El auto del juez Llarena con el cual reanuda su estrategia para capturar y encarcelar al presidente Puigdemont pone en evidencia que las reformas del código penal solo han servido para perfeccionar y homologar en el contexto europeo los mecanismos de represión del Estado español.

El conflicto de Catalunya con España no es un conflicto con el Gobierno del Estado sino con el Estado en su conjunto y la persecución política del independentismo continúa y continuará desatada desde todas las instituciones del Estado, con el pretexto del fundamento constitucional que afirma unívocamente la nación española como indisoluble e indivisible y con el espíritu legionario del con razón o sin ella.

Hasta ahora ha sido imposible conseguir la extradición de los dirigentes independentistas exiliados porque las acusaciones formuladas no se aguantaban. No coincidían los hechos ni los tipos de delitos. Solo el delito de malversación era homologable, como puso de manifiesto el Tribunal de Schleswig-Holstein. Entonces, Llarena, aunque hubiera podido reclamar a Puigdemont, rechazó la extradición porque no se podía permitir el ridículo de juzgar al presidente solo por malversación y a sus subordinados por la insólita rebelión que el tribunal alemán había descartado absolutamente.

El retorno de Marta Rovira y Carla Ponsatí de su exilio es el único beneficio de la reforma del código penal, a cambio de estrechar el asedio para atrapar a Puigdemont y aplicar las penas más severas a todos los acusados por malversación

Ahora, una vez los otros consellers y dirigentes independentistas están condenados (e indultados), Llarena no reclamará a Puigdemont y el resto de exiliados por desórdenes públicos porque la condena sería escasa desde el punto de vista de su voracidad persecutoria. Así que reclamará a Puigdemont por malversación y, como se podía prever, pedirá para él la pena máxima, en el caso de Puigdemont, hasta 12 años de prisión. Y de rebote fijará un precedente para el resto de acusados por malversación que todavía están pendientes de juicio, entre ellos dirigentes de ERC como Lluís Salvador y Josep Maria Jové.

Obsérvese el detalle que demuestra que la reforma del código penal tal como se ha hecho puede resultar incluso contraproducente. El Tribunal Supremo condenó a los consellers Bassa, Romeva y Turull a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación, sin precisar cuánta prisión correspondía a cada delito. Al conseller Joaquim Forn lo condenaron a 10 años y 6 meses, solo por sedición. Tenemos que calcular pues que la condena por malversación de Bassa, Romeva y Turull era la diferencia de condena con el conseller Forn, es decir, 12 años menos 10 años y 6 meses da como resultado solo un año y medio de prisión. Sin embargo, Llarena ya ha dejado claro que la reforma del delito de malversación no hace necesario revisar la acusación por este delito, por lo tanto, se aplicará ahora el código penal con la máxima severidad no solo a Puigdemont —12 años— sino al resto de acusados por malversación. Todo el mundo ha entendido que el auto de Llarena no lo ha escrito a solas. Es la respuesta orgánica de la sala segunda del Tribunal Supremo que preside el ínclito magistrado Manuel Marchena para impartir doctrina.

El auto de Llarena, con el copyright de Marchena, que incluye insólitos y furibundos ataques contra el legislativo y el ejecutivo, confirma que el conflicto catalán sigue siendo la palanca de los poderes fácticos del Estado para descabalgar a Pedro Sánchez de La Moncloa y cerrar el paso de los grupos republicanos a las instituciones del Estado

Hay que alegrarse porque la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, sí podrá volver de su exilio suizo sin amenaza de ingresar en prisión. Este (y de rebote lo que pueda afectar a la consellera Ponsatí) es el único beneficio que ha propiciado el pacto PSOE-ERC, a cambio, obviamente, de estrechar el asedio para atrapar a Puigdemont, tal como está celebrando el Gobierno, el PSOE e incluso El País. Obviamente, los negociadores de ERC, que querían evitar la prisión a sus represaliados se distrajeron otra vez y los del PSOE... vete a saber si lo hicieron por ignorancia, por imprudencia, por inconsciencia o por mala leche.

Sin embargo, no es tan seguro como auguran algunos que una hipotética entrega de Puigdemont a la justicia española —improbable por muchos motivos— la pudiera capitalizar Pedro Sánchez como un éxito político suyo. No es necesario decir que la extradición y encarcelamiento de Puigdemont provocaría una nueva crisis política de consecuencias hoy por hoy imprevisibles que afectarían sin duda a la estabilidad política en Catalunya y de rebote en España. Volvería sin duda la euforia del "a por ellos" y, más allá de las consecuencias electorales —seguramente nefastas para el PSC en Catalunya— haría prácticamente imposible la reedición de la actual mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

El auto de Llarena, con el copyright de Marchena, que incluye insólitos y furibundos ataques contra el legislativo y el ejecutivo, confirma que el conflicto catalán sigue siendo la palanca de los poderes fácticos del Estado, la derecha recalcitrante y la quinta columna socialista para descabalgar a Pedro Sánchez de La Moncloa y cerrar el acceso de los grupos republicanos a las instituciones del Estado.