Hoy mismo se hará realidad el Pacte Nacional per la Llengua, una pequeña joya propagandística del Gobierno Aragonés que Salvador Illa decidió mantener con respiración asistida bajo condición de los republicanos para hacerlo presidente (bueno, eso más enchufar a un consejero de Política Lingüística afín a Junqueras que no se sabe muy bien a qué dedica el tiempo de oficina). Como siempre ocurre en este asunto, el acuerdo en cuestión —firmado también por los Comunes y entidades como Plataforma per la Llengua y Òmnium— se ha planteado como un bote salvavidas dentro del cual habrá un tesoro de 255 millones de pavos. La pasta, cuentan los impulsores del invento, se empleará para impulsar medidas ya conocidas (dar más vida al Consorci per la Normalització Lingüística) y otras nuevas, pero de aire igual de vetusto, como reforzar el catalán en las aulas, en especial las de acogida, y dinamizar la oferta cultural en nuestra lengua.
El problema de raíz es la falta de profesores cualificados de nuestra lengua en todos los campos educativos
Sin tener un máster de gestión cultural o una simple calculadora, cualquier persona cuerda verá rápidamente que tal medida no solo es insuficiente a nivel presupuestar, sino que, además, resulta una tomadura de pelo. Por mucho dinero que se enchufe en las aulas de acogida o en los centros de primaria (el estado del catalán entre los más jóvenes tiene cifras de auténtica tragedia), el problema de raíz es la falta de profesores cualificados de nuestra lengua en todos los campos educativos. Hace pocas semanas sabíamos que la práctica mitad de los aspirantes a profesor había suspendido las Pruebas de Aptitud Personal, un examen relativamente fácil cuya primera parte se basa —por decirlo lisa y llanamente— en saber leer y escribir. Si los aspirantes a enseñar son incapaces de entender y reflexionar sobre un texto, pues ya os podéis imaginar cuál debe ser su comportamiento por una lengua en estado de descomposición.
Entiendo perfectamente que la Administración quiera paliar la falta de uso de la lengua entre los jóvenes a base de financiar más productos audiovisuales de amplio consumo. Pero, si el Gobierno va repartiendo poquitos para acabar creando las series adolescentes de mierda que se programan en el 3Cat (que, como tales, no mira ni puñetero dios, porque nuestros chicos son jóvenes pero no acaban de ser tontos), se continuará tirando alegremente el dinero. La inversión que nuestra lengua necesita en el terreno educativo es titánica y de base, pues la primera preocupación debería ser formar a cientos de profesores de lengua bien preparados; lo que implicaría, sobre todo, incentivar los estudios de filología catalana con becas como Dios manda y prestigiar de nuevo los estudios de educación y magisterio. Sin una base educativa sólida, ya puedes inventarte alehops de bombero, que la base del edificio continuará más que carcomida.
A su vez, resulta de un cinismo catedralicio que la Administración finja que intenta prestigiar el catalán (a mí me gustaría más hablar claro y decir que se intentaría "obligar" a que se hable) mientras, por poner solo un ejemplo, permite que la sanidad pública y privada del país minorice la lengua con la excusa —de mal pagador— que no tiene suficiente personal disponible. Cada lengua es un mercado y una fuente de incentivos y, por este motivo, el Govern puede hacer todos los pactos y las mesas redondas que quiera, pues, mientras no se provoque que el conocimiento del catalán tenga un carácter obligatorio (no para coaccionar a nadie, sino precisamente para incentivar a los nuevos hablantes), seguiremos viendo cómo permanece en cuidados intensivos. La gente no aprende inglés porque nadie la seduzca a hacerlo, sino porque esta lengua es obligatoria en el ámbito laboral y casi hegemónica en la industria cultural planetaria.
Finalmente, sorprende que la Administración se erija en salvadora de la lengua mientras —como anunciaba oportunamente nuestro diario el pasado sábado— empieza a dejar la vía libre para que nuestros medios públicos se castellanicen (aún más) regalando programas y apariciones a podemitas como Jordi Évole, uno que no solo destruye el catalán siempre que lo escupe, sino que ya ha expresado más de una vez su anhelo de una televisión pública menos nacional (más española, vaya). Todo ello, por mucha manduca que pongan en el Pacte Nacional en cuestión, la salud administrativa de la lengua radicará en cómo el Govern utilice todas las herramientas para darle primacía en el uso social. Por el momento, en este sentido, podemos esperar poco. En la próxima década, y como ha pasado siempre, el trabajo tendremos que hacerlo nosotros.