El culebrón de la negociación por los presupuestos de la Generalitat de 2023 sigue sin tener un final definido, al menos aparentemente. Como el asunto que se trata es de naturaleza política, y como solo los que intervienen tienen toda la información, uno no sabe qué argumentos son de carácter estratégico o solo de orden táctico, y qué persigue cada implicado en el medio y largo plazo y a cambio de qué. En la práctica, sean cuales sean las motivaciones de los negociadores, sería una lástima que acabáramos con presupuestos prorrogados, con todo lo que eso implicaría de renuncia a una elevación del nivel de actuación del gobierno catalán en ámbitos como la educación, la sanidad, las políticas sociales o las inversiones.

Lo que es cierto es que en el tira y afloja, al cerrar este artículo, el asunto se encuentra en una especie de callejón sin salida de resultado incierto que no tendría que extrañar a nadie si no fuera porque en la negociación interviene de manera determinante el hecho de que en el intercambio se han añadido asuntos que no son presupuestarios, sino competenciales de la Generalitat. Los dos más conocidos son los macroproyectos de Hard Rock y de la ampliación de El Prat. Tanto sobre el uno como del otro he expresado mi opinión en múltiples ocasiones y en este caso no pretendo más que poner de relieve lo que en mi humilde opinión es un despropósito. Me explicaré.

Para empezar, uno tiene la incertidumbre de saber si el hecho de poner sobre la mesa los dos macroproyectos más polémicos de los últimos años en Catalunya a cambio de permitir tener presupuestos en 2023, es una condición sine qua non o bien es una exigencia sobre la cual se piensa transigir, pero que sirve para aumentar el valor de cambio de la negociación. En cualquier caso, quien propone estas exigencias da señales claras de su posición favorable a los dos proyectos y envía claramente el mensaje de que si un día gobierna, todo esto saldrá adelante. Señal recibida.

Poner la ampliación de El Prat en la mesa de negociación hace levantar desconfianza de sumisión a intereses privados, sin tener en cuenta la saturación territorial de una parte del país, la profundización en el modelo turístico actual ni los elementos medioambientales

Más allá de su valor real, el hecho de que permitir los dos proyectos indicados sea moneda de cambio en la negociación de unos presupuestos que no tienen nada que ver con ellos, chirría a ojos de cualquier observador. Por su carácter oportunista, pero mucho más importante, por la naturaleza de los proyectos y por qué partido hace la exigencia.

El de la ampliación de El Prat es un proyecto que interesa a la empresa Aena, participada en un 49% por capital privado y una de las de más valor de capitalización bursátil del Estado. Aena, que tiene en El Prat una auténtica teta, no cumple compromisos de otras ampliaciones anteriores, vende la ampliación como quien se saca un conejo de la chistera sin análisis serios de costes y beneficios, utiliza un argumento de creación de hub que no es verosímil, profundiza en el turismo de masas y más contaminación, tiene entre manos una operación inmobiliaria de gran calado que le permitirá financiar la deseada ampliación. Si el proyecto (incluida La Ricarda) es de interés público, se tendría que explicar mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta el momento, ponerlo en la mesa de negociación hace levantar desconfianza de sumisión a intereses privados, sin tener en cuenta la saturación territorial de una parte del país, la profundización en el modelo turístico actual, los elementos medioambientales, entre otros.

Que tengamos que ser atractivos por un elemento que se basa en la destrucción de riqueza por la vía del azar y con múltiples efectos colaterales potenciales relacionados con el vicio y la seguridad, no parece demasiado de interés público

El de Hard Rock es un proyecto no se queda atrás en cuanto a dudas sobre su interés público. Con dos añadidos: el componente ético, el hecho de que la piedra angular sea el juego (un macrocasino) es poco edificante desde muchos puntos de vista. Que tengamos que ser atractivos por un elemento que se basa en la destrucción de riqueza por la vía del azar y con múltiples efectos colaterales potenciales relacionados con el vicio y la seguridad, no parece demasiado de interés público. Eso sin entrar en la consideración de lo que representaría el proyecto en cuanto a modelo económico: consolidación del turismo masivo y creación de puestos de trabajo para los cuales el país ni tiene gente ni interesan a los autóctonos. Que lo proponga un partido de izquierdas resulta todavía más extraño. Francamente, se tendría que explicar mejor.

Si algún aspecto positivo ponen sobre la mesa las exigencias de estos dos proyectos por parte del PSC, es que el país, con la Generalitat al frente, todavía tiene algún ámbito competencial, sobre todo en territorio, que resulta determinante para sacarlos o no adelante. Más vale eso que nada, mientras no nos lo quiten.

Todo un poco triste, e independientemente de cómo se acabe la negociación, el caso retrata el nivel oportunista de quien propone proyectos llenos de sombras en cuanto a su interés público. Y lo hace como elemento de canje en una negociación que, precisamente, va de ingresos y gastos públicos.