Parece que volvemos a la casilla de salida, pero solo lo parece. El Tribunal Supremo recapacita (forzado o no por la banca, lo parece) y nos dice que ya estaba bien la visión que del impuesto de actos jurídicos documentados habían dado el Gobierno desde el año 95, el legislativo durante el mismo periodo de tiempo (pues podría haber modificado el reglamento y no lo hizo) y una jurisprudencia mayoritariamente plegada, como no podría ser de otra manera, a lo que dice la ley, a pesar de que por lo que se refiere a los reglamentos, la sala civil tiene (y ha ejercido) la potestad de inaplicarlo si lo consideraba contrario a la ley.

Lo chocante llega con Sánchez, cuando nos dice, atril mediante, que va a cambiar la norma después del volantazo (segundo volantazo, quiero decir) jurisprudencial, a modo de salvación gubernamental a lo que así aparecería como arbitrariedad judicial. Pero, ¿por qué ahora, si no estaba en su programa y hasta ahora a nadie tal cuestión le pareció crucial? (Ah, ya, en palabras de la vicepresidenta, "porque ahora es presidente"). Y ¿por qué miente y dice que esto beneficiará a la gente, cuando todos sabemos que a nuevas reglas tributarias, nuevas condiciones hipotecarias? Más en el fondo, ¿por qué se arroga la legitimidad de hacer un decreto-ley para cambiarlo, cuando puede operar con el mismo tipo de norma reglamentaria que ya utilizó su antecesor (y compañero de partido) Felipe González, para decir lo contrario?

Por un cálculo pequeño, tan pequeño como el que hacen los demás partidos, pero en este caso aupado por la púrpura, saturado de imperium, aunque carezca de auctoritas... Total, para decir nada, y si alguien necesita una prueba del algodón para saber que la norma anunciada es inocua, adviértase la aquiescencia de PP y Ciudadanos a la misma. A la banca lo que le importaba, obviamente, era una retroactividad en la que se viera, en primera instancia o en diferido, demandada. Y, al menos por ahora, parece que lo ha evitado.

El nivel cultural y jurídico de nuestros gobernantes es tan deplorable como escasa es la altura de miras con la que deberían tratar nuestras instituciones

Para decir nada, pero para causar tremendos desperfectos. Si tenemos alguna duda sobre la líquida condición del presidente, debería bastarnos atender a su alegato del día de hoy sobre las medidas que ha de tomar el Gobierno en este asunto, para suscitarnos alarma. El nivel cultural y jurídico de nuestros gobernantes es tan deplorable como escasa es la altura de miras con la que deberían tratar nuestras instituciones, la armadura jurídica que las sostiene y el papel de cada poder del Estado dentro del organigrama general. Pero todo eso parece importarle bien poco. Quizás es que no sabe, y es entonces triste la situación, pero si sabe y aun así actúa como lo hace, si es consciente del papel comparsa que pretende hacer jugar a la política y el derecho respecto de medidas populistas que más se avienen con la frivolidad podemita que con la responsabilidad del gestor principal de la cosa pública, es que ya queda poca esperanza de no acabar en el fondo del barro antes de que pueda empezar la recuperación.

Hay demasiada gente aplaudiendo su labor destructiva, cada uno por su interés personal, desde quienes quieren un Estado a costa de negar el que ahora les acoge hasta aquellos que nunca salieron del algodón de bienestar y desde sus cargos lo engordan. Hay tantas facciones diversas haciendo su contribución a la demolición del Estado, que tal vez haya que relajarse, hundirse y golpearse en el fondo de la fosa para después renacer. Porque gobernar no es eso; gobernar es construir.