No me despedí en el artículo de la pasada semana, pues no creo que el año que por fin acaba merezca mención alguna.

Sin embargo, los problemas nuevos y antiguos que arrastramos continúan. La uva no tiene efectos balsámicos ni borra nada. El principal problema que arrastramos en Catalunya y España es el de una endémica mala gobernanza. Al margen de buenas intenciones de muchos del nuestros mandatarios —ya sea por virtud o por necesidad—, no salen adelante. Confunden la habilidad de flotar en los pantanos de la tóxica partidista y sobrevivir —algunos incluso no morir del todo y/o resucitar— con gobernar.

Gobernar es saber qué se hace, porque se ha hecho un análisis de la situación, un inventario de medios y se dispone de la capacidad y la voluntad de llevarlo a cabo. A pesar de la existencia de políticos profesionales, no son profesionales de la política. Ciertamente la situación es muy mala, y especialmente ahora, si uno no sabe o no tiene el coraje de tomar decisiones, no es legítimo fingir que sí.

La prueba la tenemos en la gestión que se ha hecho de la pandemia. Muchos encargaron —a través de no se sabe quién, no se sabe dónde, no se sabe qué— productos (para)sanitarios o inauguraron dispensadores de hidrogel en paradas de metro. O montaron y desmontaron hospitales faraónicos, nunca a pleno rendimiento, sin suficientes enfermos ni, lo que es más significativo, personal especializado.

Sin hablar de un desenfreno contractual pues, lógicamente la urgencia imponía la suspensión de las garantías de publicidad, de apariencia de concurrencia; y la acreditación del gasto con la entrega de los bienes o servicios útiles han brillado por su ausencia. A través de los medios de comunicación nos enteramos de que amigos y parientes de algunos cargos públicos —especialmente de aquellos que ya tienen acreditados vínculos con la corrupción — son ahora más ricos que antes del 14 de marzo. ¿Sabremos algún día cuánto ha costado la pandemia? ¿Alguien lleva la cuenta?

¿Por qué no han sido cesados los responsables políticos de las instituciones oficiales responsables de la hecatombe de las residencias de nuestros abuelos, especialmente —faltaría más— de las públicas? Hecatombe, sin duda física, pero también emocional, cosa nada menystenible. ¿Cuándo sabremos cuántas víctimas reales ha dejado —y dejará todavía— la Covid-19? Lo que sabemos es que, a pesar del mandato casi bíblico de teletrabajar, los paliativos —ERTE's, subvenciones por suspensión de actividades, citas previas ...—, escasos, pero ayudas después de todo, no llegan. La culpa, nos dicen, es del sistema que se bloquea. ¿Cuándo y cuánto han invertido las administraciones en administración telemática?

No lo sabemos cuánto costarán las vacunas y su administración. ¿Los contratos de suministro están auditados, al menos provisionalmente? ¿Los proveedores han asegurado financieramente los riesgos por incumplimiento de entrega de vacunas según un calendario contractualmente fijado? ¿O este calendario no está fijado? Este no es, una vez más, un tema menor, pues de él depende poder eliminar al virus: cuanto antes estemos vacunados —gamberros incluidos—, antes acabará esta tragedia universal.

Frente a esto una oposición formal o informal, pero sedienta de (re)tomar el timón que, en su opinión, por cuna les corresponde, allí y aquí hacen como si la cosa no fuera con ellos. Unos acusan a los gobiernos de todos los males posibles mediante falacias. Otros se lanzan, dentro de un mismo gobierno, piropos envenenados, como la más cruel de las oposiciones.

¿Todo eso es gobernanza? Si ante un mal, en principio físico, —y teniendo en cuenta los importantes efectos colaterales emocionales, culturales y económicos— la gobernanza no parece ser la protagonista en el modus operandi de la gestión de la cosa pública, como podemos esperar que esta clase política haga frente a los enormes retos institucionales planteados y que requieren respuestas cada vez más urgentes?

El 14 de febrero estamos llamados a las urnas. Una vez más debemos escoger el mal menor. Pero forzar así a la ciudadanía no es calidad democrática. Ni se le parece.

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