Esta semana, el pasado jueves, el Congreso de los Diputados daba luz verde al proyecto de ley sobre la amnistía. La mediación internacional y las negociaciones han terminado dando sus frutos, suponiendo un importante paso adelante para el independentismo pero, sobre todo, para la democracia española, muy a pesar de la derecha. Tal y como ya habíamos explicado previamente aquí, en El Nacional, ahora queda por delante un recorrido en el que se abordará el proyecto de ley en el Senado, donde el Partido Popular hará valer su mayoría para votar en contra y tras dos meses máximo, volverá de nuevo al Congreso donde quedará finalmente cerrado el proceso, para ser posteriormente rubricado por el rey y publicado en el BOE. 

Se prevé que a mediados-finales de mayo se pueda dar ya por firme la ley de amnistía, que comenzará a surtir efectos de manera inmediata. Unas fechas en las que, casualmente, acaban de convocarse las elecciones al Parlament de Catalunya. Y podríamos pensar que no es casual, y que quizás alguien estuviera interesado en forzar los tiempos con el objetivo de ponérselo difícil a Puigdemont si decidiera ser candidato. Aragonès niega haber negociado con el PSC esta hipótesis que desde Junts sí sospechan. Se justifica el actual president de la Generalitat señalando que la fecha no la ha elegido él, sino aquellos que no han permitido que los presupuestos sean aprobados y le han empujado a tomar esta decisión de convocar elecciones. 

Sin embargo, y aunque el president en el exilio aún no ha confirmado que vaya a presentarse, su abogado Gonzalo Boye ya ha dejado claro que está dispuesto a volver, aunque le detengan. Si se aplica la ley como corresponde, el president podría ser candidato, y ser investido, de obtener los votos y apoyos necesarios. Está previsto que el próximo sábado Junts lleve a cabo unas primarias internas para nombrar al candidato que encabece la lista electoral. El periodo para presentar las candidaturas termina el próximo jueves, y la noticia de la semana será, sin duda, la confirmación de que Puigdemont da el paso. 

Por si acaso, los de Ciudadanos ya se han anticipado a los hechos y han avisado de que impugnarán la inscripción en el censo electoral de Puigdemont ante la Junta Electoral. Consideran, literalmente, que Puigdemont ya no tiene la condición política de catalán, y que esto le inhabilita para ser elector y elegible, por haberse fugado hace seis años a Bélgica, sin poner un pie en Catalunya desde entonces. Y es que, según ellos, la inscripción es fraudulenta porque reside en Waterloo. Interesante pirueta de quienes están ya dando sus últimos titulares antes de desaparecer de la arena política. 

Las elecciones serán el 12 de mayo, y muy probablemente la ley de amnistía todavía no se haya terminado de cerrar, por lo que Puigdemont, de personarse en territorio español, estaría arriesgándose a ser detenido, pues en ese momento todavía podría estar activa la orden de detención que hay sobre él. Deberá convocarse la sesión de investidura dentro de los 20 días siguientes a la celebración de las elecciones, fijándose el 10 de junio como tope máximo. Y en ese momento, sin duda, la ley de amnistía, ya sí, estará aprobada. Comenzará en ese momento el tiempo a correr para conseguir los apoyos para ser president, estableciéndose el tope para lograrlo en el 24 de junio. 

Y en estos momentos, se nos plantean muchas dudas, que solamente el avance de los acontecimientos nos responderán. De nuevo, regresa el vértigo.