Las declaraciones de Quim Arrufat la mañana del pasado lunes en El Matí de Catalunya Ràdio han supuesto un nuevo capítulo en el abandono de las ambigüedades por parte de la clase política independentista: el proceso tiene un enemigo fuerte en el aparato del Estado que, como es obvio, pondrá todo su empeño en conseguir mantener la unidad territorial, y por tanto todo vale ya, incluida la infracción de la legalidad (en los dos bandos, podríamos añadir). Lo cual, dicho sea de paso, no es noticia, si tenemos en cuenta que ya hace tiempo que se quiso distinguir la legalidad española y la catalana, afirmando que, si se contradecían, solo por ésta se sentirían obligados.

Arrufat, sin embargo, ha ido un paso más allá respecto de lo afirmado y luego negado por Santiago Vidal, esas aseveraciones de hace algún tiempo que han llegado a la gran audiencia estos días y que ha generado tanta polémica a lo largo de la semana: si éste hablaba de forma genérica de una obtención ilegal de los datos censales (fantaseo de legalidad por otra parte absurdo, ya que nuestros datos vuelan por el ciberespacio con impunidad casi total de cuantos los usan), Arrufat ha hablado de la necesidad de implicar al funcionariado en la consecución de los objetivos. Sus palabras han sido exactamente: Tenim un conseller d’Interior que no ha fet la feina que havia de fer per tal d’alinear la policia amb el procés independentista.

No sé si hace falta una exégesis de esas palabras, pero por si acaso la haré. Por supuesto cabe y es legítima la crítica que desde un partido político cuyo objetivo es la independencia pueda hacerse de quienes, ubicados en otro partido con el mismo anhelo de independencia para Catalunya, se comporten de forma incoherente o inconsecuente con dicho objetivo. Es probable, sin embargo, que no todo el mundo tenga en Junts pel Sí la misma prisa en la llegada del Estado propio, quizás incluso por sospechar que algunas de las compañías en el viaje les son poco cercanas ideológicamente hablando, hasta el punto de provocarles dudas sobre la idoneidad de un Estado independiente como la gran solución, si la solución la ha de traer el anticapitalismo. Se trata de aquel independentismo pragmático que cree que en la Catalunya Estado sus cuitas económicas se verían aligeradas y que no se sentirían cómodos con quienes creen que Junts pel Sí son la crueldad neoliberal personificada.

La cuestión central no es que por la independencia pretendan desobedecer las leyes, sino su intento de que los demás también lo hagan bajo el mando de sus superiores

Pero la cuestión central no es que por la independencia pretendan desobedecer las leyes, sino su intento de que los demás también lo hagan bajo el mando y condicionamiento de sus superiores. El conseller ¿puede ser criticado por no ser lo suficientemente independentista? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no lo será mejor, sino a todas luces peor, por el hecho de que condicione a la policía para que “se alinee con el proceso”. Hacer algo así significa pedirles que se decanten; que decidan qué legislación obedecerán en el caso de que llegue el momento del conflicto; y que incluso se enfrenten entre ellos a ese efecto, generando además una especie de clasificación de buenos y malos (con doble prisma, según quien lo mire) que no puede tener final alguno razonable. Y en última instancia, ¿se puede confiar en una policía alineada, no con los objetivos que le son constitucional y estatutariamente marcados (la protección de los derechos fundamentales y de la seguridad ciudadana), sino con los de una opción ideológica? Dicha exigencia verbalizada por Arrufat sobre la figura del conseller pero extendida sobre la policía de la que es responsable gubernamental se contradice palmariamente con la reclamación que hicieron hace poco los cuerpos policiales (todos ellos en su conjunto) apelando a la responsabilidad de la clase política para que no se les instrumentalice en razón de tal o cual fin que aquella persiga; porque si todos ellos són legítimos desde el punto de vista del pluralismo político, todos ellos tienen un límite claro en la regla del juego definida por el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que, catalán, español o bantú, a nadie que ya lo ha disfrutado le gustaría perder, excepto los que creen que lo mejora la dictadura del proletariado como antesala a una sociedad sin clases.