“M’agafarien ganes de riure si no fos que, de tant sentir parlar de diàleg —en castellà, diálogo—, ja en començo a estar tip i fastiguejat. La necessitat present i urgent de Catalunya no és de diàleg, és de llibertat”. No es extraño que la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español sea objeto de valoraciones diferentes según la tendencia política de quien la hace, y menos todavía si el resultado de la supuesta negociación es una reforma del Código Penal español que criminaliza las protestas del movimiento independentista y convierte en delito —el de disturbios públicos agravados— las actuaciones del 1-O que en el momento de producirse no lo eran. Y es que, si para ERC, desjudicializar la vida política en Catalunya es eso, quiere decir o que no se entera y le han colado una vez más un gol por la escuadra o que sabe perfectamente lo que se hace y ha actuado con mala fe, que, llegados a este punto, no queda claro cuál de las dos opciones es peor.

La reacción de Marta Rovira —aplaudir la decisión del juez Pablo Llarena de retirar el delito de sedición a los dirigentes exiliados después de la ficticia declaración de independencia del 27 de octubre del 2017 y no encausarlos por el de disturbios públicos agravados que lo sustituye—, hace pensar que realmente ERC siempre ha sabido lo que se hacía, y más todavía cuando la secretaria general de la formación reconocía sin ambages que justamente eso "es lo que buscábamos". Una buena noticia para su caso, que gracias a la reforma del Código Penal español en cuestión pasa a estar acusada tan solo de desobediencia, que no comporta prisión, solo inhabilitación. Y también para Clara Ponsatí, que en teoría se tendría que encontrar en la misma situación. Pero mala para el resto de exiliados, porque el juez instructor de la causa del 1-O vuelve a retorcer la ley a la medida que le conviene y ahora acusa a Carles Puigdemont, Antoni Comin y Lluís Puig, no solo de desobediencia, sino también de malversación en la modalidad agravada, que deriva del lucro personal y trae asociadas penas de prisión y de inhabilitación más elevadas, y no en la versión light pactada por ERC con el PSOE precisamente en el marco de la mesa de diálogo.

A Esquerra le han tomado el pelo

Habrá que esperar a ver, no obstante, qué acogida tendrán las euroórdenes de Pablo Llarena en Europa (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace pública justamente hoy la sentencia sobre las dudas en torno a las euroórdenes formuladas por el magistrado español). Pero mientras tanto, lo que sí que marca claramente la nueva doctrina del juez del Tribunal Supremo es el camino que seguirá el tribunal que juzgó y condenó a los dirigentes de los partidos catalanes a la hora de revisarles las penas para adaptarlas a la nueva redacción del Código Penal español, tanto si le han pedido explícitamente los de ERC como si no lo han hecho los de JxCat. De hecho, el tribunal, presidido por Manuel Marchena, que forma parte de la misma sala segunda del Tribunal Supremo que Pablo Llarena, está obligado a revisarlas de oficio, y es obvio que no desperdiciará la ocasión para, a pesar de todo, imponerlos los castigos más severos posibles. De entrada, la Fiscalía General del Estado sí que pide que el delito de sedición sea reemplazado por el de disturbios públicos agravados, y no que se quede en una simple desobediencia, y al mismo tiempo se decanta para que la malversación también les sea aplicada en la forma más punitiva, mientras que la Abogacía del Estado opta para que todas las penas queden reducidas a la mitad, pero en ningún caso suprimidas, como plantean las defensas.

Y aquí es donde todo indica que a ERC le han tomado el pelo. Porque mientras en el caso de las condenas de prisión nada varía una vez los presos políticos fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el de las de inhabilitación, si no las tienen que cumplir íntegramente, poco falta. Cuando así se confirme, en ERC le habrá salido el tiro por la culata, porque con la maniobra pretendía que su líder, Oriol Junqueras, se pudiera volver a presentar a las elecciones cuanto antes mejor —este 2023, a las españolas, o en 2025, a las catalanas—, y, en cambio, parece que le tocará esperarse, y bastante. En la misma situación se encontrarán, de un lado, dos miembros más de ERC, Raül Romeva y Dolors Bassa, y el secretario general de JxCat, a Jordi Turull, los únicos que fueron condenados tanto por sedición como por malversación, y, del otro, Carme Forcadell, de ERC, y Joaquim Forn y Josep Rull, de JxCat, que solo lo fueron por sedición. Y en este escenario también da la impresión de que ERC tampoco podrá evitar que dos más de sus dirigentes principales, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, todavía pendientes de juicio para el 1-O, esquiven ni la prisión ni la inhabilitación.

Un tiro por la culata que puede resultar especialmente contraproducente para ERC si de todo esto, además, se derivara que la polémica reforma del Código Penal español podría servir para facilitar la extradición del 130.º presidente de la Generalitat en España, que es lo que en realidad espera el PSOE, y el compromiso que adquirió el mismo Pedro Sánchez. Pero una cosa es que esta sea la aspiración del PSOE, y otra, que llegara a pasar con la más mínima complicidad, por activa o por pasiva, de ERC. Sobre todo porque, si fuera así, no es que no le iría bien para alcanzar la hegemonía que hace tiempo que busca y no encuentra dentro del mundo soberanista, es que le supondría quedar reducida a la mínima expresión en el mapa político catalán durante una buena temporada. Un muy mal negocio, en definitiva.

Han pasado cincuenta y cinco años y Catalunya sigue estando necesitada no de mesas de diálogo, sino de libertad.

¿De qué sirve, pues, la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español si ni siquiera a ERC, su promotor y valedor, le reporta beneficios? Lo que sí que es seguro es que a Catalunya no tan solo no le sirve de nada, sino que le está causando graves perjuicios en la medida en que el Gobierno de Pedro Sánchez lo aprovecha para transmitir la imagen, en especial a Europa, de que la situación política está plenamente normalizada y para proclamar, un día sí y el otro también, el fin del proceso soberanista. Que la conclusión sea que en 2023 el horizonte político de Catalunya es más negro que en 2017 o en 2012, quiere decir que los que han tenido las riendas del país durante todo este tiempo han sido un grupo de inútiles. Y el problema es que estos mismos son los que quieren seguir cortando el bacalao.

Por cierto, la cita que encabeza estas líneas es de Eugeni Xammar y fue escrita en 1968 en un texto titulado Reflexions d'un lector de 'Serra d'Or', que no vio la luz, sin embargo, hasta 1989, en una recopilación de artículos que Quaderns Crema publicó con el título de Periodismo. Han pasado cincuenta y cinco años y Catalunya sigue estando necesitada no de mesas de diálogo, sino de libertad. De hecho, como hace más de trescientos.