Esta es la definición oficial de la agencia: "Europol, con sede en La Haya, tiene la misión de asistir a los estados miembros en la prevención y la lucha contra toda forma grave y organizada de delincuencia, ciberdelincuencia y terrorismo a escala internacional". Por este motivo, centran su actividad en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la falsificación de euros y la trata de seres humanos. Sus informes anuales son una radiografía de los puntos calientes de este tipo de actividades criminales y, en principio, tienen que ayudar a los estados a coordinar esfuerzos para luchar en contra. El de este año se titula, "Informe de la situación y tendencias del terrorismo de la Unión Europea 2023" y en él, en el apartado "España", aparecen dos alertas: el independentismo vasco y el independentismo catalán.
Los motivos de esta intrigante inclusión son igualmente intrigantes: "en España los independentistas vascos y catalanes son los más activos y violentos en la escena separatista española. Sus relatos combinan el separatismo con visiones de extrema izquierda, que se centran en mensajes en contra del estado español y sus instituciones, pero también otros temas como el capitalismo". El informe plantea la alerta de manera difusa y no pone ningún ejemplo, no nombra a ninguna opción, ni grupo, ni partido, ni entidad concreta, no plantea casos concretos, pero sitúa el independentismo catalán y vasco bajo la diana de la preocupación terrorista. Solo hay una referencia: la detención de una antigua miembro de ETA por unos hechos de hace 36 años. No hace falta decir que, en el mismo informe, no existe ni un solo dato, ni preocupación sobre los numerosos grupos ultras, algunos de ellos nazis, que existen en España, ni tampoco se menciona el crecimiento global de la extrema derecha.
Ante tal barbaridad, y a preguntas de la eurodiputada Diana Riba, la respuesta de Jean-Philippe Lecouffe, el director ejecutivo de la policía europea, ha sido concisa: "son los estados miembros los que notifican los datos. Y, en este caso, la información la ha aportado España". Es decir, España ha "colado" el independentismo catalán en un listado de terrorismo europeo, y ha creado, así, el marco para criminalizarlo. De hecho, nada que no haya intentado una vez y otra, como ahora mismo estamos viendo con la instrucción contra los doce miembros de los CDR de la operación Judas. Pero nunca había llegado a la barbaridad de incluir el movimiento independentista catalán en un listado europeo de terrorismo.
Es así como, sin comerlo ni beberlo, el independentismo catalán, que moviliza a millones de personas, ha quedado marcado en Europa como un movimiento potencialmente violento, necesitado de estar bajo la diana, y desnaturalizado de su condición política, convertido en un mero instrumento delictivo. Es una jugada perversa, maliciosa y falaz, pero que disfruta de una impunidad absoluta, porque Europa se lava las manos. "Es España quien da los datos", dicen, y, dicho y hecho, los catalanes dentro del listado terrorista... ¿Se imaginan si el gobierno británico llega a poner el independentismo escocés en un informe internacional de terrorismo? No, pero aquello que es impensable en cualquier país democrático mínimamente decente, es siempre posible en España.
El independentismo catalán ha quedado marcado en Europa como un movimiento potencialmente violento, necesitado de estar bajo la diana, y desnaturalizado de su condición política, convertido en un mero instrumento delictivo. Es una jugada perversa, maliciosa y falaz, pero que disfruta de una impunidad absoluta, porque Europa se lava las manos
En este punto, la cuestión clave es recordar quién es el responsable de haber enviado esta información falsaria a la Europol y, por desgracia, no se trata de la derecha cavernaria, ni del voxismo feroz, sino del ministerio de Interior del Gobierno más progresista de la historia. Dicho claro: el ministro Grande-Marlaska y, por elevación, el señor Pedro Sánchez. Es decir, el culpable de criminalizar un movimiento pacífico y democrático, desvinculándolo de su naturaleza política, y arrinconándolo en la categoría delictiva/terrorista, es el gran amigo socialista, el que ahora nos pide el voto para salvar España del "facherío". De esta manera tan burda, el PSOE hace suya la intención que latía en las leyes franquistas de "vagos y maleantes", que convertían en delincuentes a todos los disidentes políticos. Es la creación de un marco mental criminalizador que segrega el independentismo de la normalidad democrática, y lo relega a la categoría policial. Un marco mental que ya se consolidó con la judicialización del procés catalán, la creación de una gran causa catalana y la retórica política que la siguió. Pero el informe de la Europol es un paso adelante muy grave, porque abiertamente sitúa el independentismo en un potencial terrorista. Lo hace sin necesitar ni un solo dato que lo avale y..., lo hace un gobierno socialista que se ha servido de un partido independentista para gobernar.
Realmente no podemos ser más necios. O no pueden ser más necios aquellos que han ampliado bases que eran humo, y se han dejado enredar de la manera más chapucera sin entender que, con respecto a Catalunya, no existe el eje ideológico, sino el eje nacional. No hay amigos progres españoles, sino españoles que dejan de ser progres cuando se trata de España. Progres españoles que cuando quieren el poder, son los "españolitos buenos", amigos del diálogo, pero cuando lo tienen, usan todas las herramientas para reprimirnos, incluso mentir a una agencia policial europea para criminalizar un movimiento pacífico. Al final habrá que reconocer que los de la derecha española son más honestos: nos dicen que nos quieren joder, y no nos mienten en la cara. Los otros nos fastidian igual, pero lo hacen con una palmadita en el hombro. Como dice el maestro, "que els bombin a tots".