Ya tenemos aquí la investigación contra el presidente Puigdemont y Ruben Wagensberg por terrorismo, con toda esta prosa ilegible que hemos podido leer por todas partes y que se otorga la capacidad de ver las cosas donde no están, pero donde podrían haber estado, o incluso donde podrían llegar a estar en el futuro, dependiendo de si la Ley de Amnistía dice una cosa u otra o la de más allá. Es decir, que Marchena y compañía, como ya hicieron con la sedición, se guardan la carta de señalar otras concepciones de terrorismo (que es un concepto voluble, afirman) en caso de que estas concepciones resulten amparar a personas relacionadas con el independentismo catalán. Bueno, una persona en concreto, seamos honestos: los jueces han decidido castigar a Puigdemont por lo civil o por lo penal, pero también por el mercantil, el administrativo, el urbanístico, el canónico, el político y el militar. Quien acuse a los partidos independentistas de velar sólo por un solo hombre en esta negociación, quizás lo tienen confundido: son los jueces, junto con los negociadores del PSOE (del PP y de VOX no hace falta ni hablar), quienes muestran una obsesión cada vez más enfermiza hacia el presidente. El único perseguido que, por ahora, se muestra fuertemente blindado jurídicamente a pesar de todo.
Dicho de otro modo: no sé qué más necesita al PSOE para entender que una amnistía en un conflicto político, si no es global, no acaba resolviendo nada. Al igual que en el año 77, o todos moros o todos cristianos y sobre todo si se trata de empezar a hacer política. De ver si lo de España tiene solución democrática, que es tanto como decir si lo de Europa tiene solución democrática: vuelvo a decir que no es en la pérfida Rusia donde se ha intentado encarcelar a todo un gobierno democrático entero por delitos inexistentes, por violencias atmosféricas imaginarias, por retuitear un tuit demasiado pronto o por fortuitos ataques al corazón junto a la terminal de un aeropuerto. Esto ha sucedido y todavía sucede en Europa, donde representa que debemos querer quedarnos. Y en cuanto a Cataluña, que ni de lejos es el problema a resolver, cuando se haya acabado de comprobar si España es reformable o no (espóiler: no lo es) deberá plantearse cómo piensa hacer valer sus derechos a partir de ahora y cómo piensa ejercerlos. Como esta es la parte más interesante, y no este lío que se ha hecho España con su supuesto Estado de derecho, estoy impaciente por saber en breve cómo se pasará la página y qué nos pondremos a hacer entonces colectivamente. Porque sí, señor Pedro Sánchez, no sufra que las páginas se pasen y se pasarán. La pregunta es qué página vendrá después.
Los jueces han decidido castigar a Puigdemont por lo civil o por lo penal
Me preguntan si creo que la ley se aprobará. Yo creo que finalmente sí, pero también creo que ahora mismo no. Creo que hay otras formas de hacer valer las razones independentistas, no solo por la vía de los tribunales europeos (que están visiblemente pendientes de cómo termina toda esta negociación) sino también por la vía de los cambios de pareja, las amnistías sin ley o simplemente el tirar por el derecho. Lo que sé es que el año 77 habría sido un error decir "amnistía para todos, excepto para los comunistas", o bien "amnistía para todos, excepto para este y este". Hoy todavía se resentiría la ya suficientemente resentida institucionalidad española, de apariencia tan democrática. Con la agravante de que, en esta ley, excepcionar el delito de terrorismo es tanto como excepcionar los delitos contra el medio ambiente: es hablar de cosas que simplemente no han existido, y que nada tienen que ver con los hechos del procés. Y, como nada tienen que ver, no pintan nada en esta ley.
Dicen los fachas de derechas y de izquierdas que lo que hace falta es proteger el Estado de derecho, pero me temo que protegiéndolo de esta forma están olvidándose de ser un estado democrático. Se trataba de ser las dos cosas a la vez, tres cosas de hecho: social, democrático y de derecho. Pues bien, se están dejando la esencial. Y también me temo que no les quedaba otra: nos están diciendo en la cara, los jueces y el rey y todas las viejas instituciones del Estado, que si no pueden encontrar vías legales para anularnos se las inventarán sin ningún problema. Y si el PSOE no puede detener esto, porque no tiene tanta ascendencia sobre las instituciones y los jueces como tiene el PP, o porque no se atreve a hacer una Ley de Amnistía ya no valiente, sino con cara y ojos, quizás lo que habrá que romper la baraja y volver a empezar. Ante los mediadores internacionales y la Comisión de Venecia, acreditar que ni el Estado puede (ni quiere) ni el PSOE quiere (ni puede) realmente reconducir nada. Y que tenemos, en medio de Europa, un Estado arbitrario y autoritario donde los derechos políticos básicos simplemente no valen nada y donde la protesta, que ahora es la independentista, pero que más adelante puede ser la de los tractores o la de los controladores aéreos, debe ser fuertemente reprimida porque este Estado no puede permitirse más que reprimirla, para evitar deshacerse en mil pedazos.
A mí me parece muy claro que no es Catalunya, y menos Carles Puigdemont, quien tiene el problema.