Si abrimos el plano y dejamos de fijarnos en los rostros de los protagonistas, veremos que ahora, en Catalunya, y por consecuencia en España, la cuestión no va solo de presupuestos. No se trata solo de la aprobación de las cuentas públicas de ingresos y gastos para el próximo ejercicio. Se trata de un gran debate de fondo de toda la legislatura, un Macguffin en toda regla: el conflicto político entre Catalunya y España.

Parece que para el PSOE, con reconocer verbalmente que hay un conflicto político entre Catalunya y España, como si fuera un conjuro, con mencionarlo, el conflicto está resuelto. Esto es, sin embargo, mucho más complicado que la pócima de Panoramix. Es un conflicto de raíces políticas que tiene España y solo España. Solo constitucionalmente, es decir, por la vía de la negociación, que es la única vía democrática, se puede resolver.

Dicho esto, los presupuestos, sin dejar de reconocer su esencialidad para la ciudadanía, son políticamente más importantes para Sánchez que para la Generalitat. Los presupuestos, aquí y allí, se pueden prorrogar y después hacer mil maniobras legales para ir modificando y ampliando créditos, cuando no poner en marcha políticas por decreto ley, más difíciles de revocar políticamente que lo que parece avistar la aritmética parlamentaria. Si por decreto ley se prolonga la gratuidad del transporte público, por ejemplo, a ver a quién es el guapo que no lo convalida en la cámara legislativa. El tema, siendo, reitero, esencial, la aprobación de las cuentas públicas en Barcelona y en Madrid, la cosa es mucho más peluda en Madrid.

Recuerden la votación de la reforma laboral —reforma que, por cierto, tenía que ser el apocalipsis, ¿no?— en la que ERC se abstuvo. Gracias a la inestimable ayuda de un diputado torpe del PP, Casero, se ganó —por cierto: ¿dónde está el recurso al TC del PP?—. Fue, como todo el mundo recuerda, una sesión parlamentaria de infarto.

Ahora va mucho más allá de una votación, por presupuestaria que sea. Va del final de la legislatura con estabilidad y fijando el legado de Sánchez que no lo ha tenido nada fácil para gobernar, pandemia incluida, con la Tercera Cámara, el TC, en contra arbitrariamente. A Sánchez le va mucho más que los presupuestos y mira que son importantes.

Si Sánchez quiere acabar como a él le gustaría la legislatura, tiene que hacer un esfuerzo por aligerar de verdad el conflicto Catalunya-España con tres ejes imprescindibles: un plan con fuerza de ley para recuperar las inversiones perdidas, sentar las bases de un diálogo digno de tal nombre, y un referéndum pactado.

Si Sánchez quiere acabar como a él le gustaría la legislatura, tiene que hacer un esfuerzo, para él titánico, pero posible, de aligerar de verdad el conflicto Catalunya-España. Digo aligerar, no resolver, que esto lleva ya tres siglos. Para aligerarlo hacen falta tres ejes imprescindibles. Vamos de más fácil —es un decir— a más difícil. El primero es un incremento real de inversiones. Real quiere decir: un plan con fuerza de ley para recuperar las inversiones perdidas (los pagos titulares —privados— de las autopistas caducadas no pueden computar!) y garantizar que estas se ejecutan. Si se puede hacer en Madrid o en Cantabria, pongo por caso, también se podrá hacer aquí. Aparte de la voluntad política, la incompetencia acostumbra a ser indómita y solo sacudiendo el árbol algunos despertarán. El segundo, sentar las bases de un diálogo digno de tal nombre. El prólogo de este paso es la desjudicialización de la política. Hay que empezar a archivar en abundancia causas y olvidar la represalia judicial, represaliados por causa política, no por haber caído en la corrupción. Así pues, hay que inactivar las acusaciones públicas; de las privadas, escasas, ya se podrán ocupar los responsables más tarde. Con represaliados el diálogo es prácticamente imposible: unos están resentidos y los otros los ven como maleantes. Por lo tanto, fuera estigmas. Esta pata tiene dos partes. La primera, la expresa desjudicialización de la política. La segunda, más compleja, la de la amnistía.

No entro ahora en debates jurídicos sobre si la amnistía cabe dentro de la Constitución o no. Una gran parte de juristas entiende que sí. Este no es el problema. El problema material es la amenaza penal, real, presente y futura. Una reforma penal puede ser la alternativa más simple a la cuestión: despenalicemos del todo la sedición, reordenemos y constitucionalicemos los delitos de desórdenes públicos —como hizo en 1970 Alemania, por ejemplo, y a la vista de un otoño e inviernos calientes—, demos a la malversación una regulación decente, superando la tribulación actual, y reformemos los delitos de desobediencia, reconduciéndolos a sus justos términos.

El tercer eje es —obvio resulta decirlo— el referéndum pactado. Solo se puede llegar a este referéndum pactado con las otras patas sólidamente fijadas para que aguante el tablero de un nuevo marco institucional. Hoy por hoy, es complicado decirlo, como no creemos en los milagros, no hay espacio temporal ni político. Una nueva victoria del PSOE, dependiendo como, entre otros, de soberanistas vascos y catalanes, sí permitiría empezar el camino para esta nueva etapa, la del referéndum pactado.

Ahora es una cuestión de alta inteligencia política plantar los dos primeros palos de la nueva base. Los presupuestos, bien jugados, son el pilón para clavarlos.