"Habemus presidente" del Gobierno después de un camino bastante intrincado en el que han intervenido no solo los partidos políticos afectados, sino también muchos otros grupos de interés político, comunicativo, judicial, etcétera, que han tratado de influir en la elección final. Uno de estos grupos es el de las patronales, que representan un colectivo de personas, los empresarios, a las cuales les tengo gran respeto y admiración por el papel que juegan en la economía y como se la juegan. Sin embargo, me choca cada vez que grupos de interés económico entran de manera beligerante en el terreno de la política, aunque quizás más que los propios empresarios, son los directivos de las patronales los que entran.
En cualquier caso, esta semana hemos tenido un ejemplo bien claro de irrupción en política por parte de la patronal española CEOE a través de un comunicado significativo sobre los acuerdos de investidura. La chispa del comunicado habría sido la ley de amnistía, aunque en el documento en cuestión esta palabra no sale. La patronal ponía en alerta sobre unas graves preocupaciones que he clasificado de tres tipos.
El primer grupo de preocupaciones derivadas de los acuerdos de investidura son netamente políticas: ponía en alerta (como han hecho jueces y otras instituciones) del menosprecio que los acuerdos en cuestión pueden representar para la separación de poderes y la seguridad jurídica (fundamento, según creen, de nuestra democracia), y de la fragmentación y debilitamiento institucional. No tengo muchas dudas sobre la seguridad jurídica en España en el mundo de la empresa; en cambio, tengo muchas en el mundo de la política, como se ha demostrado con la persecución del independentismo.
La patronal remacha el clavo político cuando ve en los acuerdos riesgo en relación al principio de igualdad entre todos los españoles. Desconozco a qué igualdad se refiere, pero seguro que no se está pensando en el drenaje histórico de recursos que el Estado practica con Catalunya, ni en el buen trato que reciben tantas regiones gracias a Catalunya, ni tampoco en las diferencias de servicios que consiguen vascos y navarros, cosa que el presidente de la CEOE, como vasco, debe conocer lo bastante bien.
La CEOE ponía en alerta del menosprecio que los acuerdos en cuestión pueden representar para la separación de poderes y la seguridad jurídica, y de la fragmentación y debilitamiento institucional
Para acabarlo de remachar, la CEOE hace un llamamiento a volver a los grandes consensos políticos y sociales, y (¡cuidado!) a la moderación, "encarnada en nuestra Constitución". También apela a la lealtad institucional, al sentido de Estado, a preservar la paz social y la convivencia entre españoles dentro de los márgenes constitucionales.
El segundo grupo de preocupaciones, más relacionadas propiamente con la economía, ocupa un espacio pequeño en el comunicado: el clima de negocios cada vez es más complicado, se dificulta la consecución de tópicos habituales como el crecimiento económico y la creación de empleo. La CEOE también se muestra preocupada por una previsible distorsión de la unidad de mercado y de un deterioro de la imagen de país en el exterior. A ver, las empresas se adaptan a los requerimientos del mercado, sea este unitario o fragmentado, de la misma manera que se adaptarían al mercado catalán si el país fuera independiente. Además, en la realidad este problema de la unidad de mercado no debe ser muy preocupante cuando en Catalunya no para de crecer el número de empresas multinacionales instaladas aquí.
El tercer grupo de preocupaciones (que también ocupan un pequeño espacio en el comunicado) sí que encajan la función de la CEOE como grupo de interés económico: la necesidad de volver a la ortodoxia, al rigor presupuestario, el coste fiscal de las políticas económicas, el respeto a la autonomía de las partes en la negociación colectiva.
Parece ser que la patronal catalana Foment del Treball rebajó los ánimos encendidos que se vivían en la CEOE al discutir el pronunciamiento. Aunque se sumó al comunicado resultante, que debe querer decir que se lo hace suyo, también es cierto que Sánchez Llibre moderó las cosas y fue práctico enfrente de beligerantes como el vasco Garamendi o patronales como las de Murcia, Navarra, Galicia o Andalucía. Su estrategia fue acomodaticia y práctica: PNV y Junts pueden ayudar a los intereses económicos del mundo empresarial.
Más práctica ha sido todavía y explícita Pimec, que se ha posicionado en favor del diálogo y de solucionar los problemas de la política en el ámbito que les es propio y dentro del marco de la legalidad (como no podría ser de otro modo) y se pide un gobierno fuerte y estable, que es mucho más sensato que lo que dice la CEOE. Y aprovecha para reclamar cosas de su interés: ¡la pyme!
Tanto Foment como Pimec muestran sus esperanzas que con los acuerdos políticos se creen las condiciones para que puedan volver las empresas que cambiaron de sede con motivo del 1-O. Está muy bien, pero parece que las que se marcharon se encuentran bien donde están y, como dice Pimec, si quieren volver, que no se les dé ningún privilegio con respecto a las que se quedaron. Totalmente lógico. Hablaremos de ello otro día.
En definitiva, suspenso para una CEOE tan politizada que no hace ningún favor al empresariado, y todavía menos, específicamente, al empresariado catalán.