Estos días está pasando lo que no ha pasado en dos años. El país está en ebullición. Los jóvenes, a su manera, también han salido a la calle y ponen en cuestión muchas cosas, la más evidente de las cuales es la forma de actuar de los diferentes cuerpos policiales del estado español, de los cuales forman parte los Mossos, nos guste o no.

El independentismo —y más allá—, identifica la escuela catalana, los medios públicos de comunicación, el sistema de salud y los Mossos como estructuras de Estado que ya tenemos, a pesar de sus carencias —fruto de las continuadas interferencias que sufren y de los propios errores, dicho sea de paso—. Mientras ayudábamos a desarrollar el estado de las autonomías y no lo cuestionábamos, parecía que todo iba bien. Con tira y aflojas, pero fuimos avanzando... hasta que coincidieron los dos grandes hechos que están en el origen de nuestro proceso de independencia nacional: la crisis y la sentencia del Tribunal Constitucional que modificó el Estatuto de autonomía aprobado en referéndum popular en el 2006.

Es en este contexto que hay que situar la ley Wert y todas las acciones protagonizadas por el PP primero y por Cs después, con la voluntad manifiesta de acabar con el modelo catalán de enseñanza pública para herir de muerte el uso social del catalán, del cual la inmersión lingüística sólo es la condición necesaria. Frases como las del siniestro ministro Fernández Díaz refiriéndose a la sanidad catalana y congratulándose de estar hundiéndola, o las contínuas amenazas de todo tipo en TV3 y la presión fiscal a que la están sometiendo forman parte de una estrategia que sólo tiene un objetivo: la recuperación de las competencias de enseñanza o sanidad o el cierre de los medios públicos en catalán, que quieren ver como medios de propaganda política, su manera de entender la televisión pública, aprendida con TVE desde que era en blanco y negro y formaba parte de la "España, una, grande y libre."

Los Mossos son un capítulo aparte. Y estos días aún más. Ahora hace poco más de dos años, a raíz del atentado del 17 de agosto, se produjo una actuación modélica de los Mossos. A pesar de eso, los días posteriores vivimos un intento desesperado de los aparatos del Estado español para desacreditarlos y sustituirlos, con el objetivo de poder impedir el 1-O, su gran obsesión... y fracaso. El día del referéndum vimos la diferencia entre una policía democrática y una policía al servicio de los intereses políticos de los poderes de un Estado que se niega a evolucionar y democratizarse a fondo.

Ahora, a raíz de la sentencia del Supremo contra los presos políticos catalanes, con la forma de actuar de las unidades de antidisturbios de los Mossos (Brimo y Arro) estamos viendo cómo han cambiado las cosas y qué papel tiene, realmente, el gobierno de la Generalitat autonómica, un gobierno que forma parte de la estructura política e institucional del Estado español. Un gobierno que, mientras actúa dentro de la legalidad autonómica y bajo la amenaza del 155 o algo parecido, tiene que tener el objetivo principal de preparar la administración catalana —policía incluida— para hacer el cambio a la nueva legalidad republicana cuando llegue el momento que, dicho sea de paso, no es responsabilidad suya generar. Sería un contrasentido pedir al presidente Torra o al conseller Buch que sean los primeros a denunciar esta situación. En todo caso, lo tenemos que hacer desde la ciudadanía a la par que les ayudamos a aprovechar el marco legal en el cual se tienen que mover para conseguir el objetivo y les hemos (nos hemos) de ahorrar un pressing excesivo, en forma de exigencia de dimisión del conseller o, de forma más sibilina, mostrando ostensiblemente apoyos que, de hecho, persiguen el desgaste del compañero/adversario en beneficio electoral propio.

Trasladado a la situación de estos días, todo eso querría decir que el conseller Buch tiene que aplicar —siempre dentro del marco legal establecido— la normativa de los Mossos para identificar y sancionar a los miembros del cuerpo que lo han transgredido como condición necesaria para recuperar la sintonía existente hace dos años entre la ciudadanía y el cuerpo de los Mossos y, de rebote, para detectar las manzanas podridas y sacarlas del cesto cuando llegue el momento decisivo de pasar a la nueva legalidad republicana. Desde la ciudadanía, especialmente, habría que aprovechar la situación para reabrir el debate sobre el modelo de policía que queremos, partiendo de todo el trabajo hecho hasta la aplicación del 155, hace dos años.

El conseller Buch tiene que aplicar —siempre dentro del marco legal establecido— la normativa de los Mossos para identificar y sancionar a los miembros del cuerpo que lo han transgredido

Las Brimo y las Arro están integradas por un millar de efectivos, sobre un total de unos 17.000 miembros del cuerpo de Mossos. La imagen que está ofreciendo una parte de estas dos unidades, al lado de la policía española, está estropeando al modelo de policía democrática que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años y, lo peor de todo, está generando un distanciamiento enorme entre los Mossos y la ciudadanía del país, rompiendo la confianza que se creó a raíz de los atentados de agosto y de la actuación respetuosa del 1-O. Es evidente que esta situación y la tardanza en reaccionar desde la dirección política del cuerpo no ayuda nada a recuperar aquella confianza y ha abierto la veda contra el conjunto del cuerpo de los Mossos, que pagan justos (muchos) por pecadores (una minoría).

Estamos pidiendo a los Mossos que se comporten como la policía del Estado que queremos y no tenemos, que se depuren responsabilidades sobre los comportamientos totalmente fuera de tono —y de ley— y pidiendo la dimisión del conseller Buch. Lo entendería y sería el primero de pedirlo si eso pasara en la República Catalana. Pero si queremos tener el sentido de Estado del cual tanto hablamos, creo que tendríamos que ser capaces de escenificar lo que estamos viendo estos días en relación a los Mossos, pero ir más allá, sabiendo que nuestro objetivo, en el campo de la seguridad pública, es seguir construyendo un modelo de policía democrática para el futuro republicano y que esta crisis actual nos habrá servido para identificar los elementos que no pueden tener cabida en la policía de la República Catalana.

Pero no nos engañemos. No tenemos Estado y el que tenemos va en contra nuestra. El estado español es muy consciente de la situación (a menudo pienso que mucho más que nosotros) y, más temprano que tarde, se dejará de formalismos y acabará interviniendo los Mossos, reforzando las unidades antidisturbios como ya ha hecho ahora (y hace dos años) y actuando con toda la contundencia que haga falta... y más. Cuando eso ocurra, estaremos mucho más cerca de la victoria... sobre todo si sabemos rehacer la confianza entre el conjunto del cuerpo de Mossos y la ciudadanía y entre esta y la clase política. Y este tiene que ser el principal objetivo político.

Cuando llegue el momento, necesitaremos a una policía comprometida, bien dirigida y dispuesta a servir a la nueva legalidad republicana. Justo por eso hace falta mantener el mando de los Mossos todo el tiempo que sea posible y aprovechar todo lo que ha pasado estos días para diseñar el futuro sin el lastre del pasado. Sólo así la mayoría de miembros del cuerpo de Mossos tendrán la fuerza suficiente para soportar la intervención definitiva que les caerá encima y el ánimo necesario para pasarse al otro bando cuando llegue el momento.

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Jordi Galves
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