“La elección judicial del CGPJ es otra politización, la que va de manos de las asociaciones de jueces”

Díez-Picazo

Como si de un desgarro de Sabina se tratara, el CGPJ ha cumplido mil días y otras tantas noches sin renovar, por los santos bemoles de un Partido Popular que ha roto ya dos pactos y que está seguro de que no le pasará factura mantener esta inaceptable anomalía institucional que le aporta buenos réditos para su guerra jurídica.

El próximo lunes 6 tendrá lugar la tradicional apertura de tribunales en el Palacio de las Salesas bajo la presidencia de Felipe VI. Lesmes nos amenaza con hacer ante él “un discurso muy duro dirigido al PP y al PSOE” para que de una vez cumplan con el mandato constitucional de la renovación. Verán que Lesmes muy buen juez no es, ya que toda su dureza pasa por mantener una estúpida equidistancia. De todos es sabido, es un hecho, que es el Partido Popular y solo el Partido Popular el que se niega a renovar con las más peregrinas excusas y hasta con dos pactos rotos. Lesmes, al que el gobierno Aznar hizo director general en Justicia, va a abroncar a ambos como si sus posturas fueran iguales. Imparcialidad total. Tampoco va a dimitir a pesar de estar tan molesto según dice. Será porque durante esos mil días, con sus mil noches, él y los vocales de la Permanente siguen cobrando a precio de oro. Tampoco van a llorar.

Todo eso lo hará bajo la presidencia del rey, pero ¿debería ser así? ¿Debería el Rey asistir a una apertura de tribunales en la que se consagra la anomalía institucional, en la que lee su discurso un presidente del CGPJ y del Supremo más caducado que un Danone de cristal? No es ninguna tontería lo que pregunto, dado que su presencia allí no es obligada sino meramente coyuntural, una cosa de costumbre. El rey, que dejó de asistir a la entrega de despachos de jueces de la última promoción de la Escuela Judicial de Barcelona, ¿no debería dejar de ir al paripé de la apertura de tribunales bajo la presidencia de un señor que debería estar en su casa y con la presencia de todos los vocales que llevan mil días de okupas institucionales?

El CGPJ ha cumplido mil días y otras tantas noches sin renovar, por los santos bemoles de un Partido Popular que ha roto ya dos pactos y que está seguro de que no le pasará factura mantener esta inaceptable anomalía institucional que le aporta buenos réditos para su guerra jurídica

El rey llegó a presidir ese acto por la puerta de atrás, por así decirlo, y lo mismo que la entrega de despachos de jueces, podría dejar de presidirlo sin que pasara nada. A fin de cuentas, fue un pulso entre Pio Cabanillas y Carlos Sainz de Robles el que llevó a su padre a ponerse la toga y el collar de la Justicia y sentarse en ese acto. Corría el año 1980 y acababa de formarse el primer CGPJ de la historia. Llegado el momento de abrir el curso judicial, Pio Cabanillas informó de que lo presidiría él como ministro de Justicia como se había hecho en los 41 años anteriores —insisto, no está regulado en ningún lado— pero el presidente del CGPJ dijo que nones y que lo tenía que presidir él. Sainz de Robles intentó razonar con el ministro de Justicia y decirle que el Ejecutivo no podía presidir en el Tribunal Supremo, pero éste no se bajaba de la burra, así que el presidente del CGPJ recurrió a una maniobra envolvente. Comentó el lío protocolario al entonces presidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, que tenía una buena relación personal con Juan Carlos I y este se plantó en La Zarzuela y le contó la disputa. Fue el monarca el que dirimió la pelea al manifestar su voluntad de acudir al solemne acto en el Tribunal Supremo. Ante la presencia del rey, tanto el ministro como el presidente del CGPJ, tuvieron que desistir de presidir. A partir de ahí todo fue un seguir la costumbre del padre y ahora del hijo. No hay ninguna norma que diga que el rey debe estar en ese acto y, sin embargo, cada año se pone la fecha según su agenda.

El conflicto actual, la negativa de Casado a cumplir con su obligación constitucional, es tanto o más grave y enconado que la disputa de 1980 y si aquella se arregló con la decisión del Rey de acudir, a lo mejor ésta podría encauzarse con la ausencia del Rey. No entiendo cómo el jefe del Estado sigue sancionando con su presidencia este intolerable estado de cosas. Es tanto como dar un espaldarazo a que el caducado Lesmes siga sentado allí a su lado cuando se debería haber ido hace mil días, con sus mil noches.

La cuestión es que la negativa del PP a negociar es una estrategia que no solo le permite mantener las mayorías afines tanto en el CGPJ como en el Supremo, sino incluso en el Constitucional y no es asunto menor. La tentación del PP de mantener el bloqueo es muy grande. Recuerden que Casado ya se ve celebrando Consejos de Ministros en 2023, y que si se renovara ahora el Consejo su hipotético mandato se vería coexistiendo con un CGPJ de mayoría progresista al menos tres años, casi toda una legislatura que ya creen tocar. Ya están dejando caer por ahí cuál sería su próxima jugada de alcance, que no sería otra que intentar impedir que el Gobierno de Sánchez pudiera nombrar el año que viene a los dos magistrados del TC que le corresponden. El montaje teórico de los populares parte de que, tras la reciente reforma, el Consejo en funciones no puede hacer nombramientos y, por tanto, no puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. Los peperos pretenden que como la Constitución ordena que el TC se renueve por tercios cada cuatro años, si en esa fecha no se pueden renovar los dos magistrados del CGPJ, tampoco los dos del Gobierno, porque la renovación es “por tercios” y el tercio del total son cuatro magistrados. O los cuatro o ninguno así que ninguno, dice el PP. Para conseguir este nuevo hito del frentismo judicial, tienen que mantener caducado el CGPJ hasta julio del año que viene.

A lo mejor ha llegado el momento de que el rey no sancione con su presencia este estado de cosas que responde a un filibusterismo infumable del Partido Popular y que solo a ese partido beneficia

Todo esto está provocando situaciones que afectan a casos muy complicados y delicados y le da bazas a la derecha en las batallas que no puede ganar en el Parlamento. La imposibilidad de realizar nombramientos hace que cinco plazas de la Sala Tercera del Supremo, y una sexta en breve, estén sin cubrir. Esa sala es la que debe decidir si admite los recursos de los indultos y, en el caso escandaloso de hacerlo, resolver. Esa sala tiene también que deliberar y fallar el próximo día 19 de octubre sobre los recursos que el propio PP y Vox presentaron para anular el nombramiento de la fiscal general del Estado. Suenan tambores de que el CGPJ estaría pensando puede nombrar, cubrir esas vacantes con “suplentes” o magistrados “en comisión de servicio” que ellos mismos decidirían. ¿Saben lo que sucede con eso? Que podrían colocar a los jueces que ellos quisieran como de hecho ya ha pasado muchas veces en la Audiencia Nacional.

Un Tribunal Constitucional sin renovar tiene sobre la mesa la posibilidad de seguir fallando en contra del estado de alarma de seis meses —que aún tiene pendiente, y que sería otro palo para el Gobierno— y de tantas otras cosas que serían bazas para la oposición hasta las próximas elecciones.

La anomalía institucional es grande y solo tiene unos beneficiarios.

A lo mejor ha llegado el momento de que el rey no sancione con su presencia este estado de cosas que responde a un filibusterismo infumable del Partido Popular y que solo a ese partido beneficia.

A lo mejor es hora de que o él o el Gobierno, que debe sancionar sus actos, dejen claro que la situación es tan anormal que no puede ser representada como si nada anormal sucediera.

¿A que no pasa? El acto es en Madrid y no en Barcelona.

No pasará.