Manuel Marchena, que presidió la sala del Tribunal Supremo encargada de juzgar a los líderes del procés, ha sido invitado al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona por el presidente de la sección penal de la institución, Miguel Capuz, en una mesa sobre inteligencia artificial y proceso penal.

Desde el momento que se conoció la noticia la polémica ya estuvo servida y es que el tema lo vale, no con respecto a la inteligencia artificial —sea o no la especialidad del juez—, sino con respecto a la segunda parte del título, la del proceso penal.

Todo el mundo es libre de ir a donde quiera, pero no acabo de entender la necesidad —o quizás sí— que tiene el Col·legi de invitarlo reiteradamente teniendo en cuenta el papel controvertido que tuvo Marchena —todo el mundo lo pudo ver por la tele—, en un juicio tan importante para la ciudadanía catalana y para el conjunto de la del Estado.

Seguro que pensáis más de uno o una que esto lo digo porque soy independentista y así es; pero también lo digo porque no hace ningún favor al sistema judicial español lo que pasó, día tras día, en aquella sala. No es solo mi opinión, es la de muchos y muchas entendidas en derecho —de aquí y de fuera—, que vieron con incredulidad cómo la acusación y sus testigos presentaban una realidad retorcida con volteretas que ni el mejor espectáculo del Circo lleva Soleil supera. En todo caso, no hacía falta ser del ramo o tener conocimientos sobre derecho para verlo, porque las actuaciones fueron descarnadas; desnudadas ante los ojos de cualquiera que tenga un mínimo de sentido común. No hace falta, sin ir más allá, saber derecho para entender que no dejar mostrar las pruebas grabadas que existen —horas y horas de vídeo—, no es de buen juez o cuando menos de un juez de un país democrático.

¿Cómo pueden sentirse ganadores y ganadoras de un juicio en el cual solo ganó una idea política, pero perdieron estrepitosamente la democracia y el derecho?

A lo que ahora, después de más de dos años, podemos o no añadir todos los claroscuros que el espionaje —también a abogados—, conocido como el CatalanGate ha destapado y al mismo tiempo ha escondido porque no se ha investigado. ¿De verdad el ilustrísimo Col·legi de l’Advocacia de Barcelona se puede permitir todo esto? A mí no me lo parece, con independencia de a quién vote.

En un acto en la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona, hace unas semanas, la consellera Ciuró mencionaba que las encuestas reflejan una muy mala opinión de la ciudadanía respecto al sistema judicial y la importancia de revertir esta situación. Estoy de acuerdo con ella, principalmente porque como ciudadana de este país tengo las de perder con la mala salud democrática del sistema.

Ciertamente, si pensamos en un juicio, nunca podrá estar contento todo el mundo porque va del 50/50, no en el sentido del win-win americano, sino que siempre que alguien gana alguien pierde, pero el desencanto de la ciudadanía no tiene que ver con eso, sino con la falta de respeto a las reglas de juego y el IMPERIO de la ley que es lo más antidemocrático que puede existir.

En los y las que no son del ramo lo puedo llegar a entender, pero en los y las que lo son, no. ¿Cómo pueden sentirse ganadores y ganadoras de un juicio en el cual solo ganó una idea política, pero perdieron estrepitosamente la democracia y el derecho?