La agresión policial que sufrió el socio del Barça en Elx por el simple hecho de llevar una estelada ha supuesto, ciertamente, una especie de revulsivo en el movimiento independentista. Sin embargo, este revulsivo ha sido más en el ámbito de la acción —más directo e inmediato— que en el de la estrategia a largo plazo, que se cuece a fuego más lento. La reacción social a los hechos de Elx, acompañada del claro posicionamiento del Barça, es la culminación de un runrún que lleva meses cociéndose por una simple razón: a pesar de todos los pesares, estructuralmente no ha desaparecido ni uno solo de los motivos por los que una gran parte del pueblo de Catalunya pretende que su nación sea un Estado independiente. Es como si en términos informáticos dijéramos que el hardware se mantiene intacto y ahora hay que buscar un nuevo software porque el de 2017 ha quedado desfasado.
Y es que mientras veíamos una y otra vez las inadmisibles imágenes de tres agentes apaleando a un menor de edad que ya yacía en el suelo con rodilla policial en la espalda, se han conocido datos y pruebas que —por sí solos— explican este conflicto político nunca resuelto entre Catalunya y España. Sin ir más lejos, el martes ON ECONOMIA publicaba que en los últimos siete años (2018-2025) España ha dejado de invertir en Catalunya 7.225 millones de euros ya presupuestados. Es decir, en los siete años que gobierna Pedro Sánchez, España había previsto para Catalunya 15.196 millones de euros, de los cuales solo ha acabado invirtiendo 7.970. Esto quiere decir que, en los siete años de gobierno socialista, de los cuales dos con gobierno socialista también en la Generalitat, de cada 100 euros contemplados en el PGE han llegado 52,5. Esto significa que cada día, el Estado español se "ventila" 2,8 millones que tenía asignados para Catalunya. Y esto no tiene nada que ver con el déficit fiscal, que es otro contador sangrante. Eso sí, en este punto conviene recordar que el nuevo sistema de financiación imaginado por el Gobierno del PSOE prevé tan solo una mejora de 4.700 millones de euros, es decir, ni cambiando todo el sistema se conseguiría paliar este déficit.
Durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, solo se han invertido el 52,5 % de los millones presupuestados para Catalunya
De esta cifra de desinversión, oh sorpresa, Adif (el ente de inversiones ferroviarias) tiene el triste honor de ser de los primeros de la clase. En los mismos siete años de gobierno del PSOE, Adif solo ha invertido un 38 % de lo previsto en Catalunya. El carismático ministro Óscar Puente, que tan bien cae entre la juventud porque tiene impacto en las redes, no ha podido —entre tuit y tuit— ponerse a resolver el retraso de 4.869 millones de euros que acumula Adif y que es responsabilidad suya.
Y ya que hablamos de trenes, esta misma semana hemos conocido que el director de Rodalies, Óscar Playá, estaba de vacaciones el día del eclipse y más concretamente en el episodio de colapso que se vivió a la vuelta, especialmente en la ciudad de Tarragona. Tal como apuntamos en esta misma columna hace dos semanas, Renfe fue la mancha negra de un preparativo de más de un año que había dispuesto el Govern de Salvador Illa. Justamente Renfe, que es el único actor del dispositivo especial que no dependía al 100 % de Catalunya, fue el que dio problemas porque no había previsto más trenes de vuelta. Cuando uno se pregunta por qué cualquier nación del mundo aspira a tener herramientas políticas para decidir sobre su gestión, el eclipse puede ser una buena respuesta: mientras la Generalitat había anulado permisos y vacaciones a Mossos y oftalmólogos de las Terres de l'Ebre en previsión de colapso por el eclipse, el director de Rodalies estaba de vacaciones fuera de Catalunya.
Para Catalunya es primordial tener las competencias en inmigración, pero la pinza PP-Vox-Podemos lo impide
Y a finales de esta semana, Podemos ya ha anunciado que volverá a vetar el hecho de que Catalunya pueda disponer de las competencias en inmigración. La excusa oficial de la formación de ultraizquierda es que la gestión de esta carpeta resultaría racista por el simple hecho de que quien hace esta petición es Junts. La incoherencia se desmonta sola, pero no está de más dejar constancia de ello: Podemos considera que si la competencia en materia de inmigración la gestiona España, no es racista; si la gestiona la Generalitat, sí. Pero más allá de este absurdo, el caso es que Catalunya estaría en condiciones políticas y logísticas de asumir este reto, pero la pinza que hacen PP, Vox y Podemos lo impide. Y este también es un motivo de conflicto: de la misma manera que las competencias en enseñanza en manos de la Generalitat tienen un significado y en manos de Madrid tienen otro, que en una cuestión tan capital como la inmigración la Generalitat no tenga capacidad de decisión, también. Inmigración, infraestructuras, financiación y —sobre todo— falta de capacidad de decisión política: todo esto ha pasado en una semana regular de pertenencia a España. Y, efectivamente, lo que también ha pasado es que cuando uno muestra la bandera que representa la voluntad de no pertenecer a ella, todavía hoy, la policía te hostia cosa fina.