"No hay derecho", pensamos la inmensa mayoría de catalanes cuando se aplicó el 155 (con el apoyo, entre otros, de Salvador Illa) para poder dar lugar a la represión judicial. Que "no hubiera derecho" a tantos procesos y a derivar de ellos penas de prisión, de inhabilitación, de multa o de necesidad de exilio, o que "no hubiera derecho" al flagrante lawfare denunciado desde Catalunya y aplicado a un grupo objetivamente identificable, no es solo una forma de hablar. Ya no lo es. Ahora es una afirmación literal, no una locución o una frase hecha: no hay derecho, no existe, no es ley. Ya existían evidencias antes, a partir del posicionamiento del tribunal de Schleswig-Holstein en el año 2018, todo han sido victorias judiciales que han puesto en su sitio a los tribunales españoles y les han marcado los límites. También lo hizo el Consejo de Europa en el año 2021, como lo han hecho las Naciones Unidas y otros tribunales en Escocia, Bélgica e Italia. No había derecho, pero esto ya es una constatación empírica: no había (ni hay) derecho positivo, legal, aplicable que pudiera servir para reprimir el independentismo de la manera como se hizo. Lo cual también quiere decir que, de cara al futuro, tampoco "no habrá derecho" a hacerlo. La reciente sentencia del TJUE cierra el círculo y lo confirma del todo: España no podía y, por lo tanto, no puede actuar como lo hizo.
Si nos remontamos a los años previos a 2017, toda la actuación de España hacia el futuro referéndum era preventiva o con voluntad de evitar aquello que se produciría: absolutamente todo, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista político. Llevar el Estatut al TC era decirnos que no podemos decidir nuestro futuro. Dejar que el TC, y no los ciudadanos, tuviera la última palabra era decirnos que no podemos decidir nuestro futuro (ni nuestro presente). Venían a confirmar que la Constitución del 78 no era un pacto, sino un texto sagrado que fijaba un sistema de poder eterno. Negar la posibilidad de votar un referéndum de autodeterminación era, evidentemente, lo mismo. Negar un sistema de financiación propio, lo mismo. Legislar para que las resoluciones del TC fueran ejecutivas y de obligado cumplimiento antes de que se emitiera sentencia, también lo era. Enviar las instrucciones y requerimientos al Parlament, por parte de este tribunal, también era decirnos que nunca decidiremos nada. Ni siquiera parlamentariamente, con mayorías. Todo, todo, absolutamente todo lo que ha hecho España con Catalunya desde la reforma del Estatut (y antes también, evidentemente) ha sido para decirnos que no podemos decidir y que no decidiremos. Ni en cuanto a salir de España, ni en cuanto a reformar el régimen del 78. Nada de nada. Y la segunda parte de esto es la que se inicia a partir de 2017: y si intentáis desmarcaros unilateralmente, seréis castigados con una severidad inédita en Europa.
La reciente sentencia del TJUE cierra el círculo y lo confirma del todo: España no podía y, por lo tanto, no puede actuar como lo hizo
Ha sido, en efecto, inédito en Europa. Inédito y, ahora ya lo sabemos, no aceptado. En pocas palabras, la respuesta española al movimiento independentista catalán ha sido considerada inaceptable por el derecho europeo y este reconocimiento llega, después de unos diez años de resoluciones con cuentagotas en el mismo sentido, con la obligación de los tribunales españoles a aplicar la amnistía (es decir, a aplicar la ley). El asunto queda, por lo tanto, resuelto, jurídicamente, a favor de los independentistas: no se podía hacer lo que hicieron los tribunales españoles, y lo más importante: no se puede. No lo pueden hacer. No lo podrán hacer. Otra cosa es saber si tendrán o no necesidad, si se producirán o no acontecimientos parecidos. Esto ya depende de si el conflicto existente se aborda desde el diálogo o desde la confrontación. Ahora ya se sabe que, en la vía de la confrontación, hoy estamos en más igualdad de armas. Y esto quiere decir que, en una eventual (y poco probable) vía del diálogo, también.
Durante este curso veremos una oferta de frente plurinacional por parte de Pedro Sánchez, y el rien de va plus de la política española: como alternativa a este reformismo de broma, la extrema derecha más protofascista de Europa. Mientras tanto, en Catalunya, muchos de los que se dejan hipnotizar por estas circunstancias forasteras creen que se nos ha pasado el arroz. Que ahora los debates son otros, que si el éxito de la Roja, que si el califato, que si la crisis y la guerra, que si la desmoralización del movimiento, que si nadie nos ayudará, que si las traiciones internas, que si el enemigo es demasiado grande o nosotros estamos demasiado desunidos, o si hemos fallado demasiado. Pero nada de esto debe configurar el futuro necesariamente. No es tan difícil de ver o de adivinar: si toma forma en Catalunya una opción independentista renovada, con la experiencia acumulada y con un plan actualizado, serio, creíble, determinado e incorruptible, que ni se acongoje ni se distraiga, la ola que se levantó en 2017 volvería ahora a levantarse. Con más fuerza, no tengo ninguna duda. De hecho, en la reciente sentencia del TJUE, no existe ninguna referencia al referéndum que acompañe con el adjetivo de "ilegal". Tampoco pone absolutamente ningún otro adjetivo. Ahora que podemos dejar de considerarnos ilegales, no seamos nosotros quienes nos pongamos el adjetivo de rendidos.