Manuel Marchena es un juez de 60 años, hijo de militar, que ha escalado hasta el máximo nivel de la cúpula judicial española, de derechas (afín, según los medios de comunicación, al PP), que el destino le ha reservado el papel de liderar la resolución del conflicto del referéndum del 1-O del 2017 y de una causa general contra el independentismo catalán.

Según mi opinión, el juez en cuestión y sus compañeros de la cúpula judicial que llevan el caso ya hace tiempo que declararon culpables a los presos políticos al aplicar unas condiciones que, aunque amparadas por la ley (sólo faltaría), muestran una animosidad evidente contra los encausados, a los que han dado un trato que supura voluntad de castigo a cuenta. Se ve que hay un acuerdo bastante general en que la sentencia será dura, y que los años de prisión preventiva son el aperitivo de lo que el Sr. Marchena procurará consensuar con el resto de los miembros del Tribunal Supremo.

Sea cual sea la decisión, aunque hubiera absolución, según mi opinión ya han sido condenados. Ahora es cuestión de afinar la argumentación y de poner una cifra. Sin embargo, el Sr. Marchena tiene que tomar una decisión que descansará en cuatro pilares que, con los respetos obligados, pretendo valorar.

El primero es la inteligencia y la capacidad de este juez, que está fuera de toda duda. Tiene una carrera que sólo personas muy preparadas pueden llegar a culminar, a pesar de la sombra de corporativismo que esconde la cúpula judicial española. Él es la cara visible, el líder de la sala que dictará la sentencia. Seguro que, por la trascendencia del tema, como redactor, la bordará como si fuera una tesis doctoral. El Sr. Marchena es inteligente, seguramente que muy inteligente, condición necesaria pero no suficiente para impartir justicia.

Después de la renuncia de los políticos españoles, de derecha y de izquierda, a gestionar un conflicto de naturaleza política como el catalán, el juez Marchena se ha erigido en el pseudopolítico más poderoso del estado español

El segundo aspecto sobre el cual se asentará la sentencia es un relato que parece de ciencia-ficción. Conozco personalmente a casi todos los encarcelados y puedo asegurar que son gente de creencia y práctica totalmente pacíficas y de profundas convicciones democráticas. Independentistas, eso sí. Yo también lo soy. Quererles endosar violencia, castigarlos por organizar un referéndum, cuando se despenalizó hace 6 años, crear conceptos que no se sostienen en el marco normativo actual, me parece un disparate de los grandes. Se ve que el Sr. Marchena es uno de los inspiradores del relato que montaron el juez Pablo Llarena y la Fiscalía del Estado, descansando en informes de rigor y seriedad muy dudosos. Me cuesta entender que un hombre de su capacidad intelectual se haya dejado llevar por un montaje de ficción, como si fuera una de las óperas que tanto le gustan.

El tercer pilar que sustenta la sentencia que nos entregará el Sr. Marchena es su poder. Después de la renuncia de los políticos españoles, de derecha y de izquierda, a gestionar un conflicto de naturaleza política como el catalán, el juez Marchena se ha erigido en el pseudopolítico más poderoso del estado español. Es un demérito de los que han renunciado y un síntoma muy grave, claramente crónico en la historia, de la incapacidad del Estado para aceptar la diversidad. Todos los jueces tienen su ego y a menudo se sienten estrellas de la sociedad por el hecho de tener la última palabra. Pues ahora, con el aval del Rey y de las estructuras del Estado, el juez Marchena es el hombre más poderoso en un conflicto territorial, no judicial. Una pena y un síntoma pésimo del estado español. El Sr. Marchena tiene poder, no sé si tiene autoridad.

Se puede pensar que detrás de la sentencia hay una garantía muy importante, que es que el Sr. Marchena y el resto del tribunal ponen en juego su reputación. Eso es relativo. Para mí ya la han perdido. Pero lo más preocupante es que la futura sentencia carece de otro factor impropio de la justicia.

Pasa que los máximos órganos de la estructura del poder judicial español dan muestras, cada dos por tres, de un sesgo claro hacia el nacionalismo español. No sólo en Madrid, que es el kilómetro cero del sector, sino también en la cúpula judicial ubicada en Catalunya. En este contexto, el Sr. Marchena no desentona nada, al contrario, se ve que es un unionista de cabo a rabo, como la mayoría de los que han participado en la instrucción y en el juicio. Visto desde fuera, se hace difícil pensar en la objetividad de estos señores que dictarán sentencia. Mi opinión es que, todos ellos, no sólo son firmes defensores de la unidad de España, sino que (y eso es peor) han tomado con gran satisfacción la responsabilidad histórica de poner límites a la libertad de pensamiento y de acción del independentismo.

Al fin y al cabo, me da la impresión de que el Sr. Marchena es una pieza más de las férreas estructuras de estado que están dispuestas a lo que haga falta para salvar su España. Decida lo que decida, a estas alturas estamos ante una mala noticia para la justicia y la democracia, que tendrán que esperar.

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