“La experiencia ha demostrado que incluso bajo las mejores formas de gobierno, los encargados del poder, con el tiempo y por operaciones lentas, lo han pervertido en tiranía”
Thomas Jefferson

Así, como sin darle importancia, asistimos a la mayor crisis institucional desde el inicio de la democracia, excepción hecha del golpe de Tejero, pero eso fue una cuestión de jaque externo y violento y aquí hemos vivido un jaque interno y sostenido del Tercer Poder del Estado. Una crisis institucional sin precedentes y sin solución prevista. A nadie se le ocurrió que llegaríamos a este nivel de degradación. Fíjense todo lo que removió el procés y, sin embargo, que uno de los territorios históricos intentara independizarse es algo que sí contemplaron los constituyentes. Esto no.

Lesmes se ha ido porque no le quedaba otra, tras su órdago del día de la apertura del año judicial. Lesmes se ha ido porque ya ni siquiera controlaba el CGPJ —véase la rebelión de los vocales de su grupo conservador—, porque sus compañeros del Supremo se quejan sin disimulo del trabajo acumulado, porque su propio prestigio y carrera estaban comprometidos y porque en las propias asociaciones judiciales se están dando cuenta de que sus próceres envejecen sin los puestos y se les va a pasar el asado. Lesmes se ha ido tarde y mal y todavía pueden contemplar a los que quedan en ese órgano inerme peleándose por sustituir al que estaba en funciones. Llevan razón los que dicen que el informe ad hoc encargado para dejar atado quien haría sus funciones es infumable. Lo que tenían que hacer es irse todos de una vez. Descabezado el cadáver, hubiera sido más digno dejarlo inoperante por falta de quorum. “Una última oportunidad”, dicen. Tiene que ser la oportunidad o el síntoma de la degradación de nuestro sistema democrático va a ser tan innegable que les va a golpear de plano.

La dimisión del presidente caducado sirve para dejar desnudo el problema. Ellos saben —Sánchez y Feijóo y todo aquel que tenga dos dedos de frente— que es imposible mantener el bloqueo. Europa y el mundo los contemplan. Los ciudadanos conscientes y no alienados los contemplan. Hemos asistido a una burda y tenaz lucha por el poder de la que es responsable, no cabe duda, el PP pero en la que se han deslucido también otros grupos y a la que ni siquiera las asociaciones judiciales son ajenas, ya que intentan imponer sus demandas políticas aprovechando este pulso entre partidos. Las asociaciones judiciales, algunos jueces, quieren el poder que da controlar el CGPJ y el PP se ha servido de esa excusa para hacer un chantaje al Gobierno. Intentan imponer una iniciativa legislativa, para la que no tienen votos y que nunca han iniciado cuando eran mayoría, a los que sí la tienen.

Ante el cadáver putrefacto, ayer se descongelaron los ánimos. El silencio que siguió al encuentro es la mejor noticia. Ahora solo queda que en el puente se controlen las filtraciones, se olviden los relatos y, finalmente, lleguen a un acuerdo entre grupos parlamentarios para obtener 3/5 en algunos de los nombres que ya están en las cámaras desde hace cuatro años. Porque, no lo olviden, los jueces y sus asociaciones son los que han enviado a sus candidatos para que sean votados. Pareciera, por algunas de sus declaraciones, que no han tenido ni arte ni parte en el proceso.

Hemos asistido a una burda y tenaz lucha por el poder de la que es responsable, no cabe duda, el PP pero en la que se han deslucido también otros grupos y a la que ni siquiera las asociaciones judiciales son ajenas, ya que intentan imponer sus demandas políticas

Lo que no verán, si algún día se plantean soluciones para que esto no vuelva a ocurrir, es que estas vayan al núcleo del problema. La verdadera cuestión no es que la designación de unos jueces angelicales de forma endogámica vaya a solventar nada. Eso es un medio para hacerse con el poder en el órgano constitucional. Aquí la cuestión es que el CGPJ tiene las competencias para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a los llamados cargos de libre designación —hoy día ya todas las presidencias de Sala, de audiencias y de tribunales superiores— y también otros jueces no predeterminados, mediante refuerzos y comisiones de servicio. A los políticos les pone elegir a los jueces que verán sus causas y a los jueces les llama controlar quién hace carrera y quién no la hace de entre sus pares.

Ese es el problema: las competencias del CGPJ en materia de nombramientos judiciales. Esas competencias están atribuidas no por la intocable Constitución, sino por una ley orgánica, perfectamente reformable. Las soluciones existen. En primer lugar, se puede limitar el número de cargos que son nombrados discrecionalmente y que antes lo eran por escalafón. Los detractores dirán que se trata de elegir a los mejores. Visto cómo nos han poblado las cumbres de mediocres obedientes políticamente, casi prefiero jugármela a la carta del más antiguo, la verdad. Podrían eliminarse todas esas designaciones y, ciertamente, no sufriría la administración de justicia más de lo que sufre ahora. Esos dedazos, unidos a los aforamientos, están en la base de la podredumbre.

Si lo de volver al escalafón no mola —aunque lo del cursus honorum tenía su sentido— pueden establecerse otros métodos. No desestimen el establecimiento de ternas para cada cargo, con méritos reglados, y un sorteo final que impida que se prometan o se truequen cargos o favores. No son pocos los que consideran que será la introducción del azar la que salvará las democracias. Los suizos se han puesto a ello. La lotocracia tiene su origen en la antigua Grecia. Demarquía, estococracia o insaculación, tiene muchos nombres, no es una idea reciente.

Lo cierto es que el problema no es tanto el sistema sino el magreo al que ha sido sometido y la indefinición con que fue creado. Primero porque los constituyentes, ante una discusión de difícil solución, se limitaron a detallar el número de miembros de cada categoría que debía tener el artefacto que importaron de Italia, el Consejo, y todo lo demás lo dejaron al albur de una regulación posterior. Segundo, porque regulación tras regulación, siempre se han hecho pensando en lo primero que les dije, en el poder que cada uno iba a obtener de la reforma.

Podríamos no reformar nada y con un mínimo de decencia y de lealtad institucional no habría problemas. Podríamos reformar en un futuro, contando con la soberanía nacional, y no dejarnos engañar por su lucha despiadada por el poder. No pasará nada. En realidad las democracias están en un pendiente resbaladiza y es bastante dudoso que logramos detener un proceso tan aterrador.

La lucha por el poder. Lo demás son gaitas.