El juicio a la anterior Mesa del Parlament, con su president y vicepresident a la cabeza, deja bastantes claras algunas de las cosas sobre las que vengo insistiendo desde hace ya mucho tiempo, entre ellas que la cacareada desjudicialización de la política no es un tema que dependa de la voluntad de los políticos, que hay un poder del Estado que no rinde cuentas ante nadie y que hay una parte importante de las altas instancias jurisdiccionales que tiene una agenda política propia de la cual participa un sector muy determinado de la propia Fiscalía que, en esos casos, no queda claro de quién depende, diga Pedro Sánchez lo que diga.

El juicio que se está celebrando en contra de estos políticos independentistas catalanes está dejando en claro muchas cosas, pues nada más elocuente que las propias palabras del fiscal, que son un jarro de agua fría para quienes están vendiendo humo desde hace ya demasiado tiempo.

No se ha cortado el fiscal, supuesto defensor de la legalidad según establece la Constitución española, en decir que "Circula por ahí un bulo, que seguramente debe ser un bulo, de que este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat, en eso que se está llamando la desjudicialización de la política catalana, con la que se pretende el archivo contra todos aquellos procedimientos penales pendientes contra políticos catalanes dedicados en lo que se denomina el procés. Estoy seguro de que es un bulo y esta sala no se encuentra ni siquiera afectada de refilón por este bulo, pero desde luego parece que hay una intención clara de que este juicio no arranque".

Comparto, con matices, el criterio del fiscal, porque efectivamente la desjudicialización de la política es un bulo, repetido una y mil veces por determinados políticos y por bien subvencionados periodistas, pero no es más que eso: un bulo que, entre otras cosas, su materialización ni siquiera depende de quienes lo esparcen a los cuatro vientos.

Es probable, ni siquiera estoy seguro de que sea cierto, que en torno a la mesa camilla montada entre los gobiernos estatal y autonómico, haya podido existir una lista de procedimientos sobre los cuales hayan hablado; cosa muy distinta es que más allá de esa mesa, la posible lista pueda tener ningún recorrido porque no es un tema que dependa de los políticos sino de los jueces y fiscales involucrados en la dinámica represiva iniciada, a instancias de los políticos, hace ya cinco años.

Somos más de tres mil los represaliados y cientos los procesos penales y sancionadores pendientes de resolución y, como vengo insistiendo desde hace mucho, desjudicializarlos puede ser deseo de los políticos, pero no cuentan con lo que se necesita para conseguirlo: la voluntad de jueces y fiscales de abandonar la política y volver al mundo del derecho, del que nunca debieron salir.

No hay desjudicialización de la política y cualquier juez que tenga la tentación de dedicarse a hacer y aplicar el derecho tendrá enfrente a uno o más defensores de la judicialización de la política

En todo caso, las afirmaciones del fiscal, junto con ser un reconocimiento expreso y claro de la inexistencia de esa dinámica desjudicializadora de la política, mucho menos con la voluntad de hacerlo, lleva incluido un mensaje que no deja de ser preocupante: aquel que dirige a los propios jueces por si se les ocurre hacer derecho y no política en un juicio que nunca debió celebrarse.

En dos frases, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha hecho más política que muchos altos cargos desde sus cómodos asientos. Ha echado por tierra los bulos esparcidos por algunos políticos y desmoralizado a sus incautos seguidores. Al mismo tiempo, ha llamado al orden a unos jueces que, recordando su formación como juristas, han podido estar tentados de hacer aquello que debería ser su único cometido: impartir justicia resolviendo pleitos conforme a derecho.

Desde mi perspectiva, la primera parte de sus afirmaciones entran dentro de lo que es la libertad de expresión a la que han de tener derecho los fiscales, la segunda, sin embargo, debería ser objeto de un análisis mucho más profundo porque es una forma elegante y fina, construida para iniciados, de pasar un mensaje a unos jueces que, insisto, igual es que tenían ganas de hacer de jueces y no de políticos.

Un fiscal no puede hacer lo que ha hecho… me corrijo a mí mismo: no debe hacer lo que ha hecho, pero, lamentablemente, no son pocos quienes vienen actuando de esta forma desde hace demasiado tiempo, confundiendo la defensa de la legalidad con la defensa de su visión oscurantista, no ya de la legalidad sino de lo que ha de ser un Estado en blanco y negro, como en el NO-DO.

Es verdad que no todos los fiscales, como no todos los jueces, están en la dinámica en que está el fiscal José Joaquín Pérez, pero, lamentablemente, son mayoría a partir de determinados puestos o posiciones dentro de la pirámide judicial-fiscal y, cuanto más cerca de la cumbre de las altas instancias, mayor es el número de los que creen que no se debe desjudicializar la política porque, entonces, perderán su propio peso político.

La sinceridad con la que el fiscal José Joaquín Pérez ha hablado de la desjudicialización de la política es, también, un reconocimiento implícito de la existencia del fenómeno —judicialización de la política— que tanto mal ha hecho a la convivencia en España y en Catalunya, pero, sobre todo, le ha hecho y hace mal a la calidad democrática de un Reino que tanto alardea de ser plenamente democrático.

Nunca, jamás, escucharemos a un fiscal de un país democrático, me refiero a los auténticamente democráticos, hacer afirmaciones —reconocimientos— como el escuchado este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya porque en los países realmente democráticos a los fiscales solo se les escucha hablar de derecho y cuando alguna crítica se dirige a un Tribunal se hace, igualmente, sobre la base de argumentos jurídicos, no políticos.

Los miembros de ningún parlamento democrático deben ser enjuiciados por los debates ni las opiniones que realicen o permitan realizar en sede parlamentaria y perseguirles por algo así no es más que una nueva evidencia de un fallo sistémico, como mínimo generalizado en contra de un grupo determinado de personas —los independentistas catalanes—, y, por ello y por la suerte de los propios acusados, se trata de uno de esos procesos que no terminarán pasando desapercibidos en el más que seguro escrutinio que, más temprano que tarde, Europa hará de la judicialización de la política por parte del Estado español.

Sea como sea, es evidente que, a partir de los dichos del fiscal José Joaquín Pérez, ya todos sabemos cuál es la realidad y cuáles son las reglas: no hay desjudicialización de la política y cualquier juez que tenga la tentación de dedicarse a hacer y aplicar el derecho tendrá enfrente a uno o más defensores de la judicialización de la política… es por ello por lo que no se debe seguir engañando a la gente y ha de asumirse que las mesas camillas solo sirven para tomar el té y poco más.