pero que, con Carles Puigdemont como candidato de JxCat una vez se haya beneficiado de la aplicación de la ley de amnistía, tendrá aún más difíciles. ¿Ha realizado, pues, Pere Aragonès esta maniobra para que su predecesor no tenga tiempo de presentarse? Parece, cuando menos, que esta era la intención, tal y como estos días JxCat no se cansa de denunciar abiertamente, a pesar de la decisión tomada de que su máximo activo electoral se pueda sentar de nuevo en los escaños del Parlament después de seis años y medio de exilio (él mismo lo anunciará el jueves). Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas como unos y otros las presentan.

Nadie tiene presentes a los abstencionistas que se quedaron en casa para castigar el comportamiento de los partidos falsamente llamados independentistas y que un año después no tienen ningún aliciente para no seguir haciéndolo

El mandato actual ha tenido un futuro incierto desde el momento mismo en que se conocieron los resultados de las últimas elecciones catalanas, las del 14 de febrero del 2021, y se constató que JxCat quedaba por detrás de ERC y que, en consecuencia, no podría alcanzar la presidencia de la Generalitat como pretendía. Se hacía evidente que JxCat le haría sudar la camiseta a ERC lo que no estaba escrito, como en seguida se vio con una investidura que no llegó hasta la tercera votación, más adelante con la ruptura y la salida del Govern y finalmente erigiéndose en la oposición más beligerante en el Parlament. El 132º president de la Generalitat sabía desde el primer día que se movería en un terreno muy inestable y ha acabado aprovechando la oportunidad que le ha brindado un error de cálculo de JxCat al retrasar más de un mes la aprobación de la ley de amnistía para intentar ganarle la partida impidiendo que Carles Puigdemont llegara a tiempo de ser su candidato a la cita del 12 de mayo. Pero ni así lo habrá conseguido.

Y es que JxCat se ha apresurado a escribir su particular cuento de la lechera, según el cual el exalcalde de Girona no tendrá ningún impedimento para volver a competir en las urnas. Su calendario es que la ley salga del Senado a mediados de mayo, que el Congreso la apruebe definitivamente a final del mismo mes y que entre en vigor a comienzos de junio. Como el Parlament tiene veinte días hábiles después de las elecciones para constituirse y el nuevo presidente de la cámara diez para proponer un candidato a la Generalitat, esto sitúa los plazos en torno a la segunda quincena de junio, que es cuando Carles Puigdemont cuenta con estar amnistiado y, como resultado de la medida de gracia, con las órdenes de detención retiradas y, por tanto, con libertad para volver a Catalunya sin miedo a ser detenido. Dicho de otra manera, la campaña debería hacerla desde fuera —como ya pasó en las citas electorales del 2017 y el 2021—, pero podría estar presente en la investidura, que es justo lo que el Tribunal Constitucional exige para que sea válida, que tenga carácter presencial.

JxCat cuenta con poder hacer todo esto porque la propia ley de amnistía dice que debe aplicarse de manera inmediata y que las medidas cautelares deben levantarse al mismo tiempo, con independencia de que los jueces encargados de implementarla formulen consultas al Tribunal Constitucional o eleven cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es exactamente lo que harán. A pesar de todo ello, parece que no conozca cómo funciona la judicatura española, que ha dado muestras sobradas de que no permitirá la entrada de Carles Puigdemont en España si no es esposado y que bajo ningún concepto dejará que retorne en plan triunfal. Si tiene que prevaricar, lo hará, porque en realidad ya hace tiempo que lo hace, pero que si pone un pie en Catalunya será detenido aunque teóricamente la ley de amnistía haya entrado en vigor, es algo que debería dar por descontado. A no ser que sea esto lo que busca JxCat —como de hecho ha reconocido el abogado Gonzalo Boye—, para hacer más épica la vuelta de su candidato, con quien ya se ve nuevamente al frente de la Generalitat. Con permiso del PSC de Salvador Illa, que por ahora, y a la espera de cómo evolucione el caso Koldo, es quien tiene más números para ganar los comicios.

Hasta aquí la enésima pugna partidista entre ERC y JxCat por ver quién controla la parte más grande del pastel. Una situación en la que habrá que estar al tanto de cómo inciden, si es que lo hacen, la candidatura de la CUP, que se encuentra en pleno proceso de refundación, y las previsibles nuevas ofertas electorales de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols o de la marca Alhora de Clara Ponsatí y Jordi Graupera, una vez la militancia de la Assemblea Nacional Catalana ha desestimado la lista cívica que preconizaba la dirección. Pero lo que nadie ha tenido ni tiene presente es a los abstencionistas que hay dentro del independentismo que se quedaron en casa en las elecciones municipales del 28 de mayo y en las elecciones españolas del 23 de julio, ambas el 2023, para castigar justamente el comportamiento de los partidos falsamente llamados independentistas y que un año después no tienen ningún aliciente para no seguir haciéndolo. Nadie se ha preocupado ni se preocupa de encontrar la manera de repescarlos. Al contrario, todo lo que en los últimos meses han hecho especialmente JxCat y ERC para arreglarse su parcela con amnistías que resuelvan la situación personal de los dirigentes respectivos ha servido para irles alejando cada vez más.

En total, cinco candidaturas —seis si se contabiliza la de un Front Nacional de Catalunya que no tiene nada que ver con las siglas históricas— compitiendo por un mismo espacio independentista, aunque la mayoría está demostrado que no lo son, y que sólo consiguen hacer más evidente la fragmentación de este mundo. La clave será ver cuál de los partidos tradicionales estará, aunque sea indirectamente, detrás de la financiación de cada una de las nuevas listas para hacer daño a los rivales: por ejemplo, si desde ERC se untará a Aliança Catalana en la medida en que aparece como la principal competidora de JxCat o si desde JxCat se hará lo mismo con la lista de Clara Ponsatí y Jordi Graupera para arrebatar cuatro votos a ERC. Todos estos tejemanejes, sin embargo, es dudoso que valgan para atraer a abstencionistas, del mismo modo que el hecho de que JxCat lo fie todo al gancho electoral de Carles Puigdemont, que quizás servirá para motivar a la parroquia, es más que improbable que lo haga para convencer a quienes han optado por quedarse en casa.

Lo único que podría encauzar la situación sería un cambio de actitud radical en la línea de retornar al camino de la independencia que ERC, JxCat y la CUP abandonaron unilateralmente, dejando colgada a mucha gente, después de la pantomima de las declaraciones del 10 y el 27 de octubre de 2017. Pero por ahora no se avecina nada parecido. Mientras tanto, pues, que no se engañen, porque ninguno de ellos ni siquiera ha hecho caso de los avisos del 28 de mayo y el 23 de julio, y que no se extrañen si, contrariamente a lo que esperan, la abstención de los independentistas crece aún más. Y a quien no le guste que se aguante, como proclama un político tan sensato como Josep Lluís Cleries.