El acuerdo por la amnistía es algo trascendental, porque desactiva la represión y muchas personas dejarán de sufrir las injustas consecuencias de su compromiso con la defensa de las libertades, pero también porque demuestra que lo que parecía imposible no lo es. La amnistía es una bocanada de optimismo y de esperanza, porque demuestra que todo es posible. Pero también la amnistía marca un punto de inflexión en la política española, porque la ofensiva de las fuerzas reaccionarias es y seguirá siendo brutal, así que a partir de ahora nadie podrá desentenderse de esta batalla.

La investidura de Pedro Sánchez ya no tendría marcha atrás si no fuera porque, teniendo todos los poderes del Estado movilizados para impedirlo como se está demostrando estos días, cualquier resbalón que retrase la votación del Congreso puede propiciar una catástrofe. No sólo los partidos de la derecha, también la Audiencia Nacional y la Guardia Civil están tomando decisiones que no tienen otro objetivo que boicotear el pacto de la investidura.

La ofensiva del búnker judicial parece exigir una intervención extraparlamentaria para destituir a Pedro Sánchez

Difícilmente los ciudadanos pueden tomarse en serio el fariseísmo de los líderes de la derecha deslegitimando la mayoría parlamentaria democráticamente elegida. Más grave y preocupante es la ofensiva del búnker judicial para impedir la articulación de la mayoría parlamentaria progresista. Los jueces considerados conservadores que con el mandato caducado desde hace cinco años siguen atrincherados en el Consejo General han promovido una declaración contra la ley de la amnistía que en el fondo viene a pedir una intervención de no se sabe quién, pero en todo caso extraparlamentaria.

Sostienen los mismos jueces que legitimaron el golpe de estado del 36 y la legalidad de la dictadura de Franco, que la ley que debe amnistiar a los represaliados del proceso soberanista catalán supone “el principio del fin” de la democracia y que “rompe las reglas de la Constitución de 1978 y hace volar por los aires el Estado de derecho”. Los jueces no tienen ninguna legitimidad para opinar colectivamente sobre las leyes y enmendar la plana al poder legislativo. Menos aún de forma preventiva cuando todavía la ley no se ha tramitado ni ha sido aprobada. Sin embargo, si el Poder Judicial hace un pronunciamiento declarando que se está rompiendo el orden constitucional, resulta que la Constitución encarga a las Fuerzas Armadas “garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y su ordenamiento constitucional”. De alguna forma, con estos argumentos, la caverna judicial está legitimando una eventual intervención para impedir la elección o destituir a Pedro Sánchez.

España atraviesa una crisis política sin precedentes desde la muerte de Franco. La amnistía marca un punto de inflexión y la ofensiva de las fuerzas reaccionarias contra la mayoría republicana requerirá una respuesta en defensa de la democracia de la que nadie podrá desentenderse

No se trata de llamar al mal tiempo, pero es evidente, y vale la pena ser conscientes, de que España sufre la crisis política más grave desde la muerte del dictador y no está nada claro ni cuándo ni cómo acabará. Es más grave que el golpe del 23-F. Entonces los golpistas no tenían ninguna posibilidad de éxito, no existían dos bandos enfrentados, mientras que ahora los que no aceptan la legitimidad del resultado electoral del 23-J y los acuerdos de la mayoría sí controlan suficiente poder como para hacer el país ingobernable tanto tiempo como sea necesario hasta que, aprovechándose del caos, vuelvan a imponerse. Es, de hecho, la misma estrategia de siempre de la España que nos ha de helar el corazón.

Así que si los negociadores se apresuran, quizás este mes Pedro Sánchez salga investido presidente del Gobierno, pero la batalla no habrá hecho más que empezar. Hay un argumento de la derecha que es cierto. La amnistía es una forma de reconocer que hubo una causa general contra el independentismo y que los tribunales intervinieron con criterios de represión política. Y por eso es mejor olvidar. Ahora bien, ni el búnker judicial ni sus brazos políticos no olvidarán. Las iniciativas desestabilizadoras serán constantes. Y los ataques siempre serán por el flanco más débil de Sánchez como es el acuerdo con los independentistas. Y aquí es donde el pacto de investidura adquiere por parte de los grupos independentistas una dimensión de compromiso en defensa de la democracia. De la democracia española, por supuesto. Y si los independentistas se sienten antes demócratas que independentistas, no podrán escaquearse de los desafíos que plantee la caverna como si la cosa no fuera con ellos. Porque irán contra ellos para derribar a Sánchez. Y esta ecuación marcará el inicio de una nueva etapa política que, se mire como se mire, en el Congreso de los Diputados estará liderada por una mayoría republicana. Eso es lo que duele.