La Unión Europea (UE) es, sobre el papel, la unión económica y política de veintisiete Estados de Europa con voluntad de desarrollar un mercado único que garantice la libertad de movimiento de las personas, de los bienes, de los servicios y del capital, y con ánimo de dotarse de políticas comunes en campos como el comercial, el agrícola, el pesquero, el jurídico o, entre muchos otros, el regional. Es, en la práctica, una evolución de la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) y tiene su origen formal en el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
Dicho así parece incluso un proyecto bastante interesante, pero la realidad es bien distinta y provoca, de hecho, que muchos se pregunten para qué sirve realmente la UE. La UE es hoy un gigante, pero básicamente funcionarial y burocrático, no político ni económico, porque la unidad en estos terrenos es siempre compleja y muchas veces cada uno tira por donde más le conviene. Un gigante que cada año gasta miles de millones de euros para pagar la nómina de todo el personal que forma parte de él, desde los cargos políticos directamente, los subordinados y los múltiples asistentes y asesores que tienen, hasta los funcionarios propiamente dichos y los servicios que prestan colectivos como los de la seguridad o la limpieza. Solo por poner un ejemplo: el Parlamento Europeo dispone este 2026 de un presupuesto de 2.636 millones de euros, de los que unos 1.900 están destinados a pagar a los diputados —hay 720—, lo que llaman el staff —entre 7.000 y 8.000 empleados— y otros conceptos como dietas, asignaciones y asistentes. En total: un 72% del presupuesto se va al capítulo de personal.
¿Y cuál es el retorno que tiene todo este dispendio? He aquí el problema: que nadie lo sabe. Más allá de que vivan muy bien todos los que cobran de las diferentes instituciones y del entramado de organismos de la UE, no se conocen los teóricos beneficios que se supone que debería tener para las vidas de los europeos. En el caso concreto del Parlamento Europeo, además, la utilidad ha quedado más de una vez en entredicho, la última con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anuló la decisión de retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí por no haberse respetado durante la tramitación del suplicatorio del Tribunal Supremo (TS) el principio de imparcialidad y por haberse tratado de un comportamiento sectario. Es verdad que la resolución no tiene ningún efecto práctico, porque ahora ninguno de los tres ya no es eurodiputado, pero también lo es que políticamente es una "bofetada muy dura", como dijo el 130.º president de la Generalitat, en la medida en que cuestiona el funcionamiento mismo de la Cámara de Estrasburgo.
Pero no es solo eso. Es también que determinadas políticas que pretende sacar adelante la UE parece que estén pensadas y hechas expresamente en contra de los sectores implicados. Es lo que ocurre con el acuerdo de libre comercio con Australia y, sobre todo, con el acuerdo de libre comercio con Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—, firmado a bombo y platillo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que ha entrado recientemente en vigor a pesar de las muchas reticencias despertadas. El acuerdo crea, sobre el papel, la zona comercial más grande del mundo y debe favorecer la capacidad de comprar y de vender sin aranceles de las empresas europeas, pero resulta que uno de los colectivos afectados, el agrícola y ganadero, está completamente en contra porque considera que tendrá que hacer frente a una competencia desleal de los productos que entrarán en el mercado europeo sin los requerimientos y las garantías que, en cambio, a los campesinos de aquí sí les exige la propia UE.
Lo mismo puede decirse sobre el sector pesquero, ya de por sí muy castigado por las vedas biológicas draconianas que cada dos por tres se le imponen y que provocan que las flotas estén más tiempo amarradas en el puerto que no faenando en alta mar, y al que ahora la UE quiere inundar de papeleo a raíz de la entrada en vigor de la nueva normativa de control de la pesca que incrementa la burocracia y los trabajos administrativos. Los pescadores se han quejado, con razón, de que, si tienen que rellenar toda la documentación y todos los formularios que se les reclaman, no tendrán tiempo para salir a pescar, pero no parece que las autoridades europeas los escuchen mucho, como tampoco lo hacen con los agricultores y los ganaderos, sino que tiran por la calle de en medio sin tener presente la opinión de los que entienden del tema. Y entonces se lamentan de que en todos estos sectores no haya relevo generacional porque los jóvenes no quieren continuar un trabajo que, lejos de permitirles vivir la vida dignamente, en la práctica los esclaviza.
A todo ello hay que añadir el ridículo que hace siempre la UE ante los conflictos internacionales. Pasó con la guerra de los Balcanes, que tuvo que ser Estados Unidos quien tuvo que intervenir para acabarla, y vuelve a pasar con la guerra de Ucrania, que es una vez más Estados Unidos, y China, quienes lideran los intentos —hasta ahora en vano, es cierto— de poner fin a las hostilidades. En ambos casos, y en muchos otros, se ha visto una UE desconcertada, incapaz de aportar ninguna solución, y a la que parece que lo único que le interesa sea pelear por no quedar fuera de la foto, ni que sea detrás de la propia China, que también le está ganando la partida. Por no hablar del juego sucio que practica contra Israel y de las dudas exhibidas respecto de la guerra de Irán. Una UE que, a pesar del postureo antibelicista y de no pintar nada a la hora de la verdad en ningún sitio, ha emprendido una carrera armamentista con la excusa del peligro que representa, eso sí, Rusia, que solo servirá para alimentar a las empresas fabricantes de armas.
Cuando alguien les pregunta para qué sirve la UE, son incapaces de ofrecerles una respuesta convincente que desvanezca la sospecha de que realmente no sirve para nada
En este escenario, no es extraño que cada vez más ciudadanos europeos se pregunten qué legitimidad tienen para hacer o para decir algo cargos europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, o todos los miembros del Colegio de Comisarios que no han sido votados por nadie. Nadie los ha elegido democráticamente en las urnas y, en cambio, son los que cortan el bacalao y los que, mirando por encima del hombro, imparten lecciones de supuestas buenas prácticas políticas y reparten carnets de falso europeísmo, como es el caso de la propia Ursula von der Leyen cuando alecciona a los europeos sobre qué pueden hacer y qué no a raíz, por ejemplo, de la última crisis energética derivada de la guerra de Irán. Total para tener que acabar concluyendo que, cuando alguien les pregunta para qué sirve la UE, son incapaces de ofrecerles una respuesta convincente que desvanezca la sospecha de que realmente no sirve para nada.
Una encuesta reciente con motivo de los cuarenta años del ingreso de España y de Portugal en la UE —en aquel momento CEE— era especialmente reveladora en este sentido al constatar que el 54% de los ciudadanos de Catalunya desconoce el nombre de las instituciones europeas. Y eso que los catalanes se consideran los más europeístas de todos. Los Estados, sea como sea, prefieren mantener la estructura, por pesada que resulte, antes que disolverla, porque con el paso del tiempo se ha convertido en una gran oficina de colocación imprescindible para todos ellos. Y es que si no la tuvieran, ¿qué harían con los miles de cargos que todos tienen colocados?, ¿dónde resituarían a los parientes, amigos y conocidos que han enchufado?, ¿qué harían con el personal que tienen las fuerzas políticas de todos los países miembros a modo de cementerio de elefantes para dar salida a los que ya están de vuelta de todo o a los que molestan y más vale tenerlos cuanto más lejos mejor? Para esto es para lo que sirve la UE.