Definitivamente, y por lo que a la posibilidad de llegar a ocupar escaño en el Parlamento Europeo se refiere, Junqueras no es Puigdemont. Podemos tener de tanto en tanto la sospecha de que la larga (y triste) estancia en prisión sublima en Junqueras un coqueteo con el martirio (como en Cuixart, pues no de otro modo pueden entenderse sus alegatos finales en su proceso ante el Tribunal Supremo), pero en ningún momento se ha generado en su entorno algo parecido a la sensación de ridículo que va atenazando de forma creciente la imagen de Puigdemont. Quizás es que entre la defensa de Van den Eynde (¡ya no digo la de Melero!) y la de Boye hay una distancia infinita, a pesar de comulgar en el mismo credo sobre la naturaleza política de todo el avatar judicial. Quizás es que quedarse y afrontar las consecuencias de los hechos (o de las falsas acusaciones, al modo socrático) no es lo mismo que dejar a los colegas a los pies de los caballos, amagando varias veces con dar sin consumar más que una huida sin fin. Sin embargo, también hay que recordar que todas las crónicas coinciden en hacer a los más encendidos entre los republicanos responsables del lanzamiento al vacío del entonces president, horrorizado en la eventualidad de pasar a la historia, mira por dónde, como un cobarde.

Sea como fuere, está más cerca del escaño Junqueras que Puigdemont. Es la de aquel una posibilidad abierta por el propio sistema político, pues, aunque la fiscalía y la Abogacía del Estado no estén en mayor o menor medida de acuerdo con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, lo cierto es que el Tribunal Supremo parece proclive a preguntar (y a resolver de una vez por todas), el alcance de la inmunidad parlamentaria, el momento a partir del cual se inicia su eventual fuerza retroactiva y, en última instancia, la capacidad que mantengan los estados de decidir a título particular sobre los requisitos o efectos de tal “privilegio” (así le llamábamos hace cuatro días y todo el mundo hablaba de eliminarlo; ya no).

Por lo que a la posibilidad de llegar a ocupar escaño en el Parlamento Europeo se refiere, Junqueras no es Puigdemont

La práctica del derecho tiene mucho de creativa. No ha hecho falta más que ver el modo en que se han desarrollado las diferentes defensas de los encausados en el procedimiento ante el Tribunal Supremo por los hechos del 1 de octubre. Sin embargo, como han remarcado desde antaño insignes juristas, de la interpretación creativa a la creación libre hay un trecho difícilmente salvable. La Escuela del Derecho libre argüía a principios del siglo XX, con más sofisma político que fundamento jurídico-dogmático, que los creadores del derecho son los jueces, pero la realidad es muy otra. Atan al poder judicial no solo principios procedimentales como el de congruencia (no pueden responder más que aquello que y en los términos en que se les pregunta), sino sobre todo, y este otro es un principio más genérico pero no por ello menos contundente, también el principio de legalidad.

Se ha dicho, y es cierto, que el principio de legalidad no asegura la existencia de un régimen democrático. De hecho también el régimen franquista se apuntaló sobre un principio de legalidad, la legalidad franquista. Dicho principio solo adquiere sentido democrático en el ámbito de un sistema político con separación de poderes. Quienes no creen que tal separación exista entre los poderes del Estado español se han dedicado en los últimos tiempos a pedir al gobierno que no dé indultos o que los conceda sin esperar a la sentencia, y por supuesto también a exigirle condenas o absoluciones. Alguno de los peticionarios verá colmada sus expectativas, mientras los demás observarán con frustración que las decisiones judiciales van por otro camino, lo que probablemente los tiente a decir que la decisión no ha sido independiente.

Pero hay algo de última y recóndita confianza en la justicia en la actitud adoptada por los procesados, por Junqueras y el resto de los presentes en la sala de juicios, que tal vez ayude a configurar en la sentencia algo parecido a un acatamiento del sistema, aunque no compartan su configuración ni sus principios organizativos. Tal vez después puedan criticar una condena, pero también estarán en disposición de celebrar cualquier otra decisión que acabe tomando el equipo de Marchena. Algo que en ningún caso estará al alcance de Puigdemont.

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