“El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización.”
Acuerdo entre Gobierno y Generalitat
Catalunya de nuevo. En los cenáculos del poder madrileño, los afines al PP defienden y explican una y otra vez que la resistencia numantina en la que se ha instalado el partido para evitar la renovación del Tribunal Constitucional tiene un sentido “patriótico”. No es que estén gripando otra institución del Estado, no. No es que les repatee perder una mayoría en un órgano que les dejaba sacar bola cuando la habían perdido —como ocurrió con la burrada del estado de alarma—, tampoco. Lo que está haciendo Génova es sacrificarse de nuevo para salvar a la patria del entreguismo socialista que por mantenerse en el poder está dispuesto a vender a su madre España a cualquier indepe que le dé unos votos para sacar los presupuestos o lo que toque.
Ahí donde lo ven, lo que hace el PP es impedir que el “sanchismo”, dispuesto a todo, venda la primogenitura del Constitucional a ERC por un plato de votos y le dé así su ración de “desjudicialización”. Así lo explican una y otra vez. Las derechas están seguras de que el pacto del Gobierno con Aragonès pasa por el nombramiento de un magistrado catalán y del gusto de los republicanos que, junto a la mayoría progresista, suavice la posición del máximo intérprete de la Carta Magna respecto a los asuntos pendientes y venideros referidos al soberanismo. Así que para evitar que esa renovación procatalana y vendepatrias se produzca, están dispuestos a inmolarse y provocar sea como sea la imposibilidad de nombramientos de los magistrados que la propia Constitución ordena que sean nombrados por el Ejecutivo en estas fechas. Vamos, te dicen que no van a permitir que Marc Carrillo o cualquiera de los otros nombres que ellos mismos manejan sea enviado por Sánchez al Constitucional para darle gusto a ERC. Y como eso —en un ambiente en el que un cargo institucional se aviene a hacer el payaso en una pantomima como la de Tabarnia y hasta la jalean— es suficiente fin como para todos los medios, en ello andan.
Las derechas están seguras de que el pacto del Gobierno con Aragonès pasa por el nombramiento de un magistrado catalán y del gusto de los republicanos que, junto a la mayoría progresista, suavice la posición del máximo intérprete de la Carta Magna respecto a los asuntos pendientes y venideros referidos al soberanismo
La primera batalla ahora es la del Tribunal Constitucional. Todo parece indicar que es la principal misión de Lesmes antes de hacer efectiva esa amenaza de dimisión que esgrimió ante una audiencia cualificada: Felipe VI, la ministra Llop y el propio Feijóo. De eso no cabe desdecirse. Por eso ya hay quien barrunta que el próximo día 12 de octubre es una fecha tope para esa dimisión, porque resulta insostenible haber dado un ultimátum de semanas y aparecer ante los mismos protagonistas más de un mes después como si nada. ¿Logrará Lesmes realizar esos dos nombramientos en el CGPJ para que el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponden? ¿Será uno de estos un catedrático de Constitucional al gusto de ERC para cumplir con las nebulosas premisas suscritas en la mesa? ¿Será Lesmes una de las dos personas que llegarán al TC nombradas por el propio CGPJ y ese será el motivo de que para el día del desfile ya no esté allí presente? ¿Una vez descabezado el Consejo habrá dimisiones en cadena hasta dejarlo sin cuórum y, por tanto, inoperante?
El apasionante sudoku tiene en vilo a la flor y nata de las togas y a todos los cotillas con puñetas, que son muchos. A fuer de ser sinceros, nadie sabe en realidad nada, pero especular, especulan todos. Y los que saben, porque alguien tiene que saber qué jugadas hay sobre la mesa, tampoco pueden estar seguros de que vayan a salir. Apasionante.
Así que el primer asunto que se cuece es la renovación del Tribunal Constitucional tal y como ordena la Carta Magna. Eso lo convierten las terminales mediáticas en que Sánchez quiere “tomar” el TC, como si ahora mismo no lo tuviera tomado el PP, como si no fuera plenamente constitucional que las tendencias de la mayoría sean cambiantes y como si no estuviera estudiado que no coincidan con los procesos electorales y sus dinámicas, y de ahí su renovación por tercios.
Yo creo que Lesmes lo logrará. Le falta seducir a una persona del grupo conservador o… tal vez a dos, depende de cuál sea el juego. Si se trata de nombrar a cualesquiera dos candidatos —uno conservador y otro progresista como manda la tradición— le bastaría con atraer a un vocal más, ya que cuenta con los votos del grupo progresista (8) y con dos incondicionales conservadores que son conscientes de lo inconveniente de declararse en rebeldía institucional (Olea y Guilarte) que con él sumarían la mayoría de 12. Eso no serviría en el caso de que el propio Lesmes sea candidato, ya que debería abstenerse, y sería necesario otro voto más.
Si lo que desean es resolver el Cluedo, van a necesitar más datos. Uno de ellos es meter en la coctelera el lógico y legítimo interés de cada ser humano por su futuro. Siendo cierto que ahora Carlos Lesmes lo tiene más fácil para obtener el apoyo de los socialistas que el de la derecha para cualquier expectativa que tenga, ¿a qué futuro aspira? Por más vueltas que le dan en el foro, no encuentran otro cargo que le pudiera estar destinado y que deba ser cubierto próximamente. Teniendo como tiene ya 64 años, el Constitucional aparece como su destino natural. Ha quedado una quinta plaza libre por enfermedad que debe ser cubierta por el Senado. De esa se ha descartado Lesmes porque, según dicen, desde Génova ya le han avisado que no le apoyarán. Es lo que pasa con el PP cuando además de afín no eres sumiso y obediente. ¿Qué salida va a tener Lesmes si dimite? ¿Por qué se iría sin salida?
A eso únanle el marasmo de intereses profesionales y de futuro de tantas y tantas gentes que tenían aspiraciones y pensaban ascender —al Supremo, a las presidencias de TSJ y Audiencias— y que ven cómo se les pasa el tiempo, y a muchos el asado, con las jubilaciones que se van acercando. Esa amenaza real de frustración para muchos estaría llevando a la asociación mayoritaria conservadora a ser más activa para la vuelta a una normalidad que a muchos de sus afiliados les urge. Otros, sin embargo, que están cómodamente instalados en el CGPJ cobrando un dineral y a los que viene bien mantener el cargo lo más posible —porque van de cabeza a la jubilación o porque esperan llegar al Supremo con un nuevo Consejo de mayoría conservadora—, tiran de la cuerda para que esta situación de estancamiento llegue hasta las generales.
Mientras todo esta amalgama de intereses flota sobre las aguas putrefactas de las instituciones institucionales, la excusa perfecta del PP para mantener la situación vuelve a ser el tema catalán. Así que todo lo hacen por el bien de España, ya saben, para evitar que ERC cuele a su catedrático o a otro cualquiera, no vaya a ser que el TC deje de ser el actor anticatalán que ellos han construido con esmero.