Si pudo arder París y en otro tiempo fue motivo para una canción, también puede arder Catalunya sin que nadie se escandalice. Otra cosa es el uso espurio que a cada lado de esta barricalizada situación pueda hacerse de los hechos para justificar una reacción desmesurada. Pondré un par de ejemplos: han corrido por las redes vídeos de radicales atizando a policías o a cualquier transeúnte que, errando de lleno, tercie para poner paz. También se han visto algunos otros en los que los policías estaban haciendo su trabajo con un celo que en este país de blandengues es tildado de brutalidad (como en el nacionalismo, el umbral de tolerancia a la “brutalidad policial” se cura viajando a países donde la vida no vale nada o sencillamente donde cada acción libre va siempre acompañada de responsabilidad)

¿A quién benefician esas imágenes? Lo que está claro es que siempre perjudican a ese mismo ciudadano anónimo que vive cerca del follón, que puede perder su trabajo por llegar tarde, que sencillamente vive aparcado al margen de esta pelea entre vividores del régimen sin nada que perder y poco que aportar. Pero, ¿a quién beneficia el descalabro?, pregunto... Porque por supuesto ya hay quien dice que los radicales pirómanos y violentos son infiltrados de la policía para justificar intervenciones más duras y, en última instancia, la aplicación de la ley de seguridad nacional, o incluso un nuevo 155, si, requerido el president Torra para que ponga orden (ya me dirán cómo, a estas alturas del follón), no diera respuesta satisfactoria. Por otra parte, hay todo un discurso alternativo, en el que la quema de mobiliario urbano y los disturbios han sido generados en el independentismo radical con la anuencia del gobierno catalán porque pretendería así dar visibilidad internacional al conflicto y presentarlo, imágenes mediante, como la prueba del algodón de lo que llevan diciendo desde hace mucho tiempo: que España no es un estado de derecho y que su nivel democrático está a la altura de Turquía.

No hay nada de pacífico en una pena de prisión, pero es el sistema que nos hemos dado para determinar quién está a cada lado de la línea que supone la ley

Tiene gracia, sin embargo, que nadie piense en la amarga realidad que genera esa conjunción de intereses: todos pierden. Cuando un conseller está a la vez en el gobierno y en una marcha del desgobierno aunque se la adjetive “por la libertad”, Catalunya pierde. Si Catalunya cree que puede proyectarse internacionalmente desligada de la violencia con la que se da a conocer, se equivoca. Cuando el Estado cree que la policía puede ser dejada a los pies de los caballos, Catalunya pierde y el Estado todo, también. Cuando el periodismo atiza el juego en uno u otro sentido por encontrarse atado por los mismos intereses cortos de miras de los políticos, pierde. ¿O es que alguien cree que sin las continuas imágenes de lo que está pasando desde el minuto uno, cuando eran cuatro y el cabo, se habría organizado este conflicto descomunal? ¿Y es que alguien puede negar que si en vez de eso hubieran dicho los medios la verdad, se habría generado el mismo efecto?

No creo que los participantes de este embrollo estén pensando en la verdad, ni en la belleza, ni en la bondad, a pesar de que una enésima explicación pasa por decir que la juventud que mayoritariamente protagoniza las protestas ha perdido el miedo, porque en su descontento no tiene nada que perder. Y ello a pesar de que viven ellos hasta bien entrados los 30 en la fonda familiar de quienes a su edad no tuvimos este nivel de bienestar de ahora.

Hay poco de pacífico en ocupar las vías de comunicación de manera que quien las necesita para ganarse el pan pierda su disponibilidad por el bloqueo generado por unas pocas decenas de personas. No hay nada de pacífico tampoco, es verdad, en una pena de prisión, pero es el sistema que nos hemos dado para determinar quién está a cada lado de la línea que supone la ley. Una ley que no es nunca del agrado de todos, pero que acordamos en el pacto fundacional que es la Constitución (exactamente igual que en los países de nuestro entorno), que vendría establecida de acuerdo con unos parámetros de validez que son: que la dicte quien es competente, por el procedimiento establecido y sobre materia sobre la que tenga atribuida competencia. También establecimos en ese pacto que desobedecer lo que establezcan los jueces en sus sentencias y demás disposiciones en aplicación de esas leyes sería considerado violencia contra el sistema y castigado. Tal vez haya opciones mejores, pero en un estado moderno de la Europa del siglo XXI no hacer los cambios constitucionales antes de cambiar de sistema se considera delito. Y así estamos. Con Catalunya algo quemada y todos los deberes por hacer. Como en cada generación. Como cada generación.