El lunes conocimos un ominoso hecho: la muerte de una mujer de 81 años, en pleno centro de Reus, a causa del incendio provocado, según todos los indicios, por alguna de las velas que encendía para ver en su casa, porque tenía desde hacía meses la luz cortada.

Por una vez no podemos dar la culpa al Madrid que sólo es demócrata de palabra y para quien las personas y los grupos en que se integran le son sobreros. Esta vez la culpa, cuando menos política, está en nuestra casa.

Instalados como estamos en el estado del malestar, no se puede pasar por alto que la mayoría de servicios esenciales para la supervivencia personal y familiar están en manos de empresas privadas, concesionarias monopolísticamente de los servicios en cuestión. Dicho de otra forma: la prestación de servicios vitales, tengan o no la condición legal de derecho, son un negocio para el suministrador. Negocio doble: sin competencia por regla general en el territorio donde lo prestan y con una fijación de precios o tarifas derivadas de la desigualdad, con respecto al público. La posición de exclusividad y lobbismo del mencionado prestador lo hacen próximo al regulado, a quien en buena medida captura, si antes de las puertas giratorias no está ya en su interior. Los prestadores de estos servicios son tan pocos y tan poderosos que no llenan más de media docena de líneas.

Por mucho que sean estas prestaciones de servicios un negocio, en tanto que servicios públicos o prestaciones vitales públicamente tuteladas, no podemos dejar de lado a los conciudadanos más débiles y vulnerables, colectivo que cada día se amplía. La pobreza ya no es una excepción –como pensábamos en el poco tiempo que creímos ser  ricos-, sino que es una triste realidad con la que tenemos que convivir y tenemos que ayudar a superar o, como mínimo  paliar, por el bien de nuestras conciencias.

Esta deriva antipersonal, moralmente detestable (¿quién habla ahora del humanismo?), lo es más todavía si encima se remarca que no radica exclusivamente en razones económicas. La decisión de suspender un servicio público vital radica en la decisión de unos particulares por la simple razón del impago del servicio. Si estuviéramos ante una prestación libre entre privados (la compra de una camisa, de un televisor, de un coche...), el impago comportaría la rescisión del contrato y la anulación de la obligación de cumplir la misma prestación. Y poca cosa más por decir.

Tratándose de bienes de primera necesidad, suministrados bajo licencia, control y tarifas públicas o públicamente aprobadas o controladas, el cese de la prestación (el corte del suministro) en los países civilizados no puede ser unilateral. Entre estos países civilizados Catalunya cuenta con una ley, la ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que, aunque mutilada temporalmente por las impugnaciones del gobierno central, da cobertura a las personas que en situación de vulnerabilidad ven su suministro cortado. En esencia prevé que en caso de corte por parte de la compañía suministradora, ésta tenga que comunicarlo a los servicios sociales del Ayuntamiento de residencia del deudor, con información de los derechos que, como consumidor, le son propios. Guías y protocolos al respecto han sido publicados por la Agencia Catalana de Consum y nadie puede hacerse el despistado.

Según refieren las autoridades locales de Reus, esta comunicación en el caso de la mujer muerta a causa del incendio derivado en última instancia del corte de luz eléctrica, no tuvo lugar. Dentro de poco conoceremos punto por punto qué y cómo sucedió el corte y cuáles son los sujetos políticos, económicos moralmente responsables. Incluso lo aclararemos jurídicamente en todas sus variantes.

Ante esta inequívoca ignominia, hay que recordar que las empresas suministradoras de servicios energéticos son monopolios, basados en el negocio de tarifa, y de los que los beneficios no paran de crecer, y que el coste de la energía no cesa de crecer. Según el informe Economics for Energy, de 2007 a 2014 la electricidad subió un 76% y el gas un 35%. El poder adquisitivo de los asalariados entre 2009 y 2013 se redujo un 5,8% de acuerdo con el estudio Devaluación salarial en España, presentado por CCOO en 2015.

La piedad es una virtud. La piedad no es caridad. La piedad es la máxima muestra de empatía ante el dolor y el daño de otros. Llenarse la boca e inundar con publicidad directa o indirecta los media y otras plataformas con la responsabilidad social corporativa es una muestra de fariseísmo. De fariseísmo trágico que tiene como único objetivo la cuenta de resultados y no las personas a las que se proclama servir.