El Departament de Justícia ha elaborado un Pla de foment de l’ús del català para el ámbito judicial. No hay que ser muy espavilado para entender hasta qué punto este plan es un ejemplo más del "trabajar incansablemente", el lugar exacto desde donde se hace el trabajo que viene viciado de serie. El vicio radica en la pretensión de apedazar cualquier signo de la ocupación española con una gran euforia propositiva que, contra un estado, sirve de muy poco. Con un vídeo, un código QR y unos ejes que parecen pensados pelando guisantes al final de un lunes laborable, el Departament de Justícia quiere luchar contra la gran verdad del sistema judicial español: que es español. No hay que saber catalán para ser juez en Catalunya, porque, para serlo, no se exige ningún mínimo conocimiento de las lenguas oficiales que no sean el castellano. Saber catalán es considerado un "mérito", pero no una condición sine qua non para ejercer en nuestro país. Atacar esta condena a la superfluidad del catalán en uno de los marcos que nos atraviesa a todos, la ley, es la campaña que habría hecho el autonomismo cuando se ponía al servicio del país para, como mínimo, legar solidez ni que fuera legitimando estructuras españolas desde el nacionalismo catalán. Hoy tenemos un vídeo, un QR, unos ejes que parecen pensados pelando guisantes al final de un lunes laborable y un sistema judicial español que no dejará de serlo hasta que no sea catalán. Los "planes de fomento", los "compromisos amplios", la "firme voluntad de incentivar" y los "frentes transversales" siempre se obstaculizan con el axioma que lo empapa todo: cualquier plan para contrarrestar al Estado que no reme a favor de nuestro estado serán salpicaduras de agua disparadas contra el sol.
"Si no garantizamos el derecho a la elección lingüística, no garantizamos el derecho a la tutela judicial efectiva", dice Lourdes Ciuró, consellera de Justícia, descubriendo que, en Catalunya, los catalanes somos ciudadanos de segunda. Si la consellera cree de verdad que en la elección lingüística hay un derecho fundamental en juego, que explique de qué manera una web de quejas accesible vía QR y visible en todos los juzgados es la respuesta a tal agravio. Si no existe ni la intención de blandir una reivindicación autonomista como es exigir a los jueces un nivel mínimo de catalán para ejercer en Catalunya, si el Pacto Nacional para la Justicia tan sólo eleva el nivel exigido del B2 al C1 y lo define como "mérito" pero no pretende que sea una obligación, ya me diréis de qué sirve convertir los juzgados del país en un CosmoCaixa interactivo y didáctico. De nada, claro está. Es la manera astuta de hacer sentir al ciudadano que en el Govern hay alguien velando por sus derechos justo cuando acaba de verlos vulnerados. Es un placebo.
Dense un paseo por las facultades de Derecho. Se darán cuenta de que los lamentables datos de uso del catalán en el ámbito judicial nacen y mueren allí mismo
Con todo, el Departament de Justícia ha tenido la ocurrencia de proponerse que el catalán sea la lengua del Departament de Justícia y de los servicios que ofrece. Este es uno de los ejes que contempla el Pla de foment de l’ús del català, y el problema es que lo sea. Da vergüenza pensar que hasta el año 2022 a nadie se le ha ocurrido que, con el fin de promover el uso del catalán en el ámbito judicial, quizás había que empezar por casa, porque las consecuencias de no empezar por casa no se quedan en casa. Tanto es así que otra de las propuestas es la creación de un portal de lengua que reúna los buscadores de vocabulario jurídico en catalán. "Es para quien no sepa catalán", pensaréis. Os equivocáis. En las facultades de Derecho de nuestro país vamos tan justitos de lengua que los estudiantes salimos con un vocabulario jurídico en catalán más que deficiente. Si no tienes los términos en catalán, presentas la demanda en castellano. Aquí todos los ejes del Departament de Justícia ya no tienen mucho más que hacer que proporcionar las herramientas para revertirlo, porque el problema es tan profundo que, para variar, llega hasta el Departament de Recerca i Universitats. Si la consellera Geis y la consellera Ciuró tienen alguna vez un momentito y la bondad de hacerme un poco de caso, dense un paseo por las facultades de Derecho del país. Se darán cuenta de que los lamentables datos de uso del catalán en el ámbito judicial nacen y mueren allí mismo.
Un Estado que no es el nuestro, un sistema judicial que no es el nuestro, un servicio de quejas que no podrá frenar la inercia españolizadora de un sistema que está pensado para eso, la cobardía de aceptar el catalán como "mérito" y no como obligación, un Departament de Justícia que hasta ahora no utilizaba el catalán en todos y cada uno de los servicios que ofrece, unas facultades de Derecho que lo dejan todo bien apañado para las generaciones futuras y un solo Pla para detenerlo. Gracias por el trabajo, consellera. No son unos parches humillantes, pero son parches. Me parece que costará un poco más.