Las cosas son como son y no como nos gustaría. El Partido Popular es un partido sin demasiados escrúpulos democráticos que ha encontrado su momentum para matar dos pájaros de un tiro. Boicoteando la reforma de los artículos del código penal que hacen referencia al delito de sedición, ha encontrado el pretexto para no renovar el poder judicial que le es tan favorable y además le quita argumentos a Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos del Estado, lo que incluso podría derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. Era una jugada cantada. No hace falta escandalizarse cuando el PP ejerce de PP y defiende sus intereses ilegítimos como ha hecho siempre. El problema es de los partidos supuestamente más democráticos que cuando han podido no han tenido el coraje de realizar las reformas necesarias para que no fuera posible practicar este tipo de delincuencia institucional.

Y además, el PP tenía modelos de referencia para actuar como lo ha hecho. En un mandato de solo cuatro años, Donald Trump nombró para el Tribunal Supremo de Estados Unidos a los tres magistrados más conservadores que encontró, alterando el equilibrio entre conservadores y progresistas. La correlación es ahora de 6 a 3 y como los magistrados son vitalicios y los recién nombrados relativamente jóvenes, se teme una regresión democrática para una generación. Y Trump pudo hacer lo que hizo porque en el último año de mandato del presidente Obama los republicanos bloquearon durante más de un año el nombramiento de quien debía cubrir la vacante del juez Antonin Scalia, fallecido repentinamente. El argumento fue que debía darse primero la voz al pueblo, es decir, esperar a las elecciones. Pero cuatro años más tarde, cuando murió la magistrada Ruth Bader Ginsburg, faltaban seis semanas por las elecciones y los republicanos no esperaron a la voz del pueblo y colocaron aceleradamente a otro de los suyos. Las sentencias retrógradas caen una tras otra. La ventaja del sistema americano es que los jueces, sean conservadores o progresistas, valoran principalmente su prestigio como juristas y no están dispuestos a según qué guarradas.

El Gobierno más progresista de la historia tiene ahora la gran oportunidad de para pasar a la ofensiva y aprovechar la mayoría parlamentaria de que dispone para cambiar las leyes, de modo que impidan el abuso y el fraude que suele practicar el Partido Popular

La maldad es inherente a la naturaleza humana y a la lucha por el poder. El Partido Popular nunca ha estado dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial si no es para mantener su control, aunque no queda claro quién manda a quién, si el PP a los jueces o jueces al PP. En el episodio de esta semana ha quedado claro que el búnker políticojudicial lo ha obligado a rectificar. En este asunto el PSOE siempre ha terminado claudicando, aceptando presidentes conservadores como Carlos Dívar o como el propio Manuel Marchena. El nombramiento de Marchena estaba pactado, pero la filtración de aquel wasap de Ignacio Cosidó reventó la operación. En su wasap, Cosidó intentaba convencer a los suyos de la bondad del pacto con lo de “controlar por la puerta de atrás” con Marchena, pero el núcleo duro de los suyos no estaba dispuesto a aceptar una mayoría progresista y filtraron el wasap precisamente para reventar acuerdo con el PSOE.

El Gobierno más progresista de la historia tiene ahora la gran oportunidad de para pasar a la ofensiva y aprovechar la mayoría parlamentaria de la que dispone para cambiar las leyes, de modo que impidan el abuso y el fraude que suele practicar el Partido Popular

La situación creada es, pues, una buena oportunidad del Gobierno más progresista de la historia para pasar a la ofensiva y aprovechar la mayoría parlamentaria de la que dispone para cambiar las leyes, de modo que impidan el abuso y el fraude. Hay una mayoría muy absoluta para poder hacerlo, solo hace falta voluntad política y coraje para enfrentarse al deep state. Sin embargo, no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Lo más probable es que no haya renovación de poder judicial, ni reforma del código penal y tampoco Esquerra Republicana tumbará los presupuestos. Quedó muy claro cuando Pedro Sánchez y sus ministros decían que no había mayoría parlamentaria suficiente para la reforma de la sedición, que no se referían a los aliados sino al propio PSOE. Los únicos que se ha pronunciado en su contra han sido precisamente dirigentes regionales socialistas y la vieja guardia felipista, empezando por el ínclito Alfonso Guerra. Es un problema para Sánchez porque los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha se lo juegan todo en las próximas autonómicas de mayo. Muy especialmente Emiliano García-Page que necesita ganar por mayoría absoluta en Castilla-La Mancha para inmediatamente después postularse para liderar el partido en vez de Sánchez. Núñez Feijóo se ha decidido a reventarlo todo por el mandato del búnker judicial, pero también por la invitación recibida de la quinta columna socialista que odia a Sánchez y le siega la hierba bajo los pies. De ahí la maliciosa frase de Feijóo de que pactará "con otro PSOE".

Y la paradoja es que la crisis política se ha desatada solo por el anuncio de una reforma de la que no están nada claros sus beneficios desde el punto de vista democrático ni desde el punto de vista del soberanismo catalán. Rebajar las penas pero mantener un tipo delictivo que puede aplicarse a cualquier protesta pacífica sería un muy mal negocio democrático. En cuanto a presos y exiliados, si rebajan la pena del delito de sedición puede que Marta Rovira pueda volver de su exilio en Suiza, pero para ser juzgada, aunque sea en condiciones más favorables. No le serviría a Carles Puigdemont, que tiene añadida la acusación de malversación. La reforma no afectará a los acusados indultados salvo que el cambio legislativo afecte a la pena de inhabilitación que no fue indultada. En este caso, Oriol Junqueras y Jordi Turull, entre otros, pronto podrían reincidir como candidatos electorales, una gran noticia que llenará de gozo a los catalanes. En ningún caso la reforma afectaría a los miles de personas represaliadas que no han sido acusadas de sedición, sino de otros supuestos delitos, como los 18 jóvenes de Lleida a los que piden 97 años de cárcel por protestar contra la sentencia. Así que la iniciativa tiene un aspecto francamente peligroso, porque a fin de cuentas, podría parecer que los altos cargos políticos que animaron a la gente a salir a la calle y a defender las urnas han resuelto su situación y se han olvidado de los que por haberlos creído siguen sufriendo la represión y el lawfare.