Hay un género periodístico que florece en la prensa española con la regularidad de las estaciones: el del augurio electoral. Cada gesto del Gobierno —una remodelación en el Consejo de Ministros, una visita a una comunidad autónoma, un repunte filtrado con conveniente oportunidad de una encuesta interna, incluso un viaje internacional— se interpreta como el anuncio velado de un adelanto de las generales. El presidente, dicen los exégetas de la sobremesa televisiva, “está midiendo los tiempos”. La realidad es exactamente la contraria: Pedro Sánchez no va a convocar elecciones. No las convocará en mayo, ni en otoño, ni en la primavera próxima. Las apurará hasta el último día constitucionalmente posible, que situará los comicios, seguramente, en torno a finales de septiembre de 2027.

Esta tesis no se sostiene en una corazonada, sino en una conjunción de razones objetivas que conviene exponer ordenadamente.

Primero: el perfil psicológico. Quien ha observado con atención los comportamientos de Pedro Sánchez a lo largo de la última década entiende que el sujeto político del que hablamos no opera bajo la lógica del partido como institución, sino bajo la lógica del yo como proyecto —diciéndolo de forma muy educada—. El PSOE ha pasado de ser una organización con tradición, debate interno y contrapesos a convertirse en un instrumento personalista, depurado hasta la unanimidad litúrgica propia de una secta en la que lo más relevante es el culto al líder. La pregunta “¿qué le conviene al partido?” es, en su universo mental, una pregunta secundaria, casi extravagante. La pregunta operativa es “¿qué me conviene a mí, hoy?”. Y a quien razona así, convocar elecciones cuando todo apunta a la derrota le resulta sencillamente inconcebible, porque adelantar significaría regalar, voluntariamente, la condición de presidente. Y esa condición no es solo un cargo: es una coraza, una agenda, un foco mediático permanente, una última trinchera. Nadie con su perfil —del que algún día se harán auténticas tesis en las correspondientes especialidades— entrega la trinchera mientras quede munición y mientras el Reglamento del Congreso le permita seguir disparándola.

No existe un solo incentivo racional para que Pedro Sánchez convoque elecciones antes del agotamiento del mandato. Y existen, en cambio, todos los incentivos para apurarlo hasta el límite

Segundo: la demoscopia. Aquí no hay ya margen para la interpretación creativa. Las series de los principales institutos demoscópicos —incluido el CIS, cuya cocina es precisamente la cocina de la Moncloa— dibujan desde hace meses un escenario en el que la suma del PP y Vox supera con holgura la mayoría absoluta, y en el que la geometría aritmética que permitió la investidura de noviembre de 2023 —PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria— resulta sencillamente irreproducible. Junts, que nunca ha formado parte de la coalición de Gobierno, ha dejado claro que el pacto de Bruselas es una etapa superada; ERC, a pesar o debido a Rufián, sangra votos por todos lados; Sumar se descompone a ojos vista, fragmentada en una sucesión de errores tácticos y estratégicos muy propios de quien ni lidera ni tiene proyecto; el PNV pierde fuelle frente a Bildu; y, sobre todo, las cifras agregadas del bloque de investidura están por debajo del umbral que haría matemáticamente posible repetir la ecuación. Convocar elecciones no es, para Sánchez, abrir una posibilidad: es certificar una salida. Y nadie con su autoconcepto certifica voluntariamente su propia salida.

Tercero: el cerco judicial sobre el entorno. El listado de procesos abiertos que afectan a personas próximas al presidente es ya tan extenso que se ha convertido en un capítulo fijo de la actualidad. Hablamos de su mujer, de su hermano, del que fuera su mano derecha en Ferraz, de altos cargos del Ministerio de Transportes, de tramas vinculadas a la contratación de mascarillas, de expresidentes, de informes de la UCO que han ido marcando el ritmo de la legislatura. Mientras Sánchez ocupa la Moncloa, todos esos frentes se gestionan desde una posición de poder: con visibilidad anticipada sobre el Boletín Oficial del Estado, sobre los nombramientos en la Fiscalía, sobre la agenda mediática y sobre los resortes informales del Estado. El día que abandone el palacio, esa cobertura simbólica desaparece y queda únicamente el frío de la sala de vistas. La consecuencia, política y vital, es evidente: cuanto más tiempo permanezca, más capacidad tendrá de amortiguar los procesos. Adelantar elecciones es exponerse; resistir es protegerse.

Cuarto: no hay salida internacional. Durante un tiempo se cultivó la idea de que el presidente español tenía aspiraciones a un alto cargo en una organización multilateral: Naciones Unidas, la OTAN, alguna agencia europea, una secretaría general iberoamericana. Esa fantasía se ha evaporado. La Administración norteamericana —con la que cualquier nombramiento internacional debe contar al menos como veto residual— mantiene con Sánchez una relación gélida; su distanciamiento explícito en cuestiones de defensa, en política comercial y, sobre todo, su gesticulación pública frente a Washington ha cerrado puertas que hace cuatro años quizá estaban entornadas. El Consejo Europeo ha repartido ya sus piezas mayores para el ciclo abierto en 2024, y los socios europeos —singularmente Alemania, Francia e Italia— no ven en él al candidato de consenso que hipotéticamente podría ser. No hay billete de salida. Y un político que sabe que no tiene billete de salida no acelera la llegada al andén; al contrario, encuentra razones cada mañana para perder el tren.

Catorce meses largos, contados desde hoy. Catorce meses durante los cuales la lógica del sistema sanchista seguirá produciendo, cada semana, gestos que algunos comentaristas leerán, una vez más, como pistas de un adelanto

Quinto: no hay puerta giratoria. El esquema clásico del expresidente español —Aznar hacia una fundación con visibilidad académica y consejos corporativos, González hacia una larga vida de tribunas y asientos en compañías iberoamericanas, Zapatero hacia un circuito de mediación latinoamericana y china— exige una condición previa que Sánchez ha dilapidado: que las grandes empresas quieran asociar su marca a la del exinquilino de la Moncloa. Hoy, ningún consejo de administración del IBEX 35 desearía abrir una sesión extraordinaria para anunciar la incorporación de Pedro Sánchez. La razón no es ideológica, es estrictamente reputacional. Su figura es polarizante hasta el extremo, y el principal activo que un consejero externo aporta a una compañía cotizada es, precisamente, el contrario: serenidad, neutralidad, capacidad de tender puentes con cualquier interlocutor. Sin puerta giratoria privada, sin ofertas internacionales, sin cátedra a la vista, sin un proyecto editorial que justifique el silencio, la salida natural se estrecha hasta casi desaparecer.

Sexto —y como síntesis—: el cálculo de incentivos. Cuando se ponen sobre la mesa los cinco vectores anteriores —psicología, demoscopia, judicialización del entorno, ausencia de horizonte internacional y cierre de la puerta giratoria—, la conclusión es matemática: no existe un solo incentivo racional para que Pedro Sánchez convoque elecciones antes del agotamiento del mandato. Y existen, en cambio, todos los incentivos para apurarlo hasta el límite. El artículo 68.4 de la Constitución es taxativo: “El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara”. El Congreso surgido de las elecciones del 23 de julio de 2023 cumple su cuatrienio el 23 de julio de 2027. Y el artículo 68.6 establece que las elecciones “tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato”. Esto sitúa los comicios, en el escenario más probable, entre finales de agosto y finales de septiembre de 2027. Catorce meses largos, contados desde hoy. Catorce meses durante los cuales la lógica del sistema sanchista —que es decretos-ley, que es Boletín Oficial, que es presupuesto prorrogado, que es nombramientos institucionales, que es viajes oficiales, que es agenda internacional— seguirá produciendo, cada semana, gestos que algunos comentaristas leerán, una vez más, como pistas de un adelanto.

No lo son. Son, simplemente, los movimientos de quien ha decidido permanecer hasta que la Constitución, y no su voluntad, lo obligue a marcharse. La oposición que confíe en un adelanto está confiando en un milagro, y el periodismo que se dedique a buscar señales de disolución en cada pleno está perdiendo el tiempo. Quien quiera entender el final de este ciclo político hará bien en mirar el calendario, no las quinielas. La fecha probable está escrita en los artículos 68.4 y 68.6, y en ninguna otra parte.