"Respeto el derecho a huelga, pero también pido respeto por el derecho a la educación". Esta afirmación del president Illa en la radio pública del país el lunes antes de la enésima jornada de huelga de los docentes contiene, condensa, sintetiza de una forma maravillosamente compacta el modus operandi del gobierno de los socialistas ante las urgencias del país. En esta falsa dicotomía, en este enfrentamiento de derechos digno de tu cuñado pasado de cava en la sobremesa de Navidad, se lee diáfana y claramente la pulsión totalitaria del gobernante que prefiere silenciar las demandas de los gobernados antes que, efectivamente, gobernar. La carambola dialéctica del momento es un poco menos explícita que esto que escribo, pero no por ello es ni menos torpe, ni menos demagoga: en la confrontación de derechos que hace el president Illa, hay la voluntad de hacer perder apoyo social a una huelga que, por poco que se esté en contacto con la educación pública, se entiende que tiene razón de ser.
Pero Salvador Illa no quiere enfrentarse a las razones de fondo que avivan la huelga, no quiere ser el presidente que ponga en marcha una reforma estructural del sector educativo compleja y, por lo tanto, lenta, sin poder recoger el rédito electoral. Y para esquivar el pastel, se hace chantajistamente propietario de los intereses de los niños y los convierte en un arma arrojadiza contra quien va a la huelga, precisamente, porque constata diariamente cómo el derecho a la educación es conculcado. Es irónico que quien se presenta ante el electorado como muro de contención contra la extrema derecha use los mismos métodos que las posiciones políticas que dice querer contener: consignas simplistas y respuestas superficiales a problemas multifactoriales. En este caso concreto, el president de la Generalitat estigmatiza al colectivo de maestros y profesores porque, desligando derecho de huelga y derecho de educación, puede presentarlos como un colectivo que se pone por encima de los niños —más vulnerables— para lograr unos objetivos que no tienen nada que ver. Puede insinuar que se mueven por propósitos egocéntricos. Y puede, en último lugar, desatender sus demandas por ilegítimas y tildarlas de manías infundadas.
En la confrontación de derechos que hace el president Illa, hay la voluntad de hacer perder apoyo social a una huelga que, por poco que se esté en contacto con la educación pública, se entiende que tiene razón de ser
En este país, a veces parece que basta con el argumento de que los docentes tienen muchos días de vacaciones —o más días de vacaciones que quienes nos dedicamos a otra cosa— para colgarles la etiqueta de la holgazanería y del funcionariado y desproveerlos de voz. De hecho, si pudiéramos cifrarlo, comprobaríamos que un grueso nada despreciable de los encuestados —sobre todo quienes no tengan hijos o no los lleven a la pública— no saben por qué maestros y profesores hacen huelga. Y otro grueso nada despreciable de los encuestados, posiblemente respondería que la cosa solo va de pasta, que están en la calle porque quieren más dinero y ya está. Cuando Illa realiza según qué afirmaciones, se dirige a esta gente. La realidad, sin embargo, es tozuda. Y los docentes, también. La escuela inclusiva hace aguas y los alumnos con necesidades especiales no reciben ningún tipo de apoyo especial. Muchas escuelas e institutos no disponen de ningún sistema de climatización y las clases se imparten, de mayo a octubre, en aulas con temperaturas por encima de los treinta grados. Las ratios hacen inviable una educación homologable.
La escuela catalana está saturada y castellanizada, las aulas de acogida no acogen y, a todo ello, hay que sumarle la epidemia de los currículos absurdos, la digitalización, la gestión emocional y unos métodos educativos —competencias, proyectos— impuestos por el Departament d'Educació, que, por mucho que el sabotaje de las pruebas PISA y de las Competencias Básicas en Catalunya trate de ocultar, están dando unos resultados pésimos. Los niveles de aprendizaje de los niños catalanes están bajo mínimos, y con eso debería bastar para no tratar a los docentes de locos, de avaros o de descarados en la radio pública cuando ponen el cadáver sobre la mesa. Y cuando lo hacen, por cierto, dejándose una parte del sueldo. Cuando el president Illa dice "respeto el derecho a huelga, pero también pido respeto por el derecho a la educación", refuerza la idea de que él, como president de la Generalitat, no tiene que resolver ningún problema, ya que problema no hay ninguno. O ningún otro, al fin y al cabo, que los propios profesores.