El pacto Junts-PSOE inicia una nueva etapa que no se había explorado nunca antes desde la Transición. Si miramos más allá, podríamos fácilmente decir que no ha habido ninguna situación similar desde 1714, momento en el cual Felipe V impuso el catastro que multiplicó drásticamente la presión fiscal de los catalanes. Empezaba así la discriminación económica por razones políticas sobre los catalanes del momento, y que ha llegado hasta hoy, ahora en forma de un déficit fiscal cercano a los 22.000 millones anuales.

Junts propuso una comisión para evaluar la deuda histórica del Estado con Catalunya a finales de 2021 que acabó sus trámites y aprobación de conclusiones la semana pasada. Las conclusiones de la comisión ya se han hecho públicas, pero, como recordatorio, y fruto de las comparecencias de los 13 economistas expertos que han participado, podemos decir que la deuda histórica es próxima a los 456.000 millones de euros. De este importe podríamos destacar que la partida social sería la más alta, cerca de 375.000 millones, seguida de infraestructuras, 51.000 millones, y de pensiones, con 30.000 millones.

Cabe decir que la propuesta de Junts para poner en marcha esta comisión era disponer de datos y argumentos para negociar con el Estado los activos y pasivos en el momento que culmináramos la independencia, ya que esta era la legislatura del 52% para culminar, y a final de 2021 Junts estaba en el gobierno e intentaba convencer a ERC de que hacía falta una hoja de ruta para culminar la independencia, con el resto de partidos y entidades.

Pero ya sabemos todos cómo acabó. Primero ERC consiguió que la CUP se desmarcara de la aprobación del presupuesto 2022 y, por lo tanto, ERC se sintió legitimada para incumplir el acuerdo que habían firmado con la CUP de poner en marcha una moción de confianza al cabo de dos años y después incumplieron el acuerdo con Junts que obligaba a negociar de forma conjunta en Madrid con la fuerza de los 23 diputados.

Sin una financiación adecuada, no hay un sistema de salud suficiente, ni una educación con visión de futuro, ni una transición energética urgente, ni una protección social de acuerdo con nuestra generación de riqueza

Como todos tenemos ya claro que ERC no tenía ninguna intención de culminar la independencia en esta legislatura, y de hecho, acordó con el PSOE abandonar la vía de la confrontación, hemos tenido que aprovechar los 7 diputados imprescindibles para investir al presidente Sánchez, con el fin de hacer lo que se tendría que haber hecho hace 4 años: exigir al gobierno español el establecimiento de una negociación bilateral, de tú a tú, con un verificador internacional de alto nivel.

Y dentro de esta negociación, bajo el marco definido en el acuerdo firmado entre Junts y PSOE hace unas semanas, se incluye un primer punto a negociar que es la recaudación de todos los impuestos desde la Generalitat de Catalunya, una de las propuestas aprobadas en las conclusiones de la comisión de estudio de la deuda histórica, pero no la única.

El acuerdo con el PSOE habla de la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno, y también que los acuerdos a los cuales se llegue tienen que ser demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya, donde reside la soberanía del pueblo de Catalunya. Pues eso es lo que hay que hacer en los próximos meses y la base la fijan las conclusiones de la comisión de la deuda histórica aprobadas gracias a los votos de los grupos independentistas, ERC, Junts y la CUP.

¿Cuáles son estas propuestas? Lo más importante es que propone un acuerdo bilateral y singular para la soberanía fiscal de Catalunya, no un nuevo café para todos. Con respecto a reparar parte de la deuda, hemos aprobado la cancelación del 100% de la deuda del FLA, no el 20%, ya que, como han reconocido los economistas que han comparecido, se ha asumido esta deuda a causa de la infrafinanciación continuada durante décadas. También hemos incluido en materia de infraestructuras la necesidad de fijar plazos para liquidar el importe pendiente de la adicional tercera del Estatut y la compensación de las inversiones no ejecutadas desde el 2014, así como una financiación extraordinaria para compensar la situación estructural en el ámbito de sanidad. Por otra parte, hemos hecho evidente que hace falta que el Estado ceda el 19% de los fondos NGEU con un sistema de control y seguimiento.

Pero las propuestas más importantes hacen referencia a reducir drásticamente el déficit fiscal futuro, y en este caso las propuestas que hemos hecho pasan por aprobar una ley singular para la transferencia a la Generalitat de la gestión y recaudación de todos los impuestos generados en Catalunya, así como la creación de la agencia de Seguridad Social catalana que permita impulsar un sistema de pensiones propio que tendría que iniciarse con una hucha de pensiones equivalente al déficit acumulado de las cotizaciones de los catalanes en comparación con las pensiones recibidas y, finalmente, hace falta un mecanismo que permita compensar de manera automática las futuras inversiones no ejecutadas por el Estado en Catalunya.

Obviamente, estas demandas tienen que formar parte de las negociaciones entre Junts y PSOE que empiezan este mes de noviembre con el primer gran punto, que es la cesión del 100% de los tributos a la Generalitat, y tendrá que ir avanzando de manera planificada con el resto de puntos.

De cómo evolucione esta negociación, y de otras cuestiones no menos importantes como la amnistía y la autodeterminación, dependerá el bienestar de los catalanes, ya que, sin una financiación adecuada, no hay un sistema de salud suficiente, ni una educación con visión de futuro, ni una transición energética urgente, ni una protección social de acuerdo con nuestra generación de riqueza. Pero también depende de ello la estabilidad del Gobierno de España, y por lo tanto, si el presidente Sánchez tiene ganas o necesidad de seguir siendo presidente, ya sabe qué tiene que hacer.

 

Joan Canadell, diputado de Junts per Catalunya