La entrada en escena de Dinamarca en el pulso que le ha echado Pedro Sánchez a Giorgia Meloni, que ha desembocado en la suspensión de Schengen entre ambos países, es especialmente relevante, ya que el mantra de un gobierno de derecha extrema, como es el italiano, frente a otro socialista y de izquierdas, como es el español conformado por PSOE y Sumar, ha dejado de ser tal. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, es socialdemócrata, y en su gobierno de coalición están una formación de izquierda verde (SF) y los socioliberales. Con este alineamiento, la pugna entre dos modelos ideológicos, en territorio en que Sánchez siempre se encuentra más cómodo, desaparece.
El documento suscrito entre Meloni y Frederiksen va a cambiar definitivamente algunos parámetros de la política europea con la inmigración. Es solo cuestión de tiempo. Las imágenes de Ceuta han precipitado un debate que ya estaba presente, pero que ahora ha cogido una aceleración importante. Italia y Dinamarca van a actuar como liebres para las nuevas políticas contra la inmigración descontrolada y habrá un nuevo enfoque europeo, mucho más duro, contra la inmigración irregular. No hará falta que todos los países compartan la posición expresada en el papel de vincular inmigración ilegal con mayor presión sobre los servicios sociales, la criminalidad y la pérdida de confianza social para aplicar nuevas políticas.
El documento suscrito entre Meloni y Frederiksen va a cambiar definitivamente algunos parámetros de la política europea con la inmigración. Es solo cuestión de tiempo
Un primer esbozo contra España fue la carta en que 22 dirigentes europeos ya reprocharon a Pedro Sánchez la regularización masiva de inmigrantes que va a permitir que 1,3 millones de personas adquieran el estatus de ciudadano europeo. Este miércoles, el Folketing, el parlamento unicameral de Dinamarca, se reúne para debatir la legislación migratoria que presentará el ministro socialdemócrata de Inmigración, Morten Bodskov, para aplicar diferentes aspectos del pacto europeo de migración y asilo, aprobado en mayo de 2024 y que se aplica plenamente desde junio de 2026 y que establece solidaridad y responsabilidad entre países y mayor control fronterizo. Esas políticas han ido evolucionando hacia mayores demandas de retornos mucho más rápidos, externalización y centros de retorno fuera de la Unión Europea.
Es decir, empieza a abrirse paso una posición de países; también están Alemania y Suecia, que consideran que el pacto de 2024 es demasiado blando en la coyuntura política actual, unido a la presión electoral de las diferentes formaciones ultras del continente. Son posiciones cada mes que pasa más restrictivas y que abogan por return hubs (centros de retorno) fuera de la UE para personas que ya han recibido una decisión de retorno y no tienen derecho a permanecer en Europa. No es el modelo Ruanda que propuso Boris Johnson en 2022 en el Reino Unido para frenar la llegada de botes cruzando el canal de la Mancha, pero las diferencias se van estrechando.