Desde un punto de vista sociológico y demográfico el principal problema que ha generado el incremento de las desigualdades es la dificultad en el acceso a la vivienda, que no afecta solo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino que también se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de las clases medias. De los jóvenes y ya no tan jóvenes con carrera universitaria y currículum profesional que a pesar de estar sobradamente preparados y tener trabajo (con salarios inversamente proporcionales a su talento), no están en condiciones de acceder a una vivienda digna en los barrios o en los municipios que han crecido o allí donde por razones laborales o sentimentales querrían vivir.

Se cargan de razones los responsables institucionales con lo que manda la Constitución excepto el artículo 47 que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Sin embargo, por término medio, los jóvenes españoles no se emancipan antes de los 30 años y a menudo lo hacen marchante de casa de los padres para compartir piso con otros amigos que tampoco se pueden pagar todo solos el alquiler.

Nos quejamos y con razón de las fake news porque la mentira está determinando casi todos los debates, pero ya dijo aquel que el que esté libre de pecado tire la primera piedra y pasa a menudo que aquellos que más se rasgan las vestiduras demuestran una capacidad para engatusar a sus fieles superior al referente bíblico de los fariseos. Últimamente, cuando un representante político argumenta una iniciativa en el sentido que está pensada para socorrer los sectores más desvalidos y vulnerables es obligado verificar si no descodificarla directamente al revés, dado que el único objetivo es el titular falso pero políticamente más rentable. El ejemplo paradigmático son las políticas de vivienda de los gobiernos autoconsiderados progresistas del Estado, de la Generalitat o de los ayuntamientos que sistemáticamente han tenido el efecto contrario del anunciado, a veces por ignorancia y a veces por mala fe.

Las políticas de vivienda de los gobiernos autoconsiderados progresistas del Estado, de la Generalitat o de Barcelona han tenido sistemáticamente el efecto contrario del anunciado, a veces por ignorancia y a veces por mala fe

Buscando el rédito electoral de cara a las municipales, el Gobierno y sus aliados parlamentarios ha presentado la nueva ley de la vivienda que acaba de aprobar el Congreso como un cambio copernicano en la defensa del derecho constitucional en la vivienda, pero esta ley se centra prácticamente en el precio del alquiler del futuro inmediato, asumiendo que lo que se ha puesto por las nubes ya no tiene marcha atrás. Mantiene los alquileres de temporada que es lo que dispara los precios. Dice que no se puede subir mucho a un nuevo inquilino lo que pagaba el inquilino anterior, pero pone tantas excepciones que permitirá al propietario subir el precio cuando le eructe. La ley incluye incluso casos en que el propietario alegando reformas como puede ser pintar el piso puede aumentar el alquiler un 10%. Con razón la misma ministra Raquel Sánchez ha tenido que reconocer que esta ley "no provocará una caída inmediata y estrepitosa de los precios de los alquileres". De la promoción de vivienda asequible la nueva ley mucho nada dice. Lo que sí que supone la ley es una recentralización de la política de vivienda dictada a partir de ahora por el gobierno central. El gobierno de Pedro Sánchez impugnó la ley catalana y Esquerra Republicana ha dado apoyo ahora a la ley española que impedirá los próximos gobiernos de Catalunya establecer una política de vivienda de acuerdo con las necesidades del país. También es cierto que hasta ahora ningún gobierno catalán ha movido un dedo ni ha promocionado vivienda social.

Sí que ha prometido el Gobierno poner en el mercado público cerca de cien mil viviendas. Resulta, sin embargo, que la mayoría son pisos que los bancos no han podido revender después de desahuciar a las personas que los habitaban. Son construcciones irreparables en lugares sin demanda. A continuación el gobierno anuncia que pondrá en el mercado público de vivienda terrenos y edificios propiedad del Ministerio de Defensa e inmediatamente la ministra Margarita Robles ha dejado claro que la operación tiene como objetivo aumentar el presupuesto de su departamento.

Ada Colau irrumpió como candidata a la alcaldía de Barcelona procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, parecía que el problema de la vivienda sería su prioridad y la realidad ha sido que su política solo ha servido para reducir la oferta y encarecer la demanda. Añadiendo el urbanismo táctico y supermanzanas ha disparado más que nunca el precio de la vivienda en Barcelona tanto de alquiler como de compra y está provocando la sustitución de los vecinos de siempre por gente extraña que se distingue por su poder adquisitivo y para vivir la ciudad solo a ratos. Ahora el ayuntamiento está empleando miles de euros de los contribuyentes al pagar horas extras a las constructoras para que las obras se acaben antes de las elecciones y la gente engatusada vote a favor de su propio éxodo.