El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, además de ser uno de los hombres más influyentes de Catalunya, es un valiente. Una virtud escasa y cada vez más necesaria en la arena pública. Lo demostró en 2013, cuando, siendo todavía diputado de CiU en el Congreso, donde durante muchos años ejerció como escudero fiel de Josep A. Duran i Lleida, plantó cara a los ultras violentos que asaltaron la librería Blanquerna de la Generalitat en Madrid, en plena celebración de la Diada del 11 de septiembre. El actual jefe de la patronal catalana fue también de los primeros empresarios no independentistas, aunque Sánchez Llibre es un catalanista tan tranquilo como firme, en reunirse en Waterloo con Carles Puigdemont; y en encabezar el inicio del deshielo entre la gran empresa y el presidente exiliado con una reunión de la dirección de Foment y el líder de Junts en Perpinyà, en abril de 2024. El de Vilassar lo ha vuelto a hacer ahora diciendo en voz alta lo que casi ningún político osa decir por miedo a ser tildado de woke, irresponsable o traidor a la patria: necesitamos inmigrantes. No, Sánchez Llibre no se ha hecho de la CUP; sencillamente, continúa militando en el sentido común marca de la casa: “Las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar y el agua que bebemos. Las empresas españolas necesitan sí o sí la inmigración para ser competitivas”.

Sánchez-Llibre ha puesto los puntos sobre las íes proponiendo un gran pacto entre la sociedad civil y los poderes públicos para corregir, superar y anticipar los cambios que, queramos o no, comportará la transformación demográfica y socioeconómica que viene. Armado de un potente estudio de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Sociales y Económicos (SBEES), el think tank de Foment, el vilassanense ha advertido que el Estado español tendrá 50 millones de habitantes en las próximas dos décadas; que la suma de los extranjeros y sus descendientes podría superar el 34% del total de la población; y que, a pesar de todo, es decir, a pesar de la avalancha inmigratoria, las jubilaciones de nacionales dejarán 1,4 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Para tapar el agujero, habría que incorporar 140.000 nuevos empleados cada año. Y no hace falta decir dónde habrá que buscarlos ante el envejecimiento y la caída de la natalidad de los autóctonos. La pregunta es si España, y lo mismo vale para Catalunya o quizás más aún, está dispuesta a frenar la economía si cierra las puertas a la inmigración, como propone la extrema derecha y el nacionalpopulismo. Sánchez Llibre, que pertenece a la raza de políticos democristianos que, junto con socialdemócratas y socioliberales construyó el sistema europeo del bienestar, tiene muy claro que las empresas no solo deben contribuir a crear riqueza, sino a distribuirla para reducir las desigualdades y cohesionar la sociedad. Por eso, entiende que la inmigración es necesaria para garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar. Las cifras cantan: el 52% del crecimiento económico de España entre 2022 y 2024, un 3,9% del PIB medio anual, lo generaron los inmigrantes. Desde 2018, la ola migratoria ha provocado un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 1,1 millones de personas. A la vez, aportan el 10,6% de los ingresos a la Seguridad Social mientras que solo perciben el 1% de las pensiones.

Orriols debería aclarar si retirará o no la pensión a las 'tietes' ya bastante asustadas con la "invasión musulmana"

La alternativa que la política convencional no es capaz de encontrar al fantasma Orriols, que tanto aterroriza a los desnortados partidos catalanes de siempre y a Junts en particular, es altamente probable que pase por el modelo Sánchez Llibre. Detrás de la propuesta de la líder de Aliança Catalana de un modelo de pensiones a la suiza en que cada trabajador se financie el grueso de su jubilación, en una traslación miope a la realidad catalana de un sistema pensado para un país donde el salario medio supera los 84.000 euros mientras que en Catalunya no llega a 29.000, no hay nada más que la perversa —y siniestra idea— de un sistema de bienestar social racial y socialmente excluyente. Es decir, solo para los de casa y, en último término, los que se lo puedan pagar. Basta con asomarse a las redes sociales para encontrar el discurso profundamente reaccionario que late en el fondo de la propuesta de Orriols para “salvar” el sistema de pensiones: congelar el estado del bienestar, uno de los grandes valores de la civilización europea, para que deje de atraer inmigrantes. Como Catalunya, y Europa en general, dejarían de ser un paraíso de asistencia sociosanitaria para todos, la llegada de inmigrantes se frenaría. Y, además, —he aquí la aportación de Orriols— el sistema de pensiones no petaría porque dejaría de ser universal como lo es ahora, que todo el mundo puede acceder, sea pobre o rico, venga de ripollesos del año 1.000 o acabe de llegar de Tombuctú. En todo caso, Orriols, que primero ha dicho una cosa y después ha rectificado para volver al punto de partida, tendrá que aclarar si quitará o no la pensión a las tietes ya bastante asustadas con la "invasión musulmana".

Es evidente que en Catalunya y en España no cabe todo el mundo. Si no se produce una movilización ingente de inversión de las administraciones y la empresa privada, los servicios sociales y otras infraestructuras pueden colapsar. Y lo mismo puede suceder con la lengua y la cultura si no se refuerzan las herramientas de integración de los recién llegados en la sociedad de acogida. Tampoco los salarios low cost o la locura del precio de la vivienda, que afecta tanto a los inmigrantes como a los que ya estaban, ayudarán a zurcir las fracturas que se están abriendo si no hay un cambio de mentalidad, también, en el empresariado. Y es evidente que se debe reforzar la seguridad contra las mafias globales y la delincuencia multirreincidente, en gran parte ligada a una inmigración no integrada y bajo mínimos sociales. Pero entre esto y una Catalunya cerrada en sí misma y socialmente en llamas con el inmigrante como chivo expiatorio de todos los males o la deportación de 2 millones de personas, como proponen los dirigentes de AC, o, en el caso español, de 8 millones, como pretende Vox, media un abismo. Y un suicidio moral, social, cultural y económico que solo se puede evitar con más cerebro y menos estómago. Con más seny y compasión Sánchez Llibre y menos incendios y odio Orriols.