“El Constitucional no será un honroso retiro”

Mientras las últimas olitas del Ferragosto llegan a las playas, la mar de fondo de la política y del poder cobra ya fuerza en el foro, y no solo porque esta misma semana vaya a reiniciarse la actividad parlamentaria. El reclamo de poder aspiracional más próximo es el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional que, a pesar de las serpientes de verano y los tira y afloja, parece que se producirá en los primeros días de septiembre, incluyendo a los cuatro miembros previstos: los dos que competen al Gobierno y los dos del CGPJ.

Es evidente que la cuestión está en marcha, más que nada porque ya ha empezado la tarea del filtrado y desistimiento y la de la quema de candidatos en avanzadilla de lo que pudiera suceder. Habrán leído que si uno no quiere, que si otro parece seguro y a estas alturas lo mejor es no hacer mucho caso de todo eso. Nadie que sepa de verdad lo que se cuece quiere hablar y nadie que esté de verdad a un pelo de ser nombrado tiene ningún interés en aparecer… aún. Y bien podría ser que algunos candidatos de los que hoy nos dicen que no están interesados, como Antonio del Moral, estén borrando el sendero para no verse quemados, puesto que personas que han de votar en ese pleno de nombramiento, dan por hecho que en julio estaba más que bien posicionado. Del Moral, siendo del Opus, tiene una categoría profesional que falta a otros que ya han llegado y que le reconocen hasta los más izquierdistas.

La cuestión no es tanto que haya movimiento, sino que se acabe plasmando en un cuarteto que dé prestigio al Constitucional y que vuelva a la senda inicial, dejando de lado esa tendencia a convertirlo en un colofón de las carreras de los jueces, que han encontrado una nueva meta a la que aspirar, más allá del Tribunal Supremo. Esa presencia hiperampliada de representantes de la magistratura no es ni la más adecuada para el Constitucional ni la que los constituyentes previeron para un órgano que es el intérprete político de la Constitución Española, el encargado de plasmar en concreciones las directrices amplias señaladas por la Carta Magna. Para ese trabajo no hace falta sobrecargar de jueces el tribunal, entre otras cosas porque su excesivo peso ha conseguido ir virando el sentido de este hasta intentar convertirlo en una especie de instancia superior al TS. No solo se han encargado de pergeñar una denominada “jurisdicción constitucional”, siendo como es un órgano no jurisdiccional y que no forma parte del Poder Judicial, sino que se llegó al mayor de los despropósitos cuando el PP reformó su ley para permitirles ejecutar resoluciones en el caso catalán.

En el Tribunal Constitucional actual hay ocho miembros procedentes de la carrera judicial y fiscal y 3 catedráticos de Constitucional. Una proporción a todas luces inapropiada y que desvirtúa el verdadero sentido del órgano. Es más, el número de penalistas, entre ese grupo, asciende a la mitad. Otro sinsentido tratándose del órgano que es. Por eso, una de las cosas que se deberían tener en cuenta en esta renovación es el restablecimiento de esos equilibrios que son necesarios no solo para el funcionamiento del TC sino también para la percepción que la ciudadanía tenga de su papel.

Sería necesario que el Gobierno no cayera en la trampa de asegurar puestos a jueces, por afinidad o por servicios prestados, y se volcara en buscar perfiles más amplios dentro del mundo jurídico en los que, además y es muy importante, la mediocridad quedara a un lado

Cuentan las crónicas que cuando fue preciso nombrar el primer Constitucional de la democracia, tanto el PSOE como la UCD se conjuraron para elegir a juristas cuyos conocimientos teóricos plenamente reconocidos vinieran además avalados por una buena experiencia forense o judicial. Establecieron entonces una base de nombres muy prestigiosos y en los que se conjugaban los expertos en Derecho Internacional, Derecho Mercantil, constitucionalistas, administrativistas, foralistas, romanistas y civilistas, procesalistas, algún penalista y el amago de contar con un laboralista. ¿Dónde ha quedado ese doble afán de la búsqueda de la excelencia y de la pluralidad de las disciplinas jurídicas, tan necesarias para interpretar los preceptos de todo tipo que integran la Carta Magna? Ya les digo yo que arrastrado por el camino.

Por eso sería necesario que se volviera a retomar ese sendero y que el Gobierno no cayera en la trampa de asegurar puestos a jueces, por afinidad o por servicios prestados, y se volcara en buscar perfiles más amplios dentro del mundo jurídico en los que, además y es muy importante, la mediocridad quedara a un lado. A fin de cuentas, ya se encarga el PP de batir todas las marcas a la hora de llevar gente politizada y sin demasiado saber jurídico ni, desde luego, independencia y valentía para defenderla. Una de las premisas que se adoptaron en ese primer pacto fue sacar de la lista de notables a todos aquellos que no solo hubieran militado en partidos, sino que hubieran tenido cualquier tipo de vinculación sobresaliente con ellos. Una norma de decencia que saltó hace tiempo por los aires, a manos del PP, obviamente.

Los que sí van a designar sin ninguna duda a dos jueces, van a ser los miembros del CGPJ en ese pleno previsto para el 8 de septiembre. A esos dos nombres hay que unir un tercero, el del propio Carlos Lesmes, que tiene ya prisa por buscarse una salida. No duden que, aunque sea tras las elecciones, algún día hay que renovar ese CGPJ y Lesmes no va a volverse de magistrado de a pie a la Sala Tercera. Todos los rumores apuntaban a la dificultad que iba a tener para que el órgano que preside lo autonombrara y a la difícil maniobra que debería afrontar, pero ahora se ha abierto una nueva puertecita que es la necesidad de que el Senado cubra el puesto de un magistrado del TC, Alfredo Montoya, que se ha ido por enfermedad. Esa es su ventana de oportunidad y, ¿quién sabe?, puede que los socialistas no vean mal apoyarle en el Senado si con eso consiguen que el CGPJ se quede definitivamente descabezado —no existe la figura del vicepresidente— y con ello llegue de una vez la renovación.

Esta del Constitucional es la única y verdadera negociación política que se deriva de la Constitución. Esta no es espuria sino necesaria. A fin de cuentas, el TC está por encima de todos los poderes, es el legislador negativo porque no puede promulgar leyes pero sí derogarlas. Eso no es cosa que pueda quedar en manos mayoritarias de jueces, por mucho que ansíen colocarse.