Cuando Pedro Sánchez propone un referéndum sobre un nuevo estatuto es porque sabe que el conflicto catalán sólo se puede resolver votando en libertad (sin presos ni exiliados). Sin embargo, la iniciativa del presidente español, sea sincera o no, es imposible de llevar a cabo, por la misma razón que fracasó el Estatuto de 2006, es decir, el boicot sistemático del Partido Popular, ahora también de Ciudadanos, y de los poderes fácticos del Estado.

El origen del actual conflicto catalán es la ruptura del pacto constitucional que establecía que los catalanes tenían la última palabra vía referéndum vinculante para decidir su relación con el Estado. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de 2006, dictada después de cometerse graves irregularidades, suprimía para siempre el valor constitucional de la voluntad política de los catalanes democráticamente expresada. Lo que votaron los catalanes ya no contaba para nada.

La sentencia del TC contra el Estatuto suprimía para siempre el valor constitucional de la voluntad política de los catalanes democráticamente expresada

De aquel desastre se pueden extraer dos conclusiones que, desde un punto de vista español, nos sitúan en un callejón sin salida. No es viable hacer un nuevo estatuto que no avale el Partido Popular (y Ciudadanos) y si se hace será inmediatamente impugnado ante el Tribunal Constitucional y volveríamos a la casilla de salida, para reiniciar un camino que no lleva a ningún sitio. Y tampoco es viable hacer un nuevo estatuto que cuente con el apoyo del PP y Ciudadanos, primero porque es inimaginable, y segundo porque cualquier iniciativa que no incorpore el derecho a la autodeterminación de Catalunya será automáticamente rechazada por la mayoría soberanista del Parlament.

Cabría la posibilidad –teórica- de convocar una consulta no vinculante en Catalunya de acuerdo con lo que establece el artículo 92 de la Constitución española, que no sería el ejercicio del derecho a la autodeterminación, entre otros motivos porque no tendría carácter vinculante, pero seguro que buena parte del soberanismo catalán aceptaría el reto. Justamente el problema vendría por la parte española, porque como dijo Felipe González, "una vez que se ha votado ya no hay remedio".

La derecha española ha llevado el conflicto catalán a una situación irresoluble en términos políticos

Al dinamitar el pacto constitucional, la derecha española ha llevado el conflicto catalán a una situación irresoluble en términos políticos que impide y seguirá impidiendo la estabilización de la política española. Como en otros episodios de la historia, ni España es lo bastante fuerte para borrar la realidad nacional catalana, ni Catalunya es lo bastante fuerte para imponerse, pero las dos son capaces de bloquearse mutuamente. La gobernanza no funciona en España desde hace casi un lustro, cumpliéndose la teoría de que no es viable una España que gobierne contra Catalunya.

Llegados a este punto, esta tendencia a una inestabilidad política que amenaza con hacerse crónica hace pensar que sólo un estallido catártico puede cambiar las fichas del tablero y, vete tú a saber si no acaba provocando lo contrario de lo que pretendían la derecha española, los poderes fácticos españoles y los estrategas independentistas, un cambio de régimen en España que acarree incluso buena parte del soberanismo catalán movilizado en defensa de la República... española.