El gobierno de Pedro Sánchez —aparte del anuncio sobre pisos de la Sareb— se ha puesto manos a la obra, con un acuerdo de mayorías, para una nueva ley de la vivienda que se ha proclamado ya a bombo y platillos. No debe tener nada que ver con que estemos en periodo electoral; por mucho que el problema de poder pagarte un lugar para vivir, ya sea de alquiler o de compra, es uno de los quebraderos de cabeza recurrentes, y más grande cada día que pasa, de la gente que vive y trabaja en territorio español.

La nueva ley viene a dar un empuje a los inquilinos, dado que el alquiler es una de las supuestas asignaturas pendientes de este estado en comparación con otros estados europeos. No lo negaré; pero lo cierto es que el problema aumenta con las comparaciones directas sin más reflexión sobre los modelos y en la incapacidad de crear un modelo propio según las características y circunstancias concretas de cada territorio. Eso es así para al caso español y específicamente, también a pesar del problema de competencias propias, del caso catalán.

Llevamos años con la discusión estéril de si propiedad o alquiler, enfrentando los dos conceptos, sin entender y asumir las diferencias culturales y políticas —en este caso las políticas fueron las que marcaron el camino— que nos han hecho un país más propietarios y propietarias que de arrendatarios e arrendatarias.

En segundo lugar llevamos años, casi los mismos, intentando incidir en el aumento del parque de alquiler y por lo tanto de pisos, básicamente, en alquiler con grandes proclamas políticas y administrativas contra los tenedores. Con una mejora significativa, últimamente, focalizando en los grandes tenedores; mientras estos mismos políticos y políticas en el gobierno no han sido y siguen sin ser capaces de poner en el mercado una oferta lo bastante razonable e influyente, —solo es una cuestión de números en la lógica de su mismo planteamiento—, de pisos de alquiler con precios no especulativos.

Todo un círculo vicioso con el que nos entretienen mientras los años pasan y a cada nueva generación les empobrece más que a la anterior el pago de la vivienda; ya sea de alquiler o de propiedad, lo que hace uno de los agujeros más grandes en el bienestar de las familias

Todo un círculo vicioso con el que nos entretienen mientras los años pasan y a cada nueva generación les empobrece más que a la anterior el pago de la vivienda; ya sea de alquiler o de propiedad, lo que hace uno de los agujeros más grandes en el bienestar de las familias.

Y lo que es más importante y se deja siempre de lado, de hecho ni es un elemento clave en el debate, es la distribución de la población en el territorio. Catalunya es un país pequeño, dejando al margen si eso es una ventaja o una desventaja, lo que hace falta es aprovechar la ocasión. Todos estos años han sido tiempo perdido para hacer las distancias más cortas en tiempo y más baratas en dinero. Hacía falta, y todavía hace falta, una buena red de transporte público de todo tipo que acortara también la diferencia en las oportunidades de vida que ofrecen Barcelona y su área metropolitana —y lo mismo para cada capital de provincia, e incluso de comarca—, con prácticamente cada punto del territorio.

Decir eso después de que Renfe, la inefable compañía española de maltrato de viajeros y viajeras, haya tenido unos cuantos trenes parados en las vías, —como día sí y día también, por lo menos, en Catalunya—, puede parecer que lo hace menos importante o irrelevante, o, directamente imposible. Pero lo cierto es que si nos hubiéramos puesto serios, a estas alturas y a pesar de las subidas del mercado, viviríamos con mucha más calidad de vida a unos precios más asumibles y en un territorio mucho más equilibrado.

Y con respecto a los futuristas o adelantados a los tiempos, cabe decir que tampoco tengo claro que la prevalencia futura del trabajo a distancia haga de esta una pantalla pasada, porque desplazamientos los hacemos por muchos motivos, tan obligados como no, y todavía no contemplo —a corto plazo por lo menos— que todo lo hacemos en el metaverso.